Redacción Canal Abierto | Al día siguiente de la multitudinaria marcha por el 24 de marzo, Estela de Carlotto y Horacio Pietragalla, ambos familiares de detenidos-desaparecidos en la última dictadura cívico-militar, además de referentes de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, fueron denunciados en la Justicia.
En el caso de la referente de Abuelas, la presentación fue hecha por el fiscal general de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, por “amenaza de rebelión” y “alzamiento en armas contra la Constitución”, por opinar sobre el Gobierno tras la publicación del provocador video oficial del 24M.
La denuncia contra el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación y nieto restituido, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es por “traición a la patria”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”, por una presentación de 2022, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo acusó de haber asumido la responsabilidad del Estado en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, ocurrido en 2017.
En diálogo con Canal Abierto, Victoria Heredia, abogada de la familia del joven militante, esas denuncias no son aisladas. Por el contrario, y con la particularidad de darse en el ámbito judicial, se pueden leer en un marco más amplio y de sucesivos ataques físicos o discursivos contra las políticas y el activismo por los Derechos Humanos en Argentina, que tiene como hecho paradigmático el ataque del 5 de marzo a Sabrina Bölke, militante de H.I.J.O.S .
“El último bastión del sistema democrático en Argentina es el poder judicial, que es el que debe poner los frenos cuando el poder político, apoyado en mayorías circunstanciales, quiere arremeter contra todo. Es el que tiene que poner los límites, y no lo está haciendo”, advirtió. “¿Y por qué no lo está haciendo? Porque quien sí supo ejercer el poder fue Macri, que a los 4 o 5 días de asumir metió por la ventana a los dos jueces que hoy están en la Corte Suprema”, agregó, sobre el máximo tribunal integrado por un total de tres magistrados.
La antesala
En las vísperas del 24 de marzo, RADAR, el observatorio de ataques de las derechas radicalizadas que impulsan el CELS y el Equipo de Investigación Política, presentó un breve reporte sobre “los ataques de índole negacionista y de apología a la dictadura” registrados desde 2020 hasta la actualidad, donde contabilizaron un total de 77. Además, solo en 2023, de los 35 casos totales registrados, 11 corresponden a “ataques de acoso, hostigamiento e intimidación a militancias por los derechos humanos que sucedieron durante la campaña electoral, exacerbados por la arrasadora victoria de Javier Milei en las PASO”, precisaron.
Para el equipo esa “concatenación de sucesos” fue la “antesala directa del reciente ataque a la militante de H.I.J.OS”. “Una especie de caldo de cultivo que se viene alimentando hace años y repercute de manera violenta en nuestra sociedad con consecuencias que hieren al ya debilitado tejido democrático”, describieron.
También alertaron que “los discursos negacionistas, que antes se manifestaban como actos contra símbolos, locales y amenazas anónimas, ahora ascendieron a lo más alto de la estructura estatal, habilitando el odio que se encontraba agazapado a la espera de una voz de ahora”.
“Es obvio que hace política con el caso Maldonado”
Sobre la denuncia contra Pietragalla por el caso Maldonado, Verónica Heredia, señala: “Hay que mirar cuándo lo hace y contra quién. Lo hace un 25 de marzo, después del 24, contra un nieto recuperado, obviamente para desacreditarlo a él y a los organismos de derechos humanos”, agrega.
Pero además, cuestiona la abogada, la ministra “sigue obstaculizando la investigación, y lo hace cuando claramente tiene el poder para hacerlo”. Así, porque la presentación es de 2022 y, según Heredia, la ministra tiene conocimiento de su existencia desde noviembre de ese año. Por eso, “es obvio que hace política con el caso Maldonado”, dice.
La denuncia llega en un momento particular, cuando la familia y sus representantes legales están esperando la respuesta de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia tras una audiencia realizada el 28 de febrero. En la misma, todas las querellas solicitaron la reapertura de la investigación sobre la muerte de Santiago y el apartamiento del juez Gustavo Lleral, que cerró la causa con todos los cabos sueltos y sobreseyó a los gendarmes acusados por la desaparición y muerte del joven, en dos ocasiones, la última en agosto de 2023.
“De nuevo, ante decisiones judiciales, Bullrich manda un mensaje desde su lugar de poder como ministra de Seguridad. Y todo eso está cuestionado. No es que lo cuestiona Pietragalla, lo cuestionó la investigación que hizo quien era ministra de Seguridad en 2020, donde dio cuenta de todas las irregularidades que existieron en toda la investigación que hizo Patricia Bullrich”.
“Y miente -agrega- porque dice que Pietragalla hizo un reconocimiento que no hizo: El Estado Argentino no reconoce la desaparición forzada de Santiago, y por eso aún no hay una solución amistosa. Estamos esperando que resuelva la Comisión Interamericana para avanzar incluso ante la Corte Interamericana”, precisó Heredia.