Redacción Canal Abierto | El colectivo de organizaciones de defensa y promoción de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Infancia en Deuda (IED) presentó un informe ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en el marco del proceso periódico que evalúa a Argentina sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño.
El documento elaborado por siete organizaciones de la sociedad civil analiza las deficiencias en la implementación del Sistema de Protección Integral de Derechos y da cuenta de la crítica situación en la que crecen las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, a partir del análisis de las principales variables socioeconómicas.
En términos generales, y en relación a las recomendaciones que realizó el Comité en su última evaluación de 2018, las organizaciones nucleadas en Infancia en Deuda, como ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) o Aldeas Infantiles SOS, entre otras, señalaron que hubo muy pocos avances y que incluso se retrocedió para revertir el incumplimiento de derechos.
En ese sentido, observaron con preocupación los recortes presupuestarios y la pérdida del poder adquisitivo de las asistencias estatales que se profundizaron en el último tiempo, en un contexto de pobreza creciente.
En lo referido a las políticas de niñez, las organizaciones advirtieron, entre otras cuestiones, sobre la inexistencia de estándares mínimos para la institucionalización. En este punto, destacaron: la sobreocupación en los dispositivos de cuidado, la permanencia fuera del plazo legal de las chicas y chicos en los mismos, el incumplimiento del derecho a contar con abogado del niño, la falta de una coordinación nacional, y la falta de capacitación de los trabajadores y trabajadoras, así como la ausencia de procesos de selección transparentes y la escasa remuneración.
A continuación, algunos de los principales datos que recoge el informe:
Hay tres millones más de niños, niñas y adolescentes pobres que en 2018
Uno de los datos más preocupantes que registra el informe tiene que ver con la situación socioeconómica de las infancias y adolescencias: “Desde la última evaluación realizada por el Comité, más de 3.5 millones de NNA (casi 30% del total) se convirtieron en pobres y más de 3.1 millones en indigentes (casi 26% del total). Todo ello en tan solo 6 años”, informan las entidades.
Se licuó la cobertura de la AUH y del Plan Alimentar
El informe indica que, desde 2019, la AUH (Asignación Universal por Hijo) viene disminuyendo su capacidad de protección de ingresos. En promedio, en dicho año cubrió un 61% de una Canasta Básica Alimentaria (CBA) y el 24% de una Canasta Básica Total (CBT). A febrero de 2024, cuatro años después, sólo permite cubrir un 40% y un 18%, respectivamente.
La caída de la cobertura también afectó a la Prestación Alimentar, principalmente, debido a que no tiene fórmulas de actualización y a que sus aumentos se dan de manera discrecional y siempre por debajo de los índices de inflación. Así, mientras que en 2021 quienes recibían dinero de AUH y Alimentar lograban cubrir el 98% de la canasta básica y el 42% de la canasta total, ahora reciben un 75% y un 35%, respectivamente.
Las organizaciones de IED propusieron además someter a consideración del Comité la exclusión de adolescentes de 15-17 años de la Prestación Alimentar. “Por la limitación etaria del Programa, 558.11821 adolescentes solamente reciben la AUH y cubren apenas el 40% de una alimentación mínima”, alertan en el informe.
Recortes a comedores
El documento enviado para poner a consideración del Comité de Naciones Unidas, también advierte sobre la reducción que “drástica e intempestivamente” llevó adelante el Estado Nacional respecto a “la asistencia a organizaciones barriales, comedores escolares y otras que prestan un servicio alimentario directo y gratuito, enmarcado en la Ley 25.724 y el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional”. “Esta decisión resulta en una gravísima violación a los derechos humanos de un gran número de chicas y chicos al negarles la posibilidad efectiva de alimentarse”, destacaron.
En 2024, el Gobierno recortó en un 72% el presupuesto para derechos de niños, niñas y adolescentes
Desde el año 2021, el Estado Argentino viene disminuyendo de forma constante la inversión en los derechos de niñas, niños y adolescentes, indica el informe, al tiempo que enciende las alarmas respecto a lo ocurrido desde la asunción de Milei. “Es preocupante la situación para este año, en que no habrá ley de presupuesto: el presupuesto real en derechos de NNA en 2024 es un 72,7% menor que el ejecutado en 2023 y un 78,5% que el ejecutado en 2021”, afirman las organizaciones.
A esto se suman los “bajísimos niveles de ejecución de los programas específicos para las infancias y adolescencias en materia de salud y educación”. En salud, en los primeros tres meses del año solo se ejecutó un 7,66% del presupuesto vigente En educación, en el mismo tiempo, no se llega al 9% de ejecución y hay programas que registran una inejecución total.
Solo el 19% de los niños de 0 a 3 asisten a espacios de cuidado y educación
“El acceso al cuidado en Argentina es deficiente y presenta una cobertura de calidad dispar y con políticas públicas desarrolladas sin una perspectiva integral e inclusiva”, denuncia el documento. En ese marco, consigna, “solo el 19,1% de las niñas y niños entre 0 y 3 años accede a servicios de cuidado y educación, con fuertes disparidades por región y por niveles de ingresos”.
“Además, en el 21% de los hogares con niñas y niños, se observan situaciones de cuidado inadecuado: es decir, niñas y niños que se quedan solos o bien al cuidado de sus hermanas y hermanos menores de 18 años”.
Finalmente, destaca que, “del total de hogares con población que necesita cuidado, 7 de cada 10 lo resuelven solamente a través del trabajo no remunerado de uno o más miembros, generalmente mujer, del propio hogar”.
Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo
El informe además evalúa la situación en la que se encuentran grupos en especial situación de vulnerabilidad. Así, Infancia en Deuda pone el foco en el estado de vulneración estructural de derechos humanos que atraviesa a niñas y adolescentes de Santiago del Estero y de las comunidades originarias del norte de la provincia de Salta.
Asimismo, plantean que niñas y niños con discapacidad enfrentan mayores obstáculos en materia de educación y salud. De esta manera, porque el Estado no ha sancionado una legislación integral ni ha implementado programas específicos para asegurar la igualdad en el ámbito educativo. Asimismo, denuncian que la institucionalización psiquiátrica de las infancias mostró una importante tendencia progresiva en el último tiempo.
Por último, en relación a la alarmante situación que viven las chicas y chicos en conflicto con la ley penal, apuntan que el Estado debe generar un sistema legal de administración de la justicia penal juvenil acorde a la Convención de Derechos del Niño, como ha indicado el Comité y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además de ACIJ y Aldeas Infantiles, Infancia en Deuda está integrado por el Equipo Latinoamericano de Justicia Y Genero (ELA), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Fundación Kaleidos, la Fundación Sur y Haciendo Camino.