Redacción Canal Abierto | La sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo definió este martes habilitar el receso judicial para tratar un recurso contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por Javier Milei el pasado 20 diciembre, y que entró en vigencia durante las últimas horas de 2023.
Así, los camaristas María González y Alejandro Subera dieron curso a la presentación de la CGT y trasladaron el expediente al Ministerio Público Fiscal para que emita un dictamen. Aunque no se plantean tiempos para su resolución, que se haya hecho lugar al pedido en estos días indicaría cierta celeridad por parte de los jueces.
Se trata de sólo una de las tantas impugnaciones que recayeron en la justicia laboral frente a esta avanzada del Ejecutivo sobre distintos derechos como la estabilidad del trabajo, el monto de las indemnizaciones, vacaciones, antigüedad, el derecho a huelga y el seguro de riesgos del trabajo.
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La primera presentación fue la que llevaron ante el fuero Contencioso Administrativo el economista y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano; el abogado y fundador del Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo; María Eva Koutsovitis, fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos; Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma Nacional y Rodolfo Aguiar, de ATE Nacional.
Además de la judicial, el Congreso es la otra vía institucional para ponerle un freno al decretazo de Milei. Si bien es cierto que el oficialismo no cuenta con suficientes votos propios -todo indica que tampoco los de posibles aliados- para sostener la resolución, el problema aquí son los tiempos que requiere la conformación de las comisiones correspondientes, su tratamiento y el rechazo necesario de ambas Cámaras legislativas.
Por lo pronto, la CGT, ambas CTA (la Autónoma y la de los Trabajadores) y movimientos sociales convocaron a un paro general con movilización para el 24 de enero en rechazo a las medidas de ajuste del Gobierno y los visos de autoritarismo que esconden el DNU y el proyecto de ley ómnibus, por citar sólo dos ejemplos.
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