Redacción Canal Abierto | El juez de Río Negro Ricardo Calcagno reactivó la orden desalojo de la comunidad mapuche Quemquemtreu en Cuesta del Ternero. La misma había sido dictada en enero de 2022, a poco más de un mes de ocurrido el asesinato de Elías Garay Cayicol a manos Diego Ravasio y Martín Feilberg, socios o empleados de Rolando Rocco, quien tiene una explotación forestal en esas tierras concesionadas por el estado provincial.
Esta orden de desalojo quedó firme tras ser rechazada la apelación presentada por Andrea Reile, abogada de la comunidad, y ser ratificada por el juez de Garantías Gregor Joos. Luego, con la mediación de distintas carteras del gobierno provincial, se alcanzó un acuerdo de “convivencia pacífica” a fines de enero del 2022 que suspendió la medida compulsiva y estableció algunas pautas a cumplir por ambas partes.
“Es un acuerdo de cese de hostilidades de ambas partes. La comunidad va a poder circular por el territorio. El señor fiscalero (se llama así quien ocupa bajo cualquier forma jurídica una parcela de tierra fiscal) va a poder llevar adelante su emprendimiento en las zonas donde tiene explotación forestal, donde se encuentra la comunidad es bosque nativo, no hay ningún tipo de producción. Más o menos se llega a este acuerdo, donde las partes sellan un compromiso de mantener una convivencia pacífica”, explicaba entonces la abogada de la lof.
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“Decidieron bajarse del diálogo y pedir el desalojo forzoso de la comunidad a lo que el juez dio lugar”, sostiene Romina Jones, werken de la lof Quemquemtreu, tras la audiencia que tuvo lugar el viernes pasado. Rocco, titular de la concesión para la explotación forestal, solicitó al juez que se haga efectiva la orden de desalojo dictada contra de Juan Cruz Baeza, Lautaro Cárdenas Despo, Alejandro Morales Godoy y Mauro Vargas, miembros de la lof, acusados por usurpación.
El querellante en esta causa es Ernesto Saavedra, un abogado “militante” de la causa anti-mapuche, integrante de Consenso Bariloche, un foro de “buenos vecinos” y empresarios turísticos y hoteleros que se forjó al calor del conflicto territorial con las comunidades mapuches que en las últimas décadas iniciaron un proceso de reconocimiento y recuperación de su identidad y su tierra.
“Necesitamos que la provincia intervenga para encontrar una solución definitiva del conflicto. Nos proponen nuevamente que nos mudemos del territorio hacia otro lugar. Nunca entendieron el valor que tiene el rewe (sitio ceremonial sagrado) que hoy está levantado en nuestro territorio y la sangre que derramó nuestro hermano Elías (Garay Cayicol Iem) y eso no lo vamos a negociar”, sostiene la vocera de la lof.
El camino del diálogo
Cuando en febrero de 2022 se avanzó con una solución negociada y pacífica que permitía la convivencia de la lof y el concesionario de las tierras fiscales, la abogada Andrea Reile celebró el acuerdo alcanzado. “Yo creo que estamos ante un hecho histórico. Así lo estamos viviendo porque es la primera vez que podemos sacar del sistema penal un conflicto que no es penal. Pudimos hacerle una jugada al ordenamiento jurídico”, manifestó la letrada entonces, en diálogo con Canal Abierto.
“Nosotros, como siempre hemos dicho, estamos dispuestos a generar todo tipo de diálogos. Desde el inicio de la recuperación lo hemos pedido y hemos dialogado con con un montón de personas, incluso en los momentos más terribles que nos ha tocado vivir, incluso luego del asesinato de nuestro hermano Elías y cuando todavía estaba el retén policial que impedía el acceso a nuestra comunidad”, sostiene Jones. “Pedimos un diálogo serio, un diálogo coherente. Lamentablemente tenemos que decir que con el señor Rolando Rocco no se puede mantener un diálogo coherente”.
La vocera comunitaria destaca el hecho de que las tierras son fiscales y que Rcoco nunca tomó posesión de ellas. El empresario tiene un permiso precario, no es propietario, no tiene documentos que lo respalden y nunca vivió allí.
La concesión provincial es a cambio de la forestación con pinos de ese área. El área recuperada por la comunidad es una pequeña porción de 10 hectáreas.
“El territorio cuando nosotros lo recuperamos estaba en total abandono, no había control sobre los pinos que tiene en una parte muy pequeña delante en la entrada del territorio. El pino debe ser mantenido porque si no se empieza a introducir en el bosque nativo y empieza a arrasar con todo. Eso es lo que nosotros hoy estamos controlando, nadie más que nosotros porque lamentablemente ningún organismo estatal, ni Bosques ni nadie ha controlado la plantación de pinos del señor Rocco”.
“La única que realmente puede poner fin a tanta violencia y lograr una pacificación total del territorio es la provincia. Nosotros contamos con el acompañamiento de los vecinos de Cuesta del ternero, no solamente mapuches, que hace años vienen sufriendo la presencia de Rocco. No queremos más violencia, no queremos más muertes, pero nuestra responsabilidad es defender el territorio donde tenemos nuestro rewe y en el que dejó la vida nuestro hermano Elías y eso es un dolor y una herida muy grande. No vamos a negociar el territorio por el que dejó la vida”, concluye Romina.
Fotos: Denali DeGraf