Redacción Canal Abierto | En el Ministerio de Defensa ayer hubo despidos en distintas dependencias, pero las áreas que tuvieron mayor cantidad de cesanteados son los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de Archivos de las Fuerzas Armadas y el Equipo del Sistema de Archivos para la Defensa, dependientes de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, los cuales fueron desmantelados y cerrados los programas a los que pertenecían.
La Secretaría de Derechos Humanos de ATE Nacional denunció mediante un comunicado que se informó la decisión del ministro de Defensa Luis Petri, del Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, general (R) Claudio Pasqualini y del Director Nacional de Derechos Humanos Lucas Erbes de despedir a 10 de los 13 trabajadorxs de esas áreas, de terminar con los Programas de la Dirección vinculados a Archivos y de la derogación de las Resoluciones N° 308/2010 y la resolución N° 1573/2023 que les otorga un carácter permanente a los mismos y la resolución N° 1131/2015 que crea y reglamenta el Sistema de Archivos de la Defensa.
“Estas decisiones significan poner fin a una política pública de promoción y protección de los derechos humanos y de fortalecimiento democrático de las Fuerzas Armadas que se inició en 2006 y que se mantuvo ininterrumpidamente desde entonces y durante diferentes gestiones ministeriales. En el marco de dicha política, y en contribución con los compromisos internacionales y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia del Estado nacional, los Equipos de Relevamiento y Análisis documental trabajan desde hace 13 años para dar respuesta a requerimientos del Ministerio Público Fiscal y de distintas dependencias del Poder Judicial en el marco de causas por delitos de lesa humanidad, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, llevan adelante proyectos destinados a ampliar el acceso de la sociedad en su conjunto a los Archivos de las Fuerzas Armadas”, advirtió el sindicato estatal.
La tarea de los ERyA ha sido reconocida regional e internacionalmente por ser un caso paradigmático de tarea de archivo realizadas por civiles en dependencias de las FFAA, que permitieron el aporte a causas judiciales que investigan delitos del terrorismo de Estado en todo el país cometidos en períodos de interrupción democrática, y también para la implementación conjunta de normalización y modernización archivística.
“Exigimos la continuidad de esta política pública de prestigio nacional e internacional y la reincorporación a sus puestos de trabajo de todos los profesionales despedidos, para garantizar de este modo el cumplimiento de las obligaciones que el Ministerio de Defensa tiene con el Poder Judicial y con la sociedad en su conjunto”, reclamó ATE.