Redacción Canal Abierto | El último censo popular de personas (ReNaCALLE) realizado entre mayo y diciembre de 2023 en 11 ciudades del país relevó que, solo en CABA, al menos 8.020 personas viven en la calle. También dio cuenta de que si bien la mayoría son hombres adultos que hace tiempo se encuentran en esa situación (la mitad de ellos hace unos 6 años), también hay un alarmante 11,1% de niños y adolescentes.
El informe llevado adelante por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nuestramérica Movimiento Popular, con el apoyo técnico de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), mostraba además que los dispositivos estatales para darles contención en territorio porteño ascendían a 3.409, dejando a la deriva a más de 4000 personas.
Ante este panorama, el informe presentado a principios de este año planteaba la necesidad de “un enfoque integral” para abordar la problemática, “incluyendo la identificación de dispositivos de asistencia y la articulación con instituciones gubernamentales y organizaciones sociales”.
Sin embargo, las políticas llevadas adelante por el jefe de gobierno, Jorge Macri, son diametralmente opuestas. Así lo denunciaron esta mañana organizaciones populares, legisladores y organismos de justicia preocupados por “el deterioro social”, que realizaron un desayuno y conferencia de prensa para denunciar la ilegalidad del protocolo de salud mental y los operativos de “higiene y limpieza” llevados adelante por el Ejecutivo porteño, y exigir el cumplimiento de las leyes sobre personas en situación de calle n° 3.706 y 27.654, con presupuesto adecuado al número real de personas que componen esta población.
“En las últimas semanas se pudo ver la saña y el recrudecimiento del accionar que está teniendo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien a través de sus redes sociales mostró que la política de espacio público que lleva adelante: traslados de las personas y retiro de sus pertenencias, limpiando la zona como si se tratara de mobiliario o basura”, denunciaron las organizaciones entre las que están Proyecto 7, el Centro Legales y Sociales (CELS), Red Puentes, en un comunicado de prensa.
“Con la misma lógica desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat armaron un protocolo de intervención de salud mental, sin ser el organismo correspondiente, que además no respeta las legislaciones vigentes en la materia, con el único fin de estigmatizar y encerrar de manera compulsiva en hospitales neuropsiquiátricos a la población en situación de calle”, añadieron.
“Siguiendo con esta política de estigmatización y criminalización, el Secretario de Seguridad y Jefe de la Policía Metropolitana, Diego Kravetz, declaró que “están cómodos viviendo en las ranchadas con sus amigos” y que el 50% de esta población tienen antecedentes penales”, indicaron.