Redacción Canal Abierto | Las mujeres  alojadas en la Comisaría tercera de La Tablada (La Matanza), padecieron aislamiento extremo, abusos sexuales y prácticas de tortura de manera reiterada. La situación fue denunciada por el Defensor de Casación de la Provincia, Mario Coriolano, quien solicitó la intervención de la Comisión por la Memoria (CPM) en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

A partir de esto se realizó una inspección sorpresiva al lugar, se entrevistó a las personas detenidas y se constataron todas estas denuncias, tomando nuevos testimonios que permitieron ampliar los hechos sucedidos. Posteriormente se puso en marcha una intervención articulada entre la CPM y el Ministerio de Seguridad bonaerense, que forman parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.

Además, la CPM realizó la denuncia penal ante la ayudantía de delitos de gravedad institucional de La Matanza y ante la Auditoria General de Asuntos Internos. En una reunión mantenida ayer entre la CPM, a través de su presidenta Dora Barrancos, el vicepresidente Víctor De Gennaro, el secretario Roberto Cipriano García y la directora general Sandra Raggio, con el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, fueron informados de que la comisaría fue intervenida y se avanza con la sanción de los responsables.

Las mujeres detenidas en la comisaría denunciaron graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes policiales. A los dos episodios de abuso sexual sobre varias mujeres, en el marco de requisas vejatorias constitutivas de torturas, se suman el aislamiento extremo y la imposibilidad de comunicarse con el mundo exterior que les provocaba desubicación temporal, cuadros depresivos y de angustia. Las golpizas eran recurrentes, así como las amenazas y  humillaciones por cuestiones de género.

Las requisas vejatorias, que constituyen abuso sexual, fueron provocadas por agentes policiales mujeres y varones del grupo especial GAD o “paleros” que en gran número  presenciaban los actos aberrantes golpeando, amenazando, insultando y burlándose mediante frases estigmatizantes, racistas y prejuiciosas”, comunicaron desde la CPM.

Según el relato de las víctimas, los agravamientos se agudizaron desde la asunción del subcomisario Leonel Gómez, hasta llegar a los abusos sexuales perpetrados el 19 de diciembre de 2019 y el 5 de enero de 2020. Durante el primer hecho se alojaban 14 detenidas en el lugar, durante el segundo 15, y 4 de ellas estuvieron presentes en ambos.

Luego de los episodios de abusos y torturas descriptas, las detenidas fueron disciplinadas, castigadas y amenazadas por los oficiales policiales que además desplegaron un dispositivo para garantizar su impunidad y silenciar a las víctimas.

Al respecto, desde la Comisión expresaron: “La violencia sexual tiene consecuencias físicas, emocionales y psicológicas devastadoras para cualquier persona que la padezca y se ve agravada en este caso por tratarse de mujeres detenidas, bajo custodia del Estado, cuyos agresores son funcionarios públicos que ejercen violencia sexual bajo la modalidad de violencia estatal y que utilizan el aparato gubernamental para cometer estas graves violaciones a los derechos humanos que configuran tortura. Perpetradores que hasta la denuncia siguieron siendo sus vigiladores en este contexto carcelario, y que paradójicamente cometieron delitos mucho más graves y con mayor pena que los cometidos por las mujeres detenidas”.

Estas mujeres también fueron expuestas a situaciones de hambre y temperaturas extremas. Tampoco contaban con acceso a la ducha y cuando podían higienizarse debían hacerlo frente a personal masculino, que estaba siempre presente.

Ahora la Justicia debe avanzar en la investigación y condenar penalmente tanto a los responsables de la dependencia policial como a todos aquellos agentes que cometieron estos delitos. La CPM patrocinará a las víctimas como particular damnificado para garantizar su pleno acceso a la Justicia.

 

 

Fuente: CPM

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