Redacción Canal Abierto | Este fin de semana el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita realizaron 27 allanamientos en medio de la investigación judicial por supuestos “aprietes” a beneficiarios de planes sociales para asistir a las marchas. Desde entonces, la causa ocupa todas las portadas de los grandes medios, que dan por comprobados los hechos y la responsabilidad de los principales dirigentes sociales de la Argentina.
Entre ellos, el titular de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) -organización que alimenta a cerca de 240 mil personas en sus 930 comedores de todo el país-, Juan Carlos Alderete, quien en diálogo con Canal Abierto negó las acusaciones y las tildó de “show mediático”.
En esta entrevista, cómo se construyó la denuncia, por qué la interpreta como un intento por “correrlos de la calle”, la necesidad de auditorías y cómo es el accionar de las organizaciones ante posibles irregularidades. Sobre un potencial avance de la causa judicial, no duda: “Mis compañeros ya saben, si me detienen, ellos siguen en la calle y no abandonan”.
Se te acusa de extorsionar a beneficiarios de planes sociales…
– Extorsión es que desde diciembre no entreguen alimentos a comedores y merenderos. Sobre todo a los chicos y abuelos, que son los que más asisten.
Sin embargo, les demostramos que no vamos a abandonar a los nuestros y seguimos funcionando, alimentando en los barrios. Lógicamente, no como antes, de lunes a viernes; pero sí tres veces por semana. Siempre con la ayuda de comerciantes amigos, intendencias y gobernaciones.
¿Son denuncias falsas?
– Es una tremenda payasada.
Son denuncias anónimas, un audio de una persona de Chivilcoy que dice no ser de la organización ni haber participado de una reunión, pero que escuchó a terceros decir que se aprieta a la gente. No sabía o recordaba el nombre del supuesto extorsionador, pero de pronto surge Alderete. Después los periodistas le agregan el Juan Carlos.
No tiene sustento lógico ni jurídico, pero si el impulso de algunos periodistas mala leche de TN o Clarín que tiran números, así como si nada. Según sus cálculos, recibo 600 millones de pesos por mes.
Yo sigo viviendo en el mismo barrio hace años, en La Matanza y comparto la misma vida que mis compañeros, las alegrías y las tristezas.
De todas formas, en una entrevista reciente hablaste de la importancia y necesidad de auditorías…
– Así es, el Estado tiene que auditar y controlar todos los beneficios y servicios que presta. Nosotros nunca nos negamos y siempre colaboramos.
Incluso, cuando hemos detectado irregularidades, la propia organización ha tomado cartas en el asunto.
¿Qué medidas se tomaron en estos casos?
– En primer lugar, hablamos con los compañeros -por ejemplo, de una cooperativa- para saber qué está pasando. Luego lo apartamos y expulsamos de la organización.
¿Cómo interpretas esta denuncia del Gobierno y su repercusión mediática?
– Nos quieren sacar de la calle. Se ensañan con los trabajadores, los jubilados y los que menos tienen. Creen que no tenemos derecho a tener opinión política o elegir en qué país queremos vivir. Yo no quiero vivir en el país que me propone Milei, sin aparato productivo ni industria nacional, ni pymes.
¿Tenes miedo?
– Mis compañeros ya saben: si a mí me llegan a detener, van a seguir en la calle y no van a abandonar. Ya he pasado por varias de estas, estuvo tres años y medio preso durante la dictadura. No me importa que me lleven preso por luchar o cortar una ruta defendiendo a mi clase.
¿Cómo piensan responder a estas acusaciones?
– Es en la calle, militando y discutiendo con nuestros compañeros y los de organizaciones hermanas. Porque esto no es más que un show mediático impulsado por el Gobierno para correr el eje del agravamiento de la situación social y la recesión que ya se está sintiendo en miles de despidos. También es un intento por tapar el debate de la Ley Bases, que no es otra cosa que una vil entrega de nuestro país.
Siguen hablando de intermediación, pero eso no es cierto. Es el Ministerio el que da las altas o bajas.