Redacción Canal Abierto | Anoche, luego de meses de negociación y mientras se llevaba adelante una violenta represión en las calles, la Ley Bases y el paquete fiscal fueron aprobados por la Cámara de Senadores, con varias modificaciones. Ahora el proyecto debe retornar a la cámara de origen, Diputados, que podrá aceptar los cambios o insistir con la redacción original, pero no rechazar la Ley de plano.
Entre las modificaciones introducidas hay varias sustanciales y que echaron por tierra artículos que eran resistidos por las organizaciones sindicales y sociales. Sin embargo, y aunque esos cambios se mantengan, la Ley Bases y el paquete fiscal conservan los capítulos más regresivos en materia de derechos y soberanía.
“La Ley Bases le permite al Gobierno de la Libertad Avanza decidir unilateralmente y sin debate parlamentario alguno el desguace del estado, la privatización de empresas nacionales y llevar adelante una reforma laboral que desarticula todo el sistema de derechos conquistados durante más de 70 años de luchas del movimiento de trabajadores”, expresaron desde la CTA Autónoma que conduce Hugo “Cachorro” Godoy, luego de conocerse el resultado de la votación.
Privatizaciones
Entre los cambios más importantes que se introdujeron durante el debate, figuran la eliminación de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y el Correo Argentino de la lista de empresas a privatizar. Ahora quedarían libradas a esa suerte Enarsa e Intercargo. Mientras, en el grupo de empresas a concesionar permanecen Aysa, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Sociedad Operadora Ferroviera (Sofse).
En tanto, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT), podrán incorporar capitales privados pero con acciones mayoritarias del Estado.
Otras modificaciones son que se incorporó la prohibición de disolver los organismos de Cultura y se añadió a la Comisión Nacional de Energía Atómica como organismo excluido de la facultad de intervención.
Pese a estos cambios, el Gobierno, tal como adelantó está mañana el vocero presidencial Manuel Adorni, está decidido a insistir con la privatización de distintas empresas del Estado.
Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones
El Régimen conserva sus principales lineamientos: otorga por 30 años beneficios e incentivos aduaneros, tributarios, fiscales y cambiarios para grandes inversiones de más de USD 200 millones, sin obligarlas a contratar personal local y a partir del tercer año se les otorga libre disponibilidad de divisas.
Como lo definieron desde la CTA Autónoma: “El RIGI representa ni más ni menos que la disolución del proyecto de una nación unificada y federal, a través de la explotación de los recursos de cada provincia por separado, la absoluta primarización de nuestra economía y la destrucción del protagonismo industrial o semi industrial de un tejido de empresarios nacionales que garanticen la presencia de nuestras comunidades en el territorio nacional”.
En ese marco, los cambios introducidos parecen ser más bien cosméticos. Entre ellos, en lugar de estar dirigido “a cualquier sector” se aclara que está orientado a la foresto industria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, petróleo y gas, y siderúrgica. De nuevo, mayormente, se trata de sectores primarios sin agregado de valor.
Además, lo que se vende como “un guiño a proveedores locales” en realidad es muy limitado: estipula un mínimo del 20% de inversión local, pero siempre y cuando “la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.
También introduce cambios en el artículo 196, de incentivos cambiarios. Así, limita la obligación de liquidación en el mercado de cambios a las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos. Será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión; 40%, después de tres años; y 100%, a partir de los cuatro años. En criollo, las empresas no tiene obligación de liquidar dólares después del cuarto año.
Así lo confirmó el economista Emanuel Álvarez Agis de la consultora PxQ en diálogo con María O’ Donnell. “Es un mal esquema porque estamos haciendo el RIGI para que entren dólares, ¿y qué dice el RIGI?, que los dólares no tienen que entrar. Es una joda”. Y agregó: “O sea, en el segundo mandato de Milei o el próximo que venga se jode. ¿Esa es la idea?”, cuestionó.
Como denunció el diputado nacional del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, el RIGI logró su aprobación por 38 votos a favor y 32 en contra gracias a los apoyos peronistas. Además del que brindó el entrerriano Camau Espínola, quien también aprobó la votación en general en el marco de un opaco acuerdo por un lugar en el directorio de Salto Grande, desde Unión por la Patria, también María Carolina Moisés de Jujuy, Sandra Mendoza de Tucumán y Guillermo Andrada de Catamarca aportaron sus votos al RIGI.
Moratoria previsional
El Gobierno también tuvo que recular con la eliminación de este derecho, que dejaba sin poder acceder a una jubilación a 9 de cada 10 mujeres y a 7 de cada 10 hombres en Argentina. Se trata de un reclamo que desde el principio levantaron el feminismo y las organizaciones de trabajadores.
Sin embargo, sí prosperó la eliminación del Monotributo Social, lo que representa un nuevo golpe para los sectores más vulnerables de la clase trabajadora. Sin esta herramienta, 600.000 trabajadores de muy bajos ingresos dejarán de ser reconocidos por el Estado y se quedarán sin poder acceder a derechos básicos como la salud mediante una obra social, aportes para jubilaciones y sin acceder a créditos.
También se mantiene firme la reforma laboral que, junto con las medidas anteriores, no harán más que incrementar cantidad de personas con trabajos informales que no pueden hacer aportes jubilatorios. Como denunciaron desde ATE, con la ley Bases “se legaliza el fraude laboral más grande de la historia de nuestro país. Se trata de una reforma laboral absolutamente regresiva que una vez instalada, será muy difícil revertir”.
Entre los principales aspectos contrarios a los derechos de los trabajadores, se encuentra la extensión del periodo de prueba, la implementación del cese de fondo laboral en lugar de las indemnizaciones y, en caso del sector público, el desguace del Estado y la posibilidad de poner en disponibilidad incluso a los trabajadores de la planta permanente del Estado, recordaron desde el sindicato de estatales.
Blanqueo y bienes personales
Dentro del paquete fiscal también hubo modificaciones importantes como la eliminación de las modificaciones en Bienes Personales, que básicamente le reducían los impuestos a una de las franjas más privilegiadas de la población.
En tanto, aunque ahora quedan excluidos los extranjeros, se sostiene el blanqueo de capitales, que como denunciaron desde la CTA Autónoma sigue siendo muy benigno “para quienes fugaron enormes capitales, con tal laxitud en sus requerimientos que serán una incitación a fondos de dudosa legitimidad, facilitando el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado”.
Además, por 4 votos a 31 también fue rechazada la restitución de la cuarta categoría de Ganancias. Y aunque el Gobierno se había comprometido con los Senadores a no tocar las modificaciones introducidas en esa Cámara, ya el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, confirmó esta mañana en declaraciones radiales que el Gobierno insistirá en Diputados para restituir este impuesto. “Vamos a trabajar en Diputados y estoy seguro que saldrá Ganancias y otros cambios”, señaló.
Foto portada: Pedro Pérez (Tiempo Argentino)