Redacción Canal Abierto | La ajustada votación para obtener la media sanción del Senado para el controvertido proyecto de Ley de Bases forzó al gobierno de Milei, vía su máximo operador y hoy Jefe de Gabinete Guillermo Francos, a transar con la “casta” política y comprar el favor de gobernadores y senadores en un toma y daca a cielo abierto y transmitido en tiempo real.
Aprobada la Ley Bases, comenzó el tiempo de la paga. Esta mañana en el Boletín Oficial se publicó el Decreto 523/2024 por el cual el Ejecutivo deja en manos de la provincia de Entre Ríos la designación de los tres integrantes de la delegación argentina en el directorio de la empresa binacional que gestiona la represa de Salto Grande -la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. De esta forma paga el voto del senador entrerriano Eduardo Kueider que ingresó al Senado por la minoría en 2019 por la lista del Frente de Todos y es uno de los tres representantes de esa provincia -junto a los cambiemitas Stella Olalla y el ignífugo Alfredo De Angeli. Kueider y el gobernador Rogelio Frigerio se repartirán la designación de estos cargos.
Siguiendo en el Litoral, el correntino Carlos Mauricio “Camau” Espínola, ex secretario de Deportes de Cristina Fernández de Kirchner y dos veces senador de su provincia por el Frente de Todos, también votó a favor de la Ley Bases, en general y en todos sus títulos. Previamente, igual que el entrerriano, facilitó el quórum para que la sesión tuviera lugar. Los rumores señalan que en este caso, la moneda de cambio será el traspaso del control de la represa binacional de Yacyretá de la órbita nacional a la provincial. Habrá que esperar próximos decretos para ver si se efectiviza el pago.
Tanto Kueider como “Camau” ya estaban alejados de los bloques de Unión por la Patria y conformaban un bloque propio -Unidad Federal-, con la cordobesa Alejandra Vigo, esposa de Juan Schiaretti. El regatista olímpico ya se había distanciado del kirchnerismo en tiempos del gobierno de Macri, cuando se acercó a Pichetto y garantizó gobernabilidad a Juntos por el Cambio. De todas formas, en 2021 volvió a encabezar la lista de Unión por la Patria en su provincia y renovó su mandato en el Senado.
La ley Unesco
El caso más expuesto mediática y judicialmente fue el de la senadora neuquina por la UCR Lucila Crexell. Días antes de la crucial votación el periodista Carlos Pagni expuso un documento filtrado desde Cancillería: era el borrador del pliego de su designación como Delegada Permanente de la República Argentina ante la Unesco.
“Es verdad. Hubo una oferta y hubo una aceptación”, declaró a los medios Crexell y confirmó el ofrecimiento del Gobierno de este puesto por el que cobraría alrededor entre 12 y 15 mil dólares mensuales, con vivienda y todos los gastos pagos en París, lejos, muy lejos de las bardas y de la zona de sacrificio en que la actividad petrolera, a la que se dedica su familia, ha convertido a la provincia. Desastre socioambiental que se verá agudizado por la aprobación de esta ley y el aún más controvertido RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones).
Por este hecho el abogado Federico Paruolo realizó una denuncia por cohecho y solicitó que se excluyera a la senadora de la votación. Este delito prevé penas de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua. Tras el sorteo la denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal 6 que es subrogado por Ariel Lijo… sí, aquel que el Ejecutivo postuló para la Suprema Corte de Justicia. No tiene remate.
Crexell es nieta de Elías Sapag, uno de los fundadores -junto a sus hermanos Felipe y Amado- del Movimiento Popular Neuquino, la fuerza política provincial que desde 1961 define los destinos de la provincia. Entre 1962 y 2019 el MPN ganó todas las elecciones para gobernador en la provincia. En 2023 fue derrotado por un hombre de sus filas, legislador, funcionario e incluso vicegobernador del MPN, Rolando Figueroa al frente de una alianza con Cambiemos.
En la sesión de ayer, entre los cuestionamientos de varios legisladores, la senadora por Neuquén por el Frente de Todos la acusó de recibir “prebendas” y cuestionó su voto. No era otra que Silvia Sapag, su tía segunda, hija de Felipe Sapag. Una gran familia.
La ley Banelco
Durante estos días se mencionó reiteradamente el caso de la “Ley Banelco”, como se denominó a la reforma laboral que el Congreso sancionó el 11 de mayo de 2000 y el gobierno de Fernando de la Rúa promulgó ¿premonitoriamente? un 29 de mayo, aniversario del Cordobazo.
Esta ley, absolutamente neoliberal y escrita bajo los dictados del FMI, implicaba quita de derechos a los trabajadores, flexibilización laboral y abaratamiento de la mano de obra para… atraer inversiones. El chamuyo de siempre. La misma justificación de los avances sobre los derechos laborales propuestos en la Ley Bases.
La ley 22.250, combatida en las calles por el MTA que conducía Hugo Moyano y la CTA de Víctor De Gennaro, pasó sin problemas por Diputados donde la Alianza tenía mayoría. Fue aprobada con el voto en contra del Justicialismo y de la diputada del Frepaso Alicia Castro.
En el Senado, el oficialismo estaba en minoría. Alberto Flamarique, el ministro de Trabajo de la Alianza, en un encuentro con el líder camionero, antes de conseguir la aprovación en la Cámara Alta sostuvo: “Para los senadores tengo la Banelco”.
En agosto de 2000 se desató el escándalo. Se hizo público un anónimo que detallaba las coimas pagadas a senadores peronistas. El vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez reclamó públicamente que se aclarara la situación y poco tiempo después presentó su renuncia, debilitando aún más a un gobierno que en diciembre de 2001 encontró su final cuando el pueblo se hartó de su inhabilidad, del hambre y el desempleo, de la venalidad de sus dirigentes y, la clase media, del corralito que incautó sus ahorros.
De la Rúa se fue en helicóptero y murió en 2019 sin pagar por los asesinatos de 39 personas en la feroz represión desatada en todo el país a las protestas contra el estado de sitio declarado por un pelele y sus secuaces.
La historia no se repite pero tendrían a bien algunos no jugar con la suerte propia y la ajena.