Redacción Canal Abierto | Víctor Paisman Vera lleva un mes preso en una alcaidía del pueblo patagónico de Las Heras, Santa Cruz. “Imagino lo que está pasando Víctor. Esta situación viene de años. Mi primera intervención fue frente al desalojo de él y toda su familia: su padre, su madre, sus hermanos, en el año 1995”, cuenta Celia Rañil, werken mapuche de Caleta Olivia, a 130 kilómetros de la localidad mencionada.
A Víctor, autoridad comunitaria tehuelche, la justicia local le armó una causa por abigeato (robo de ganado) y, cuando no pudieron probar ese delito, le inventaron otra causa por tenencia de armas.
“Con la fuerza que nos daba la lucha por el reconocimiento (de la preexistencia de los pueblos originarios) y los artículos que quedaron en la Constitución del año 1994 (el artículo 75 inciso 17), logramos que el gobierno de ese momento mantuviera un diálogo con la autoridad que era Rubén (el padre de Víctor)”, explica la vocera y autoridad indígena, quien participó del proceso por el que la Convención Constituyente de 1994 incluyó las demandas indígenas en el pliego constitucional reformado. Un hito para los pueblos.
“Entonces, comenzamos a comunicarnos entre comunidades, entre pueblos indígenas, organismos indígenas y logramos levantar una ceremonia (N. de R.: se ve en la foto que encabeza esta nota. Es la ceremonia de asunción de autoridades, del pueblo mapuche, Jose Ricardo Limonao, y del pueblo tehuelche, Alejandro Paisman) en reivindicación de la presencia del pueblo tehuelche en ese lugar llamado San Rubén, que hoy gracias al recupero de la identidad y los idiomas se llama Chesar Aike, algo que no se había hecho en muchas décadas en la provincia de Santa Cruz”, narra Celia.
“Así, logramos que volvieran al territorio. Nos acompañó el abogado César Amaya. Fue una lucha de reivindicación la ceremonia, de mostrar al mundo que los pueblos originarios, en esta parte de Santa Cruz, seguían estando en sus propios territorios ancestrales, a los que siempre trataron de vulnerar, perseguir y matar”.
También te puede interesar: Persecución a una autoridad comunitaria tehuelche en Santa Cruz
El pueblo tehuelche o aonikenk fue muy perseguido…
–Acá se cometió un genocidio del que nadie habla, nadie cuenta la historia ni se va a enseñar, a menos que nosotros comencemos a hacerla conocer y trascender. Acá por cada tehuelche se pagaba un patacón, por su oreja, por su testículo, por los senos de las mujeres. Fueron llevados caminando a los campos de concentración que tenían en lo que hoy se conoce como Río Negro… Tantas cosas que vivieron los tehuelches y los mapuches.
Acá se encontraron ambos pueblos indígenas, convivieron. No voy a olvidar a Inacayal, a Casimiro Biguá, a Sayhueque, a Namuncurá, a Calfucurá, a Foyel -son todos grandes loncos mapuches y tehuelches-, que lo llevaron a un museo (el Museo de La Plata) donde estaba en exposición. Fueron llevados por Pascasio Moreno, el famoso perito, espía de Roca. Él se hacía amigo de todos los pueblos, de los jefes principales de las comunidades para delatar su presencia y eliminarlos. Aquí había que despoblar y traer gente extranjera para la cría del ganado.
En ese tiempo era el oro blanco, la lana, hasta que apareció el oro negro y los grandes estancieros, con su codicia, fueron alquilando esos campos para que exploten y sobreexploten el petróleo.
Nosotros tenemos la historia real de los pueblos indígenas, no inventamos nada. Hemos recorrido los territorios, hemos vivido la presencia de nuestros iguales en esa desigualdad en la que nos dejaron. Encontré a varios de ellos en los hogares de ancianos en los que los estancieros, cuando se volvían viejos, los dejaban abandonados. Algunos, seguramente, morirían en el campo.
¿Cuál es la situación actual de las familias indígenas de la provincia?
-Es necesario que los habitantes indígenas de la provincia de Santa Cruz recuerden que si tocan a uno de nosotros es porque vienen por todos. Ya está puesta la mirada del saqueo del oro, del uranio.
Nosotros estamos haciendo las cosas como corresponde. Somos sujetos de derecho, nos asisten los convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT al que la Argentina adhirió y ratificó como ley 24.071. Yo he trabajado para el reconocimiento de una educación intercultural bilingüe cuando se reformó la Ley de Educación Nacional y propicié el espacio de un Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas al cual sigo perteneciendo. Nosotros retomamos nuestra autonomía de lucha, reivindicando nuestras presencias y reclamando las garantías que tienen que ofrecernos los estados para que no suframos esta violencia, ni se provoque enemistad. El gobierno tiene que escuchar las voces indígenas.
Ese es el camino que tenemos que hacer todos, no escondernos ni temer porque estamos respaldados, somos sujetos de derecho y podemos levantar nuestra propia autonomía y tener nuestros propias autoridades.
¿Cuál es la situación de Víctor?
-Lo de Payman Vera es una continuidad de lo que estoy comentando. El macizo de oro está debajo de donde él tiene su casa. Hoy los jueces lo vuelvan a perseguir por traer unos animales a vender a Las Heras y después le allanan su vivienda y encuentran unas armas de colección colgadas en la pared y arman esta causa en la que lo acusan de portación de armas de fuego, un delito que se pena con años de cárcel. También le arman una causa por abigeato, robo de ganado.
Víctor cuenta que esta persecución es contínua, así como las amenazas. Le pusieron un candado en la tranquera para que él no ingrese y si él rompe ese candado comete un delito.
Yo le pregunto a las comunidades de los pueblos indígenas de Santa Cruz si saben que hay un hombre encarcelado que pertenece a su identidad territorial ancestral y milenaria, de una familia que siempre vivió perseguida.
La abogada defensora apeló en segunda instancia la decisión del juez ante la Cámara y planteó todos estos hechos que menciono. Tenemos que buscar la manera de recusar al juez porque es claro que hay una enemistad manifiesta con los pueblos indígenas.
Varias organizaciones indígenas y comunidades de la provincia presentamos un habeas corpus en la Justicia y también le fue enviado al gobernador Claudio Vidal y a los ministerios del gobierno provincial. Espero que Vidal se haga eco de esta realidad porque él fue un vecino muy cercano de las comunidades originarias.
Yo le pido al gobernador que interceda. El juez (Eduardo) Quelin y la jueza de faltas (Sonia) Sáez atentan y profundizan la enemistad violenta contra una persona que custodia su territorio frente a la explotación y venta indiscriminada de las tierras que se avecinan. Esto es un llamado de alerta para todos los pueblos indígenas de este continente.