Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, junto al premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, ambos integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Carlos Rozansky, exjuez federal de causas de lesa humanidad, y Francisco Cholvis, presentaron un amparo preventivo “en defensa de la vigencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
Concretamente, reclamaron que los condenados por delitos de humanidad no puedan ser beneficiados por indultos, amnistías o conmutación de penas. Y es que desde hace días que en distintos medios circulan transcendidos sobre la posibilidad de que, en el marco del 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el gobierno nacional anuncie algún tipo de beneficio para genocidas, en particular, un indulto.
Una foto del ministro de Defensa, Luis Petri, junto a Cecilia Pando, quien fuera compañera de la vicepresidenta Victoria Villarruel en organizaciones por la liberación de genocidas, también encendió alarmas.
Ayer, al ser interrogada al respecto en una entrevista televisiva Villarruel negó que el Gobierno esté barajando esa posibilidad. “Que yo sepa, no me consta que se esté hablando seriamente de un indulto. Yo lo he dicho en redes. La solución no es el indulto ni la amnistía, es jurídica. El derecho no dice lo que se interpretó. Estirar el derecho es la solución”, dijo.
Ante la amenaza negacionista
Con el patrocinio de Daniel Valmaggia y Eduardo Barcesat, los referentes de los organismos de Derechos Humanos definieron impulsar el amparo preventivo ante la evidente “amenaza de sesgo negacionista” de pretender “modificar o reivindicar la trágica historia del Estado terrorista (1976/83)”. Asimismo, accionaron “en tutela y resguardo de la vigencia y supremacía de las disposiciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
En ese marco, reclamaron que se declare que “los crímenes de lesa humanidad, y el genocidio, son crímenes contra la humanidad y la conciencia jurídica universal, de acción imprescriptible e insusceptible de la concesión de beneficios como la amnistía, indulto o conmutación de penas”.
En una entrevista en Perfil, Eduardo Barcesat explicó que a la iniciativa encabezada por Abuelas de Plaza de Mayo y el espacio Memoria, Verdad y Justicia de la provincia de Buenos Aires se fundamenta en que los crímenes de genocidio, la desaparición forzada de personas y la aplicación sistemática de tortura “son crímenes del derecho de gente” y en que “las convenciones internacionales están vigentes”.
“Por supuesto, si este gobierno intentara renunciar a esos tratados internacionales tendría que reunir dos tercios de los miembros que integran ambas cámaras del Parlamento, cosa que resulta imposible, y descarto que habría un pronunciamiento judicial categórico que sepulte las intentonas que está llevando adelante este Gobierno, que piensa que está por sobre la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos”, agregó el constitucionalista.
Barcesat también se refirió a dos resoluciones recientes de la Cámara Federal de Casación Penal en las que se pronunció en el mismo sentido del reclamo de Abuelas. Al confirmar la condena contra represores, ese tribunal -el más alto del país- dejó asentado que esas condenas “son insusceptibles de ser afectadas por disposiciones tales como la amnistía, el indulto o la conmutación de pena, porque están expresamente vedadas por el derecho internacional de los derechos humanos y por la ley interna Argentina la ley 27 156”, precisó.
Domiciliarias
Otro que sembró suspicacias en estos días fue el periodista Carlos Pagni, quien en un artículo en La Nación, sostuvo: “¿Sabrá que Milei y Patricia Bullrich están pensando en anunciar para el 25 de marzo un cambio reglamentario que permita devolver a sus casas a los ancianos que padecen prisión preventiva, sin que se resuelva su situación procesal, en causas de lesa humanidad?”. El mensaje, con tono irónico, era para Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, quien dijo ignorar que su hermano patrocina al narcotraficante Migue Ángel “Mameluco” Villalba.
Al respecto también se expresó Barcesat, quien recordó que cuando Macri en 2015 intentó conceder el 2×1 a represores, la medida fue frenada ante la contundente impugnación social que recibió. Además, sostuvo: “Estos delitos son insusceptibles de cualquier beneficio procesal, y así se pronunció la comisión de derechos humanos de la ONU respecto del tema del 2×1”.