Redacción Canal Abierto | El proyecto de “regularización” de armas de fuego enviado al Congreso a mediados de mayo por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el Presidente Javier Milei comienza a tratarse hoy en la Cámara de Diputados. En ese marco, la Red Argentina para el Desarme, que agrupa desde hace 20 años a diversas organizaciones de la sociedad civil especializadas en la temática, advirtió que la iniciativa “podría profundizar el descontrol de las armas de fuego en Argentina”.
Lo hizo en un documento con observaciones que le envió ayer a los legisladores. En el mismo, también le solicitó al Congreso aprobar por separado la prórroga del Plan de Desarme Voluntario, incluido en el mismo texto, revisar la regularización y que se convoque a la sociedad civil a una reunión informativa para poder exponer sobre la problemática.
La nota destaca que la idea de “opción” entre la regularización del arma y su entrega para ser destruida es falaz y riesgosa. Así, porque el Estado “debe priorizar la entrega, ya que todo arma es un riesgo, sea legal o ilegal”.
Y es que, como sostuvieron en el documento, “las armas legales también matan”, y además, “las armas de fuego no se usan sólo en contextos de inseguridad”, tal como está planteado el proyecto del Ejecutivo. En efecto, “3 de cada 4 homicidios dolosos producidos en Argentina en 2021 se registraron sin concurrencia de otros delitos”. Por el contrario, “alrededor del 50% de los homicidios dolosos con armas de fuego son cometidos en conflictos interpersonales: peleas entre vecinos, familiares, o femicidios”.
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Además, “menos de 1 de cada 10 de esas muertes son en contextos de defensa”. “Y más de la mitad de las muertes con armas de fuego no son por una agresión, sino por suicidios, accidentes u otros tipos de intención”.
La RAD también destacó que, como muestra la evidencia, “los países que facilitan el acceso legal a armas de fuego tienen mayores niveles de violencia y delito”. Así, en En Estados Unidos, la tasa de homicidios por armas de fuego es 18 veces mayor a la de otros países desarrollados. “Múltiples estudios muestran que el fácil acceso a armas de fuego contribuye a aumentar las tasas de homicidios”, indicaron.
El proyecto de Bullrich y Milei
Según explicaron desde la Red, el proyecto incorpora un procedimiento de regularización para quienes tengan armas de fuego en forma ilegal, quienes tendrán 360 días (prorrogables por igual plazo) para presentarse ante la ANMaC y solicitar una autorización.
Mientras dure el trámite, conservarían el arma de fuego en su poder. Además, quienes se acojan al plan, ya sean personas humanas o empresas, no podrán ser perseguidas penalmente por la tenencia ilegal previa.
En paralelo, propone la prórroga por 4 años del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF), “una decisión correcta y necesaria, que debiera ser aprobada -en forma urgente e inmediata- en un texto autónomo, ya que es la extensión de un plan ya existente”, precisaron desde la RAD.
Los siete problemas del proyecto
En primer lugar, la Red Argentina para el Desarme cuestionó que el proyecto enviado por el Ejecutivo equipara la regularización con la entrega del arma, y que se habilita a que incluso las empresas de seguridad o armerías puedan regularizar armas. Como tercer punto, advierte que al solicitar información sobre el origen del arma, se pierde la oportunidad de generar información criminal sorbe el mercado ilegal de armas de fuego.
Otro problema es que, en caso de rechazo, el solicitante puede transferir el arma a un usuario autorizado, en vez de establecer la destrucción del arma. También apuntan que el plazo de dos años que estipula el proyecto es innecesariamente extenso. “Facilita la generación de un mercado ilegal, que permita que fabricantes o comerciantes vendan armas de fuego en forma irregular, a sabiendas de que el comprador podrá legalizarla a través de la regularización”, indicaron.
Entre las cuestiones más graves figura que el proyecto no establece medidas para prevenir las violencias de género con armas de fuego, pese a que 1 de cada 4 femicidios son cometidos con armas de fuego. A esto se suma que, recientemente, “la ANMaC suspendió recientemente una de esas medidas, y los controles vigentes no son capaces de restringir el acceso a personas sospechadas de haber ejercido violencia de género”.
Por último, cuestionan que “no se fortalece la política criminal y de persecución penal del mercado ilegal de armas”, cuando el Congreso podría crear una Procuraduría Especializada en Armas de Fuego (PROCUARM), potenciando las capacidades de la actual Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Nación para llevar adelante una política de persecución penal del mercado ilegal de armas.