Redacción Canal Abierto | El DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus pretenden reformar y derogar alrededor de 600 leyes. Más allá del análisis particular sobre las implicancias de cada una y a quienes afectan o benefician las mismas –clave para entender por qué tanto apuro-, también es importante hacer hincapié en el carácter exprés de un que impide el debate amplio y participativo.
El mamarracho es tal que los propios diputados parecen “mareados”. Días atrás el periodista Ari Lijalad denunciaba que el oficialismo había presentado dos dictámenes de mayoría distintos a los diferentes bloques, estrategia inusitada en democracia. La maniobra luego sería confirmada por legisladores opositores.
A raíz de esto, la abogada Valeria Carreras presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia por falsificación de instrumento público y falsedad ideológica en perjuicio de los intereses de la Nación, según surge del escrito. La letrada apuntó contra quienes firmaron un dictamen cuando aún no se había terminado de redactar -en la víspera del paro de la CGT- y terminaron de discutirlo, horas más tarde, entre un departamento y un bar del barrio de Recoleta.
Como si estas irregularidades no fueran suficiente, lo que el oficialismo pretende aprobar implicaría pasar por arriba conquistas históricas que tienen como trasfondo décadas de reclamos, horas de debate parlamentario y discusiones en medios de comunicación. A continuación, un repaso por algunos ejemplos para hacer memoria y dar cuenta de la gravedad del atropello.
Ley de Alquileres: Desde la dictadura
Como repone el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en 2016 se votó en el Senado por unanimidad, luego de un proceso de movilización de agrupaciones inquilinas, un proyecto presentado por la senadora Silvina García Larraburu (PJ-FpV) que apuntaba a regular algunas prácticas extendidas en el funcionamiento del mercado de alquileres. Tras la aprobación en la Cámara Alta, el proyecto fue a Diputados, pero no pudo tratarse por la resistencia del entonces oficialismo de Cambiemos, un aliado natural del sector inmobiliario. Al no tratarse, el proyecto perdió estado parlamentario en 2018. Sin embargo, la discusión estaba instalada.
Un nuevo proyecto, consensuado entre organizaciones de inquilinos y un amplio arco político que incluyó tanto al Frente de Todos como a sectores del bloque de Cambiemos, ingresó en el Senado en 2019. Tras un año de discusión en la Comisión de Legislación General de Diputados, el proyecto obtuvo dictamen favorable y el 20 de noviembre de 2019 fue tratado en el recinto y aprobado con 191 votos a favor y ninguno en contra. Luego pasó al Senado donde se le dio la media sanción definitiva el 11 de junio de 2020.
“Desde que la Dictadura Cívico-Militar destruyó la regulación que había diseñado el por entonces Coronel Juan Domingo Perón en 1943, nunca más fue posible recuperar el poder del Estado para garantizar que el acceso a la vivienda a través de un alquiler sea un derecho y no simplemente un negocio”, escribía en septiembre del 2023 Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados. Con el DNU 70/2023 que borra de un plumazo un reclamo de décadas, la historia se sigue repitiendo.
Ley de Bosques: Dos años
El 30 de mayo de 2006, cuando el entonces diputado nacional del Frente para la Victoria, Miguel Bonasso, presentó el proyecto de Ley de Bosques, Argentina ya había perdido el 70% de su patrimonio forestal.
Antes de pasar al recinto y obtener media sanción -con tensiones y modificaciones mediante-, el texto se trató en la Comisión de Recursos Naturales. Por allí pasaron organizaciones ambientalistas como Greenpeace, Fundación Ambiente, FARN y Fundación Vía Silvestre, entre otras. En Senadores el proyecto fue tratado en seis comisiones. Ante el intento de algunas provincias de obstaculizar el avance de la norma, más de treinta espacios recolectaron y entregaron a los legisladores un millón y medio de firmas de personas de todo el país que exigían el urgente tratamiento.
La Ley de Presupuestos Mínimos para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos se aprobó finalmente en septiembre de 2007. Según informa Greenpeace, la deforestación disminuyó notoriamente desde entonces: comparado a la década previa a la ley, cuando se desmontaban anualmente 300.000 hectáreas, luego en 2014 fueron deforestadas 190.589 hectáreas; 157.947 hectáreas durante 2015; y 136.473 hectáreas en 2016.
Hoy Milei no busca derogarla por completo, como sucede con otras normas. Su objetivo es desfinanciarla.
Ley de Glaciares: Tres años
Se trata de una de las normas que más polémica despertó: Impulsada por organizaciones ambientalistas y presentada también por Miguel Bonasso, tras su aprobación y reglamentación en 2008, fue vetada por la entonces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien cedió ante la presión de multinacionales y provincias mineras.
Luego de negociaciones -y de una foto de CFK con el titular de Barrick Gold-, Daniel Filmus presentó un nuevo proyecto que -según Greepeace- tenía el visto bueno de las mineras “por reducir notablemente las prohibiciones de la norma”, al no incluir el ambiente periglacial.
El texto fue aprobado finalmente en septiembre de 2010 y, a pesar de las presiones de los grupos económicos, implicó una avanzada de los derechos ambientales a nivel mundial. Sin embargo, la lucha por su aplicación no terminó ahí. En todos estos años los gobiernos y las empresas, con respaldo de la Justicia, se valieron de diversas estrategias para incumplirla. En 2019, la Corte dictaminó que era constitucional.
Otras de las leyes ambientales en riesgo en la de Manejo del Fuego, aprobada en 2012 y modificada en 2020, luego de los repetidos incendios intencionales en diferentes zonas del país con el objetivo de correr la frontera agropecuaria.
Zona Fría: Un reclamo histórico
En 2021, plena pandemia, el Ejecutivo presentó un proyecto de Ampliación de Zona Fría, para reducir las tarifas de gas en zonas de muy bajas temperaturas. En un contexto de agudización de la crisis económica y social, el Gobierno respondía así a un reclamo histórico de la ciudadanía en estas latitudes.
Con la modificación de la ley, el beneficio se amplió a más de tres millones de hogares, de localidades de las provincias de Salta, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza. Según informó entonces el Enargas, el alivio alcanzaría al 44% de los usuarios de gas por redes y del 28% población nacional.
Ley de Tierras
La normativa actual limita la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras. En concreto, establece que sólo el 15% de las tierras rurales totales de la Argentina pueden estar en manos de extranjeros.
El actual proyecto del oficialismo busca eliminar estas regulaciones, dejando a merced del mercado la compra y venta de los territorios. En el día de ayer, sin embargo, el juez federal Ernesto Kreplak -a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº4 Federal de La Plata- aceptó un pedio de amparo presentado por los ex combatientes de Malvinas del CECIM para bloquear este polémico artículo.
Feminismos
La derogación de la ley sobre laboratorios públicos, la inclusión del concepto de “niño por nacer” y la supresión del que garantiza que las y los adolescentes puedan decidir de forma autónoma, son algunas de las medidas que quiere introducir Milei.
En los últimos días reflotó la intención de un sector del Gobierno de derogar la ley del aborto, una normativa que en los últimos dos años redujo en un 90% la mortalidad materna. La primer señal tiene que ver con la decisión de declarar a 2024 como “Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad”. A esto siguió un texto publicado por el procurador del Tesoro nacional, Rodolfo Barra, junto al exsenador Eduardo Menem y la exconvencional constituyente María Cristina Guzmán, en el que directamente se plantea la idea de que este año se derogue la ley que establece la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).