Redacción Canal Abierto | El Gobierno nacional dispuso ayer mediante un decreto la intervención de los medios manejados por el Estado nacional por el plazo de un año y designó como interventor a Diego Chaher, exadministrador del Grupo América, y como adjunto a Diego Marías, exlegislador del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura.
La decisión alcanza al portal Educ.Ar, la agencia de noticias Télam, Radio y Televisión Argentina (contiene la TV Pública, Radio Nacional y emisoras estatales de FM) y la empresa Contenidos Públicos que abarca a las señales Encuentro, Paka Paka, DeporTV, Acua Mayor y Acua Federal, el Polo de Producción Audiovisual y el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino.
La medida fue entendida como un primer paso hacia una eventual privatización, algo de lo que hablaron en campaña y luego de ganar las elecciones varios integrantes de La Libertad Avanza y hasta el propio Javier Milei ya siendo Presidente de la nación.
De hecho, la resolución advierte que “a los efectos de llevar a cabo una transformación en los medios públicos resulta menester disponer la intervención de las mencionadas sociedades con el fin de definir su conducción y contribuir a optimizar la eficacia y eficiencia de las acciones que cumplen”.
Rechazos
Inmediatamente sindicatos vinculados a la comunicación, las tres centrales obreras, agrupaciones de medios y hasta las carreras universitarias de comunicación volvieron a advertir sobre la importancia de los medios estatales para la democracia y sobre los riesgos que implicaría deshacerse de ellos.
En las últimas horas, la Intersindical de Comunicación, integrada por las áreas de prensa de la CTA Autónoma, la CGT y la CTA de los Trabajadores, emitió un comunicado en el que expresa un “absoluto repudio” frente a la intervención.
“Este avance sobre las estructuras democráticas de comunicación tiene como objetivo eliminar la pluralidad de voces y avanzar sobre la libertad de expresión”, dicen las centrales gremiales.
“La intención final –denuncian- de dejar en manos del mercado la comunicación pública es la puerta de entrada del vaciamiento y privatización de los espacios que garantizan la diversidad de expresiones de la cultura y fundamentalmente el derecho a la información fidedigna”.
“Esta muestra del autoritarismo del gobierno nacional va en contra de la representación federal, convirtiendo en negocio lo que debe constituir un derecho”.
Finalmente, ante la posibilidad de despidos, ratificaron el apoyo a los trabajadores.
— CTA Autónoma (@CTAAutonoma) February 6, 2024
Mediante la Intersindical de Comunicación expresamos nuestro absoluto repudio a la decisión antidemocrática del gobierno de Milei de intervenir los Medios Públicos.
Ratificamos nuestro compromiso con una comunicación plural y democrática. pic.twitter.com/iU8OG87nuD
Por su parte, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa dijo ayer que la intervención se dispuso “en violación de la legislación vigente y pasando por arriba del Congreso”.
El nuevo decreto, aseguran, también viola “la ley de Sociedades del Estado, forma constitutiva de los medios públicos, que pretendió ser derogada por el DNU 70/23, impugnado por inconstitucional por la FATPREN”
“En dicho amparo señalamos la absoluta incompatibilidad del DNU con las obligaciones de sostenimiento y resguardo del rol social de los medios públicos, que garantizan la pluralidad de voces (…) el federalismo y la posibilidad de que en todo el territorio nacional lleguen de manera gratuita hechos culturales y de interés público”.
“Es clara la intención del gobierno de privatizar para hacer un negocio, tal vez un negocio inmobiliario funcional a los sectores privados de la comunicación”, sintetizan.
Y más rechazos
La reciente intervención se suma a la eliminación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, del Fondo de Fomento Concursable para Medios Audiovisuales (Fomeca) y a la primera intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
La avanzada del Gobierno generó la enfática respuesta de las principales redes de articulación académica y universitaria en el campo de la comunicación. La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la Argentina (Redcom) y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (Fadeccos) presentaron ante los legisladores una carta en la que calificaron las modificaciones incorporadas por el Ejecutivo como “un grave retroceso para nuestra democracia, en general, y una mayor regresividad en materia de derecho a la comunicación y políticas audiovisuales, en particular”.
El texto ya recibió el apoyo masivo de las más de 50 carreras representadas, tanto públicas como privadas.
“El rechazo federal recorre las universidades de todo el país, desde donde se articulan medidas y esfuerzos múltiples para denunciar e intentar frenar este atropello del Gobierno al derecho a la comunicación de la sociedad argentina”, aseguró Larisa Kejval, directora de la carrera de Comunicación de la UBA, en una nota que lleva su firma publicada en el portal Letra P.