El 27 de octubre pasado, el sindicato metalúrgico IF Metall -que con 300.000 afiliados es uno de los más poderosos en Suecia- se declaró en huelga debido a la negativa de Tesla, la compañía de autos eléctricos de Elon Musk, a firmar un convenio colectivo para sus trabajadores, en un país que se caracteriza por sus altos estándares en materia de derechos laborales.
Si bien la semana pasada el sindicato le concedió a la empresa una tregua parcial de 10 semanas, a casi cuatro meses de su inicio el conflicto se sostiene y uno de los voceros de IF Metall aseguró que están “preparados para un conflicto prolongado”. En efecto, la huelga ya es la más larga en 80 años.
Su alcance también es histórico. Lo que empezó como un paro de 130 operarios en siete talleres, con el transcurrir de las semanas fue cosechando la solidaridad de sindicatos de otras ramas. Entre ellos, estibadores, recolectores de basura, electricistas y trabajadores públicos de correos, que se negaron a realizar cualquier tarea relacionada con Tesla.
La medida de fuerza también sumó adhesiones en otros países nórdicos como Dinamarca, Noruega y Finlandia, en lo que se denominó “una bola de nieve solidaria”.
A pesar de los intentos de sortear el bloqueo, las acciones tuvieron consecuencias directas para la empresa: los portuarios paralizaron la carga y descarga de vehículos, impidiendo las exportaciones, y los del servicio postal, el único medio autorizado por la Dirección General de Transportes para el envío de matrículas, imposibilitó que nuevos autos de la marca circulen en el país.
Esto pronto despertó la ira del magnate Elon Musk, enemigo de la organización sindical, quien tuiteó que lo que ocurría era “una locura”.
Por su parte, Marie Nilsson, presidenta de IF Metall, explicó que la huelga no era solo una lucha por los operarios de Tesla, sino para proteger el modelo sindical sueco, donde se estima que el 80% de las trabajadoras y trabajadores tienen convenios colectivos de trabajo.
Si permitimos que empresas como Tesla operen sin convenio colectivo, se abrirá a otras empresas internacionales y a otro tipo de industrias”, sostuvo Nilsson.
Lo que está en juego
Para Tamara Rossi, abogada de la Defensoría de Laburantes, una organización independiente que acompaña distintos reclamos sociales, laborales, familiares y civiles, y que sigue de cerca lo que pasa en el mundo del trabajo, ese abroquelamiento de los trabajadores escandinavos es justamente lo más interesante de todo el conflicto, y habla de la importancia de lo que se está debatiendo. Para la abogada, lo que hay en el fondo “no es una lucha económica ni financiera sino ideológica”.
En ese sentido, y trayendo el tema a nuestras latitudes, sostiene que “no es casual que Elon Musk este en un affaire con las políticas neoliberales de Milei”.
“Claramente, están buscando poner la centralidad en el individuo, incluso en el mundo del trabajo, para que cada trabajador haga la negociación particular con el patrón y pierda- quizás no en el presente pero sí en el futuro- esa herramienta de presión que es la organización”.
“Y ahí es donde ponen el eje los sindicalistas nórdicos”, subraya Rossi. “Si hoy permitimos que se lo hagan a 100 mecánicos en Suecia, ¿qué va a impedir que después se lo hagan a los recolectores de basura, o del correo?”, repone. “Esa lógica preventiva y de acción conjunta me parece que es algo a intentar construir”.
La integrante de La Defensoría afirma que la avanzada de Musk contra la legislación laboral va en línea con el modus operandi de otras corporaciones multinacionales. “Tienen tanto poder y tanta fuerza que intentan utilizarla para doblegar las leyes laborales del país o la región de la que son parte”, advierte.
Y señala que en Argentina, Mercado Libre es un claro referente de ese modelo. “Después de muchos años de lucha, el sindicato de Informáticos logró su convenio colectivo, pero muchas empresas del sector todavía se niegan a adherirse, entre ellas, Mercado Libre”. En ese sentido, “tiene la misma política de Tesla”, asegura.
La abogada resume así la posición de las empresas: “nosotros no firmamos convenios colectivos porque pagamos igual o mejor que si lo hubiera. Hacemos una negociación individual y mejoramos la oferta”.
Esto confirma que el problema no es pagar más o menos salarios, sino que los trabajadores se organicen y puedan crear lazos de solidaridad para, en el futuro, defender de manera conjunta esos derechos. Porque si van a pagar los mismos sueldos, entonces que firmen el convenio colectivo”, sostiene la abogada.
En 2023, en Estados Unidos, se dio otra huelga histórica contra las automotrices. Con un paro de un mes, la United Autoworkers consiguió la mayor victoria de la clase trabajadora en EEUU en 50 años.
¿Y por casa cómo andamos?
La abogada de La Defensoría recuerda que, a diferencia de Suecia, en nuestro país solo alrededor de un 40% de las trabajadoras y trabajadores están bajo convenio colectivo.
En primer lugar, “tenemos la mitad de la población trabajando en la informalidad o con una regulación parcial, a lo que le llamamos “contratos en gris”, es decir, personas con, por ejemplo, contratos por 4 horas pero que en realidad hacen jornada de 10, o que están subcontratados, o sea, registrados con una categoría menor y que cobran un porcentaje del salario por fuera de eso”, detalla la abogada.
“Y si a eso le sumas a los trabajadores y trabajadoras que están en relación de dependencia encubierta -los monotributistas que facturan pero en realidad trabajan para un patrón- el porcentaje es aún menor”, agrega.
A contramano delo que defienden los trabajadores suecos pero en línea con Musk, en nuestro país, con el DNU 70/2023 -hoy frenado por la Justicia Laboral- el Gobierno de Javier Milei impulsa abiertamente una total desregulación de las leyes laborales.
Para eso, apela a ese fuerte retroceso en materia de derechos que desde hace décadas afecta a la mayoría de las trabajadoras y trabajadores. En esa línea, en las redes y desde las vocerías oficiales lo que se plantea es “estamos sacando derechos que igual no se podían ejercer”, con frases como: “no nos importa tener período de prueba de ocho meses si igual no me registraban”.
La diferencia –subraya Rossi- está en que vos podes reclamar si no se respetan tus derechos, porque los tenés. Lo que propone Milei es directamente la ley de la selva”, alerta.