Redacción Canal Abierto | A dos días de asumir, el ministro de Economía del nuevo gobierno, Luis “Toto” Caputo, anunciaba en un mensaje grabado un plan de diez medidas. Esa lista inauguraba el modus operandi de una gestión que tomó los cimbronazos al bolsillo como un estilo, y que hace parecer mucho más largo el corto período que lleva activa.
El octavo anuncio de esa lista consistía en una megadevaluación del 118%, que llevó la cotización del dólar oficial a $800. Pero, ¿qué pasó con las variables económicas después de una medida de esa magnitud?
Puestos a analizar, un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) detalla qué ocurrirá con el empleo, el PBI, el nivel de actividad, la relación entre precios e ingresos, las finanzas, el balance cambiario y el sector externo.
En él, los economistas destacan que, a diferencia de la devaluación posterior a las PASO, en esta oportunidad se registró una “baja significativa en la brecha cambiaria que no se registraba desde octubre de 2019”.
“En poco tiempo, esto le permitió al BCRA volver a acumular reservas, luego de meses en los que las exportaciones se liquidaban a cuentagotas y con acuerdos especiales, lo que trajo cierta calma en el frente cambiario —sostiene el informe—. La estrategia oficial parece centrarse en ir cerrando alternativas con la intención de licuar los pesos sobrantes de la economía. La no renovación de las Leliqs y la disminución de la tasa de política monetaria van en esa dirección”.
Como conclusión, sostienen: “Si a esto le sumamos que, a pesar de repetir que se busca evitar una hiperinflación parece haber una marcada intención de acelerar el proceso inflacionario tanto desde lo discursivo —por ejemplo anualizando datos de inflación diarios— cómo desde medidas concretas —cómo una devaluación mayor al 100%—, nos cuesta pensar que la dolarización se haya descartado plenamente. Las medidas adoptadas hasta el momento son compatibles con esa medida extrema, e incluso declaraciones de Caputo no la descartan”.
Sin embargo, destacan que “sigue sin resolverse la otra pata que necesita una dolarización: la previa acumulación de dólares”.
Inflación y salarios
El escenario, por otro lado, tiene una contrapartida. Desde el CESO señalan que la fuerte aceleración inflacionaria que impulsó la devaluación “siembra dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario actual en un horizonte de dos o tres meses”.
Mientras la inflación de diciembre se calcula que superará el 25%, “si el Gobierno no logra volver con rapidez durante el mes próximo a una velocidad del 2-4% semanal, el esquema de minidevaluaciones al 2% mensual se hará insostenible en poco tiempo. A más tardar en marzo o abril volvería a verse un salto brusco en el tipo de cambio si la inflación no se modera”, vaticinan.
Sucede que lo que impulsarán los aumentos en enero son rubros como prepagas, transporte y combustible, además de la energía, sector sobre el que Caputo ya manifestó la decisión de eliminar un tercio de los subsidios.
“Sobre esto se pondrán en movimiento los mecanismos inerciales de la inflación. Es decir, el resto de los precios que no saltaron con el shock devaluatorio pero que con seguridad generarán nuevas rondas de traslado a precios. El caso más emblemático es el de los salarios, uno de los pocos precios relativos que no tuvo cambios luego del shock económico. Pensar que los y las trabajadores quedarán inmóviles frente a un deterioro real del 30% de su capacidad de compra en tan poco tiempo es demasiado voluntarista”, explican en el estudio.
Impuestos y recortes
Por otro lado, está la intención manifiesta del gobierno de Javier Milei de lograr equilibrio fiscal durante 2024, situación que pretende lograrse —según una tabla que circuló el Ministerio de Economía— no sólo de la mano de un recorte en distintas áreas de gobierno y de la reducción de la obra pública, sino también gracias a más impuestos.
“Además de la reducción en Gasto en Capital y Gasto en Funcionamiento —donde tiene un rol preponderante el empleo público—, la reducción del gasto que proyecta ser de más de 3 puntos del PBI también vendrá de la mano de un ajuste en las jubilaciones y pensiones, menos transferencias a las provincias y fuerte reducción de subsidios”, analiza el CESO.
De igual manera, destacan que un aumento en el Impuesto País a todas las importaciones “posiblemente tenga impacto en precios”, la reversión del impuesto a las Ganancias “alimentará el proceso de deterioro del salario real”, y las retenciones adicionales a las exportaciones no agropecuarias “desalientan la producción nacional de distintos sectores de la economía que no poseen el mismo nivel de productividad que el sector agropecuario”.
El cumplimiento y la aplicación de muchas de esas medidas, sin embargo, están sujetas a lo que suceda con el DNU publicado el 20 de diciembre y con el proyecto de Ley Ómnibus. Medidas ambas que no la tienen fácil ni el Poder Legislativo ni en el Judicial y que, se prevé, serán muy resistidas por los sectores medios y populares.
Ilustración: Marcelo Spotti