Redacción Canal Abierto | “Trajimos el mismo planteo que venimos haciendo desde enero de 2024 y hemos acentuado la necesidad de recuperar el 50 por ciento que se ha perdido en la inversión universitaria”, sostiene en un comunicado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que agrupa a las y los rectores de todas las universidades nacionales.
El pasado 30 de marzo, al cumplirse una semana de la histórica movilización federal universitaria, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto a los responsables de la cartera educativa recibieron a las autoridades del CIN.
Por parte del Ejecutivo, participaron la ministra, el secretario de Educación, Carlos Torrendell y el controvertido subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “Galleguito” Álvarez, hijo del fundador de Guardia de Hierro a quien los rectores apuntan por su trato patoteril.
Entre los rectores participaron Víctor Moriñigo (Universidad Nacional de San Luis, presidente del CIN), Oscar Alpa (Universidad Nacional de La Pampa), Alfredo Lazzeretti (UN de Mar del Plata), Carlos Grecco (UNSAM), Omar Larroza (UN del Nordeste), Rubén Soro (UTN) y Oscar Gelpi (UBA) -quien había sido convocado y se había encontrado con la ministra un día antes.
El gobierno acusó el golpe de la marcha y se avino a iniciar el diálogo. Entre otras consecuencias del cimbronazo, entre los propios empezó a rumorearse la necesidad de un cambio en la supercartera de la licenciada en Ciencias de la Familia y la posibilidad de que Educación recuperara su rango ministerial. Entre los ajenos, las picas para las cabezas de Pettovello y Torrendell ya están preparadas.
Tras la reunión, los rectores valoraron la convocatoria y el encuentro pero lamentaron la falta de avances. “Avanzamos en el diálogo, pero sin resultados concretos inmediatos, y seguimos bregando por soluciones en el corto plazo”, expresaron.
Entre los reclamos que llevaron a la reunión destacaron la necesidad de “recuperar las becas estudiantiles, los salarios docentes y no docentes y abordar el tema presupuestario (funcionamiento, hospitales, resoluciones no abonadas, obras, crisis del sistema de ciencia y técnica y otros puntos de interés)”.
Los números
La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar el presupuesto 2023 colocó a las Universidades Nacionales frente a una situación económica crítica, sostenida en números elocuentes.
El Gobierno, apurado por una marcha que se preveía multitudinaria, anunció un incremento del 70 por ciento para la cuota de gastos de funcionamiento de marzo y un potencial nuevo aumento del 70 por ciento para mayo, a cobrar en junio; sumados implican un incremento del 105 por ciento.
Cabe señalar que este ítem, titulado “Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario”, representa sólo el 7,9% del presupuesto total. Recapitulando, se propone un incremento del 105% sólo sobre la porción del 7,9% del presupuesto total… frente a una inflación interanual acumulada que ronda, siendo generosos, el 288% entre marzo 2023-marzo 2024.
En cifras, el presupuesto vigente total pasó a ser de $1.440.397 millones (1,4 billones), apenas un 4,1% más que el de 2023 -que fue de $1.385.290 millones (1,3 billones)-, si aplicamos la inflación y la expectativa inflacionaria para 2024, es un recorte disfrazado de incremento. Según el cálculo realizado por Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria es del 32,6% -más pronunciada que el promedio del gasto público nacional que disminuyó un 30%.
Entre otros datos relevantes, el informe de ACIJ destaca que, de no modificarse las cosas, la financiación universitaria registraría su nivel más bajo desde que se tiene registro, 1997.
Repudio
“Aspiramos a que el camino del diálogo, el trabajo colaborativo y el respeto, lejos de la descalificación y la difamación, permitan resolver los problemas presentes”, sostienen en otro apartado del comunicado. La referencia es a la campaña lanzada desde el oficialismo, sus medios “oficiales” y su aparato de redes y trolls para limar a las y los rectores.
“Repudiamos profundamente que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, convalide en medios de comunicación calificaciones infundadas sobre rectores y rectoras que, claramente, dañan no sólo la honestidad de las personas sino, también, el prestigio de las instituciones que conducen”, expresó el CIN en otro comunicado en respuesta a las declaraciones del funcionario después de la masiva marcha del martes 23.
“En lugar de buscar respuestas a un problema de financiamiento acuciante que las autoridades nacionales saben que es real y existe, pareciera perseguirse el objetivo de desinformar para confundir y desprestigiar nuestras instituciones para, así, justificar su desfinanciamiento”, sostiene el comunicado del CIN del 25 de abril.
Los rectores denuncian que Torrendell, en las declaraciones televisivas falta a la verdad “respecto al desconocimiento de la cantidad de docentes y no docentes universitarios, cuando tiene en su Secretaría todos los meses nombres, cargos, dedicaciones e importes que cobran cada una de las personas que trabajan en las 61 universidades nacionales argentinas”.
Docentes y estudiantes en defensa de la Universidad Pública
Este viernes 3 de mayo se realiza el plenario de secretarías generales del Frente Sindical de Universidades Nacionales, allí se evaluará lo que pasó el 23 de abril y se analizará el camino a seguir en la lucha por una mejora de los salarios universitarios, que tienen una pérdida del 50% en su poder adquisitivo.
“Se puso de manifiesto que el sistema universitario público, gratuito, laico y de calidad es un valor que la sociedad argentina no sólo defiende sino que valora profundamente”, sostiene Francisca Staiti, secretaria General de la CONADU Histórica, gremio docente integrado a la CTA Autónoma que acompañará la realización del paro general dispuesto por las centrales para el 9 de mayo.
“Para nosotres, la marcha del 23 significó una parada importantísima de un proceso que veníamos dando desde fines de diciembre, principios de enero, junto a docentes y no docentes de nuestra universidad, que nos permitió ir haciendo actividades que, de manera escalonada, suman a cada vez más gente a participar y a posicionarse por la educación pública”, explica a Canal Abierto Albertina Bidart, presidenta de la Federación Universitaria de La Plata.
“Nosotros salimos de La Plata con una columna de 3.000 estudiantes. Para un montón era su primera movilización. Este proceso nos permitió discutir más allá del presupuesto, nuestro reclamo tiene que ver con cuál es el modelo de educación que quiere este Gobierno y cuál es el que queremos nosotres; no solo el funcionamiento de la universidad sino del rol estratégico que tiene en el desarrollo, en la producción de conocimiento, en cómo nos cambia la vida a quienes habitamos la universidad”, refiere Bidart, y marca un punto que emergió tras la marcha, una pregunta: hay un colectivo social que desborda a todas las conducciones, no está representado y busca un cauce… ¿o un espacio de participación política protagónica?
“Queremos discutir la defensa de la educación, resistir a las medidas de ajuste del Gobierno y discutir también los derechos que tenemos los estudiantes para profundizarlos”, concluye la estudiante.