Redacción Canal Abierto | Aún son cinco las personas que continúan con prisión preventiva, alojadas en la cárcel federal de Ezeiza, por manifestarse en contra de la Ley Bases o estar en las inmediaciones del Congreso el pasado 12 de junio. Antes del jueves, los organismos de Derechos Humanos volverán a presentar una apelación para solicitar su liberación y rechazar el auto de procesamiento de la jueza María Servini de Cubría.
La acción se suma a otros pedidos por los detenidos, como un Amicus Curiae presentado por la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y firmado por numerosas organizaciones y referentes, como el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el titular de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy, o la exministra de Seguridad, Sabina Frederic. Allí solicitan que se revise la situación de los detenidos y que éstos puedan atravesar el proceso judicial en libertad.
Amnistía Internacional, en tanto, también lanzó una “acción urgente” por su liberación, mientras que organismos locales, entre ellos el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), impulsaron y presentaron 60.000 firmas por la misma causa.
Días atrás, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura junto al Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura, que monitorearon el accionar de las fuerzas de seguridad durante la jornada del 12 de junio, denunciaron que las detenciones fueron arbitrarias, como quedó demostrado con las excarcelaciones que se fueron otorgando en tandas.
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Una violenta operación policial lanzada durante las protestas del 12 de junio se saldó con la detención arbitraria de 33 personas#Actúa para exigir que se retiren los cargos y se garantice la libertad de expresión de todas las personashttps://t.co/JGsjHuWaPk pic.twitter.com/bofxqRl1k2(@amnistia) June 25, 2024
En la declaración del 14 de junio, ambos organismos oficiales cuestionaron que “de manera infundada” se les atribuya a los detenidos “delitos graves” -contra la seguridad pública, de incitación a la violencia colectiva, contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional- y se les imponga además la prisión preventiva.
“Se recuerda que, de conformidad con los estándares internacionales y nacionales que rigen en la materia, la regla general de los procesos penales debe ser la libertad de la persona, siendo que la aplicación de la prisión preventiva tiene un carácter excepcional”, expresaron. También destacaron que para su dictado debían existir “elementos de prueba suficientes” que vinculen a las personas imputadas con el hecho investigado.
Sin embargo, de lo que surge del auto de procesamiento de Servini, las detenciones se basan sólo en los testimonios de los mismos policías y solo en dos casos se aportan imágenes de manera complementaria.
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Más de 60.000 firmas contra la represión, las detenciones al voleo y las causas armadas por la manifestación en rechazo a la Ley Bases.
Acompañamos su entrega al juzgado de Servini en los tribunales federales de Comodoro Py. pic.twitter.com/4mrdxhbieF
La debilidad de la investigación fue reconocida por la propia magistrada en declaraciones a los medios. “Hemos hecho un estudio muy rápido, muy por arriba también, porque el tiempo no nos daba”, dijo. También manifestó: “Los expedientes y las actuaciones vinieron muy en blanco. No teníamos elementos. Hicimos lo que pudimos hacer”.
El Comité, en tanto, también había apuntado al marco de “uso desproporcionado y arbitrario” de la fuerza pública en el que ocurrieron las detenciones, e insistió con que el Protocolo Anti-protestas de la ministra Patricia Bullrich no se ajusta a los estándares internacionales en la materia.
Cristian Valiente y un gas lacrimógeno perdido
Al joven, que declaró que asistió a la marcha de forma independiente, Servini lo procesó con prisión preventiva y lo acusó por los delitos de intimidación púbica en concurso ideal con atentado a la autoridad por tener en la mochila un aerosol o granada de gas lacrimógeno.
En su declaración testimonial, Valiente aclaró cómo fueron los hechos. Contó que alrededor de las 5 de la tarde del miércoles 12, cuando la policía ya había desarticulado la concentración, se acercó a la plaza Congreso. “En ese momento empiezo a ver cómo quedó todo y veo que había municiones de escopeta, de gases tirados por la policía y veo un aerosol en el piso con escrituras de gas pimienta e inscripciones del Ministerio de Seguridad, número de serie y fecha de vencimiento de 2022, el cual levanto y me lo guardo para mostrar a algún canal de televisión los objetos con los que la policía había reprimido. Yo creía que estaba vacío”.
Para Servini, en cambio, el solo de hecho de tener ese objeto -único elemento de prueba que tiene-, fundamenta el procesamiento. Para ella, se trata de “un elemento que a las claras aumentaba su poder intimidatorio”.
El joven también contó que escuchó que los agentes conversar entre ellos y comentar que el aerosol era de un gendarme al que se le había caído unas horas antes.
La única mujer que sigue presa
Patricia Calarco Arredondo es responsable nacional del MTR (Frente Piquetero). Trabajó desde 2019 en el ex ministerio de Desarrollo Social y fue despedida en marzo. También es militante LGBT. Fue detenida saliendo de un local de comida rápida, en Lima y Chile, en la zona del Metrobus.
Servini la procesó por: incendio en concurso ideal con daño agravado por haberse afectado un bien público, en concurso con el delito de intimidación pública. En concreto, le achaca el famoso incendio de las bicicletas. Para ello, se basa en las imágenes de video que circularon en redes sociales.
En diálogo con Canal Abierto, su abogado, Daniel Vázquez del Frente de Abogados por los Derechos Humanos y el Socialismo (FADHUS) explicó que al día de hoy, y al igual que pasó con el resto de los detenidos que dos días antes de ser excarcelados tenían “medio Código Penal encima”, “no hay elementos de prueba documental en el expediente” que respalden la acusación.
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“A medida que pasan los días y aumenta la solidaridad, se va viendo la barbarie de esta expresión lumpenizada de la justicia federal y del ministerio público fiscal. Se ve que esto es un armado, que se están vulnerando los derechos del pueblo trabajador a movilizarse y que las detenciones son arbitrarias”, indicó.
La valla que ni siquiera saltó
Facundo Ezequiel Gómez vende café en Plaza Serrano. Fue detenido mientras hablaba por celular con su madre, sentado al lado de una valla policial ubicada en Entre Ríos y Rivadavia. Se bajó en la estación Callao de la línea D y se acercó por Rodríguez Peña para sacarle una foto al Congreso, que en efecto posteó minutos antes en su Instagram, prueba que le ofreció a la jueza al declarar.
Su testimonio es bien claro: “Cuando termino de tomar la foto, me coloco al lado de las vallas, pero estaba del lado del Congreso, no es que estaba del otro lado de las vallas y pase”, aclaró en relación a la acusación de haber saltado la valla. En ese momento, continúa, es cuando los cuatro efectivos se le tiran encima y lo detienen.
“Yo a todo esto estaba sentado. Es más tengo un testigo que no se el nombre pero voy a tratar de ubicar”, le dijo a la jueza en relación a un camarógrafo que, sin suerte, intentó explicarle la situación a los policías para que lo suelten.
Por el contrario, para la jueza está “primariamente probado” la existencia de un hecho delictivo y la participación de Facundo como “partícipe en el mismo”, al arrojar objetos contundentes.
“Esta convicción se alcanza desde una adecuada apreciación de los terminantes dichos del funcionario que encabezara el procedimiento”, dice, admitiendo que el único respaldo son las declaraciones de los agentes.
Por ir a pedir comida
David Oscar Sica está procesado por atentado a la autoridad, agravado por haberse cometido en reunión de más personas, en concurso ideal con intimidación pública. La jueza también pidió -al igual que en el caso de Patricia Calarco Arredondo- que se investigue si es culpable de “incitar a la violencia colectiva contra las instituciones suscitando tumultos y desordenes, erigiéndose en un posible alzamiento contra el orden institucional y la vida democrática (…)”.
Todo eso por, supuestamente, patear a una agente policial, con pruebas que, de nuevo, son los testimonios de los agentes y un examen médico a la policía herida, del que resultó que tenía un “traumatismo en pierna izquierda que no requirió traslado”.
Al declarar, David contó que no estaba en la marcha, sino que se dirigía a la iglesia de San Expedito, que está a dos cuadras, “a buscar ropa y comida”. Agregó que no lo dejaron pasar, que le tiraron gas pimienta y que lo arrastraron por el suelo – “me lastimaron el codo, el cuello, el hombro, las rodillas, todo, me raspé por todos lados”-, antes de detenerlo.
Detención a los golpes
Roberto Maria de la Cruz Gómez también está procesado con preventiva, por los delitos de intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad. Fue arrestado en calle Sáenz Peña y Avenida de Mayo “por cinco efectivos de chaleco celeste”.
Según su declaración, le “pegaron piñas, en la cabeza y el brazo” y lo tiraron al suelo lo que le provocó heridas en el codo. “Tengo marcas de las lesiones que muestro en este acto”, le dijo a la jueza.
Aprietes en Comodoro Py
En diálogo con Canal Abierto, el abogado Daniel Vázquez de FADHUS también se refirió a nuevas irregularidades ocurridas en el marco de las actuaciones de los operadores judiciales. Entre otras, contó que las defensas se enteraron por los medios masivos del auto de procesamiento y de las excarcelaciones dictado el miércoles pasado.
Asimismo, denunció que ese día Calarco Arredondo fue traslada a Comodo Py, donde estuvo entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche esposada. Allí fue “apretada” para renunciar a su abogado, aceptar una defensa oficial, firmar una probation y recibir una caución económica para salir en libertad.
El traslado, explicó Vázquez, ocurrió sin previa notificación a sus abogados, supuestamente, para informarle del auto de procesamiento, algo que se podía hacer por zoom.
El abogado explicó que el hecho se suma a otros de mayor gravedad, como lo que le ocurrió a otra de sus defendidas, Sofía Ottogalli, quien entre burlas fue desnudada y requisada en una habitación a puertas abiertas, a la vista de todos los que pasaban por ahí.