Por Gladys Stagno | “Siento que en unos pocos años la gente va a hacer lo que siempre hace en la recesión: culparán a los inmigrantes y a la gente pobre”. La frase forma parte de la reflexión final que hace el personaje de Steve Carrel en The Big Short (La gran apuesta), una logradísima película de 2015 que explica el crack financiero de 2008.
Fiel a la premisa, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ha emprendido esta semana una persecución de indigentes —con posteos en sus redes donde muestra cómo su gobierno “limpia” la vía pública de personas en situación de calle— y un pedido para restituir el DNU 70/2017, que facilitó la expulsión de cientos de extranjeros y extranjeras entre 2018 y 2021.
De igual manera, cada vez son más las provincias que se suman a la iniciativa de arancelar la salud pública para los extranjeros y, en plena discusión por el recorte brutal al presupuesto de la educación superior, crece el discurso que asegura que hay que cobrarles matrícula a los que asistan a universidades públicas.
En ese marco, se realizó en la Legislatura porteña un encuentro encabezado por la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF) y el diputado de Unión por la Patria (UxP) Matías Barroetaveña, donde distintas organizaciones de migrantes, derechos humanos y legisladores abordaron un problema en ciernes que trasciende una legislación represiva.
“Es esencial contrarrestar estas emboscadas que dan falsas respuestas”, afirmó Gabriela Liguori, directora ejecutiva de CAREF y denunció un “clima de época” que señala a las personas migrantes como el nuevo enemigo interno.
Génesis, caída y resurgimiento de una legislación peligrosa
El DNU 70/2017 fue aprobado en enero de 2017, tras una fuerte campaña mediática en la que el gobierno nacional, entonces a cargo de Mauricio Macri, se esmeró en criminalizar la migración. Pasando por alto los mecanismos constitucionales y ante una “urgencia” que no fue posible demostrar, el decreto modificó las leyes de migraciones, de nacionalidad y ciudadanía, estableció nuevos impedimentos para el ingreso y la permanencia, aceleró los trámites de expulsión, redujo las garantías procesales, vulneró el derecho a la defensa y desmanteló las dispensas vinculadas a la protección de la familia.
Si bien fue denunciado ante la justicia por inconstitucional y finalmente derogado por el ex presidente Alberto Fernández, su implementación, mientras duró, redundó en un aumento exponencial de “expulsiones de migrantes por causas no penales”, según detalló Camila Carril, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
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“Por ese entonces notamos que algo había cambiado en la sociedad. La violencia se empezó a ver en la calle, en los colectivos. Como migrantes sentimos que se retrocedía. Pero me preocupa más el momento de ahora, porque vino a terminar todo lo que el otro no pudo, no sólo contra los migrantes, sino contra todo el pueblo argentino en general”, sostuvo por su parte Lourdes Rivadeneyra, de la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina. Y agregó: “Hay que elegir a alguien para culpar y para eso estamos los y las migrantes”.
En el mismo sentido se pronunció Pablo Cossio, del Bloque de Trabajadores Migrantes, quien llegó a la Argentina a estudiar como parte de lo que definió como un “exilio educativo”, y aseguró que “hay una merma de derechos para las personas migrantes” y también “mucha violencia política en las redes que hay que combatir”.
Cara de expediente
Durante el encuentro también se señaló la instalación de que menores y migrantes son responsables de la mayoría de los delitos. “Siempre son la cabeza de turco. Cada vez que hay que salir a explicar por qué algo salió mal, se habla de los migrantes”, planteó María del Carmen Verdú, de CORREPI, y recordó que en las cifras de detención de migrantes la inmensa mayoría es por “averiguación de antecedentes” —o lo que llamó “pinta de sospechoso, cara de expediente”— y sólo un 2% por haber cometido delitos.
Por su parte, la legisladora del FIT-U Celeste Fierro señaló que hay que recordar que “migrar no es delito, es un derecho”, y que “los únicos extranjeros peligrosos son el FMI y los amigos de quienes nos gobiernan”.
Junto a ella, su par Victoria Montenegro (UxP), quien preside la Comisión de Derechos Humanos, se puso a disposición para trabajar en la Legislatura para detener la restitución del DNU 70/2017 y avanzar en derechos para los migrantes. “Hay una nueva banalización del mal, un intento de instalar un enemigo interno, un chivo expiatorio, un nuevo sentido común en la sociedad”, apuntó.
En tanto, Barroetaveña resaltó a la necesidad de dar la discusión: “Toda estigmatización, cuando uno la confronta con argumentos, se cae. Las redes son un micromundo donde no importa tener razón sino quién grita más fuerte”.
El desafío
La derogación del decreto devolvió la vigencia de la Ley de Migraciones de 2004 a su estado previo y ordenó la creación de una comisión asesora para nuevas políticas en el área.
“Hay que cuidar la ley ante gobiernos abiertamente fascistas como el de (Javier) Milei”, advirtió Lila Báez, referente de la Secretaría de Trabajadorxs Migrantes y Regugiadxs de la UTEP. Analizó que la restitución del DNU 70/2017 “habilita la esclavitud y la explotación laboral” y recordó la importancia de los paros migrantes impulsados durante esos años.
El decreto afectó muy especialmente a mujeres migrantes y a sus hijos, hijas y nietos, muchos de ellos argentinos. “Más de 500 mujeres fueron expulsadas durante su vigencia. Todavía hoy seguimos acompañando a esas familias que fueron separadas violentamente”, contó Liguori.
También participaron del encuentro Zulema Montero, de la Asociación Civil Yanapacuna; Alfonso Rojas, coordinador del Área de Derechos Migrantes del Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli y de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina; el reportero gráfico Carlos Guerra, migrante detenido durante una protesta de organizaciones sociales mientras ejercía su profesión; Noelia Garone, directora de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina; Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y María José Cano, directora del Departamento de Derechos Humanos de la CTA Autónoma.