Redacción Canal Abierto | “Nosotros estamos llevando adelante una lucha contra el Proyecto Vaca Muerta Sur que se propone construir el mayor puerto petrolero de la costa atlántica de Río Negro para exportar el crudo proveniente de la formación neuquina, y contra el avance extractivista en los territorios con el resto de las asambleas socioambientales”, explica en diálgo con Canal Abierto Suyhay Quilapán, integrante de la Asamblea por la Tierra y el Agua del balneario Las Grutas, que a su vez es parte de las Asambleas del Curru Leufú y de la Multisectorial en Defensa del Golfo de San Matías.
Suyhay se refiere a un nuevo oleoducto que YPF proyecta construir desde Vaca Muerta, en Neuquén, hasta el puerto de Punta Colorada en la localidad de Sierra Grande, en la costa atlántica de Río Negro, para la exportación de crudo.
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El viernes 12 de julio, luego de un tratamiento exprés, la Legislatura provincial aprobó el proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck, con 35 votos a favor y 10 en contra, que adhiere al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) sancionado recientemente con la Ley Bases que impulsó el Gobierno nacional. De esta forma, Río Negro se convirtió en el primer estado provincial donde los grandes capitales podrán obtener beneficios fiscales, tributarios y cambiarios para sus inversiones en los sectores forestal, agroindustrial, minero, energético, hidrocarburos e infraestructura.
“Con el resto de las asambleas socioambientales tuvimos un encuentro hace dos semanas y manifestamos nuestro rechazo al RIGI, porque entendemos que abre de par en par las puertas y sirve en bandeja todo el territorio de la provincia de Río Negro. El gobierno provincial ha manifestado, desde que asume la gestión en diciembre, que la provincia va a mutar en un proyecto de extractivismo tanto en hidrocarburos como en minería”, narra la referente de la asamblea grutense.
Preparando el terreno
La ley provincial 3308, de 1999, prohibía la exploración y explotación de hidrocarburos y la instalación de oleoductos y gasoductos en el Golfo de San Matías con el objetivo de proteger la biodiversidad –hay cinco áreas naturales protegidas provinciales y un Parque Nacional–, la actividad pesquera y el turismo en las localidades balnearias.
El 25 de agosto del año pasado la Legislatura de Río Negro, con solo un voto en contra, aprobó la modificación de la norma. El proyecto votado fue ingresado tres días antes por el bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro.
“Con Arabela Carreras como gobernadora, se modificaron la Ley de Tierras y la Ley de manejo minero. Es decir, antes del RIGI ya la provincia estaba adecuándose a este enfoque extractivista”, explica la militante ambiental.
Con este apuro la provincia patagónica intenta ganar la disputa por la planta de Gas Natural Licuado (GNL) que el tandem integrado por YPF y su socia malaya Petronas construirá en Bahía Blanca, como pretende Buenos Aires o en Punta Colorada como intenta el gobernador rionegrino.
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“En la Costa, el ecosistema marino es sumamente frágil. Nosotros tenemos captura de merluza para exportación: esa merluza no se va a poder exportar. Cualquier escurrimiento –no estoy hablando de roturas ni derrames, hablo de un escurrimiento– que se dan de manera casi cotidiana por la carga y descarga de los buques, siempre hay algo que va a caer en el mar, las corrientes marinas que fluyen de sur a norte van a impactar en todo el Golfo de San Matías. Hay otra corriente que se mueve en Punta Colorada, donde va a estar el puerto, que tiene sentido norte sur y va a contaminar toda la costa chubutense -impactando en las reservas naturales de la península de Valdés, las zonas donde todos los años llegan las ballenas francas para aparearse, dar a luz a sus crías y amamantar-. Desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta Santa Cruz va a haber escurrimientos de petróleo que van a impactar en toda la costa”, un escenario terrible de una habitante de la costa patagónica.
Empleo, inversiones y espejitos de colores
“En el análisis que hacemos, primero: sabemos que las concesiones a estas empresas son por 30 años. Si hay incumplimientos por su parte no se puede cesar esa concesión; durante 30 años hay que bancar lo que ellos quieran hacer. No van a pagar impuesto a las ganancias, no pagan derechos a la importación ni a la exportación; entonces no va a haber ingreso de divisas a partir de estos proyectos extractivistas. Dicen que es beneficioso para la provincia y para el país y es mentira”, explica Suyhay.
“Lo vemos con el tema de los hidrocarburos. Cuando se plantean estos proyectos hay un financiamiento que viene del exterior, que son tomados con las casas matrices, las multinacionales. Cuando el proyecto empieza a tener ganancia, ese rédito se va ocupando en pagar los créditos que tomaron con las mismas empresas”.
Por otro lado, el RIGI plantea a la actividad hidrocarburífera y a la minería como producciones estratégicas, por lo cual sólo pagarán impuesto a las ganancias los tres primeros años, que es el único tiempo que van a pagar algo. Luego de ese lapso, también tendrán libre disponibilidad de divisas para exportaciones.
“Lo único que hace el RIGI es favorecer la extranjerización del territorio y la fuga de los capitales sin promover el ingreso de divisas. La cuestión básica es que el extractivismo deja pasivos ambientales que generan no solamente la destrucción de nuestros bienes naturales, sino también la contaminación que va a permanecer, porque una vez que termina la producción estas empresas se retiran y nos quedan los pasivos ambientales en los territorios”.
Respecto al empleo, Suyhay señala que “la mayor cantidad de trabajadores que van a ser afectados a estos proyectos tienen que ver con la mano de obra para la infraestructura, un trabajo temporal. Un trabajo que, como mucho, durará dos años, para la instalación de la infraestructura y que tiene mucha rotación. Es tal cual como la secuencia de construcción de una casa: depende la especialidad del trabajador el tiempo que va a permanecer en la obra”.
“Este tipo de trabajo no es para la gente de las localidades que no esta formada para este trabajo. Entonces viene gente de afuera, no beneficia a las comunidades y se vuelva a repetir el ciclo, nos quedan los impactos ambientales y sociales en el territorio”, concluye Suyhay.