Redacción Canal Abierto | El Gobierno nacional, asociado a la intendencia de San Nicolás, municipio de la provincia de Buenos Aires, lanzó ayer el Seguro Médico Municipal, al cual pomposamente rebautizó como “voucher de salud”.
Para aplicar el sistema, que La Libertad Avanza había anunciado desde la campaña electoral, el Sanatorio GO es el primer centro que pone en marcha la prestación para brindar cobertura médica a aproximadamente el 30% de la población local, casi 50.000 personas que no cuentan con obra social ni medicina prepaga y tendrán una credencial digital que utiliza el DNI como número de afiliado.
Para su lanzamiento se llevó a cabo ayer un acto encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, la secretaria General de la Presidencia Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (foto principal).
Según explicaron, el objetivo pretendido es que se garantice que las prestaciones médicas cubiertas se basen únicamente en la atención primaria, promoviendo así un modelo de pago por demanda y no por oferta. Así, idealmente el municipio solo subsidiaría las necesidades de los residentes, mientras que el sector privado invierte en la oferta médica restante.
Sin embargo, María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) aclaró que “la idea de subsidiar a la demanda, es decir, a la población sin cobertura y no a la oferta, fue planteada por el Banco Mundial en los noventa como parte de la estrategia del avance neoliberal”.
“El objetivo –agregó- era reducir los costos de los sistemas de atención pública universales a través de planes focales de cobertura mínima para los sectores más desfavorecidos”.
El sector público, si quería participar como actor en este nuevo esquema de financiamiento, debía adaptarse y competir con el sector privado. Como resultado de ello surgieron diversos sistemas de seguros para pobres. En Argentina fueron el Plan Nacer o el Plan Sumar, mientras que en Chile, Perú y México se implementaron los seguros de salud y en Colombia hubo experiencias como la Ley 100. “Todas terminaron en un fracaso estruendoso como estrategia sanitaria, pero lograron que muchos actores privados se beneficiaran e hicieran pingües negocios”, agregó Boriotti.
“Es decir, lo anunciado por el gobierno de Milei, en asociación con una familia que tiene largos antecedentes en impulsar la privatización y achicamiento del sector público, como la familia Pasagglia, no tienen nada de nuevo”, recordó la dirigente gremial. Durante la gestión como Ministro de Salud de Ismael Passaglia, padre del actual intendente, no sólo se denunciaron innumerables negociados, sino que la planta del sector público de salud de la provincia de Buenos Aires se vio reducida de 13 mil a 9 mil profesionales. Las estrategias privatistas fueron de la mano de la reducción del sector público provincial.
“El beneficiario de este negociado, con dinero de todos los argentinos, es el Grupo Oroño, conocido en el sur de Santa Fe por su posición dominante como prestador médico privado para seguros de salud y obras sociales”, advirtió Boriotti, oriunda de esa provincia.
Con el congelamiento del presupuesto nacional de salud y de las transferencias a las provincias, que tienen a su cargo el 90% de la planta instalada de hospitales y centros de atención primaria, el gobierno de Milei dio un durísimo golpe al sistema y a sus trabajadores, que son más de 500 mil personas que vieron reducidos sus magros salarios en un 20% en los últimos 6 meses.
Para la presidenta de FESPROSA, la decisión acarrea varias dificultades: “Sin claridad alguna acerca del origen de los fondos, del alcance de esta presunta cobertura, de su integralidad, de su universalidad y de la estrategia de atención primaria, esta aventura del mix público-privado tiene, a nuestro juicio, el destino de un fracaso estruendoso, como lo fueron las experiencias previas de aseguramiento del sector sin cobertura”.
Hay 20 millones de argentinos y argentinas que dependen exclusivamente del sector público de salud. Según los sindicatos de profesionales y trabajadores del sector, lo más barato y eficiente, desde el punto de vista económico y sanitario, es fortalecer a los 1700 hospitales y 6 mil centros públicos para que brinden una atención integral de prevención, reparación y rehabilitación de la salud. “Todo lo demás es negocio”, concluyó Boriotti.