Redacción Canal Abierto | YPF proyecta construir un nuevo oleoducto desde Vaca Muerta, en Neuquén, hasta el puerto de Punta Colorada en la localidad de Sierra Grande, en la costa atlántica de Río Negro, para la exportación de crudo.

Este jueves, en esta ciudad, se llevó adelante la Audiencia Pública para poner en consideración los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) del proyecto. La reunión, convocada por el Ministerio de Ambiente provincial y realizada en el gimnasio municipal Vuta Mahuida, estuvo rodeada de incidentes e irregularidades. La marcha multisectorial contra la habilitación del emprendimiento fue asediada por patotas de trabajadores municipales y de la UOCRA, y a los referentes anotados entre los más de cien oradores inscriptos no se les permitió ingresar al recinto.

“Nosotros, al no poder haber ejercido nuestro derecho de participación dentro de la audiencia, estamos en condiciones de pedir la nulidad de la misma. En una asamblea ayer, tomamos la decisión de hacer el recorrido de todas las denuncias administrativas y judiciales porque no se garantizó nuestra participación ni nuestra seguridad física, pese a que fue tramitado con anticipación”, explica en diálogo con Canal Abierto Suyhay Quilapán, integrante de la Asamblea Ambiental por la Tierra y el Agua del balneario Las Grutas, y del Equipo de Pastoral Social de la diócesis de Viedma.

golfo san matías

Antecedentes

La ley provincial 3308, votada en 1999, prohibía la exploración y explotación de hidrocarburos y la instalación de oleoductos y gasoductos en el Golfo de San Matías con el objetivo de proteger la biodiversidad –hay cinco áreas naturales protegidas provinciales y un Parque Nacional–, la actividad pesquera y el turismo en las localidades balnearias.

El 25 de agosto del año pasado la Legislatura de Río Negro, con solo un voto en contra –el del legislador peronista Pablo Barreno–, aprobó la modificación de la norma. Fue en un trámite exprés: el proyecto votado fue ingresado tres días antes por el bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro.

El objetivo: exportar el crudo de Vaca Muerta para conseguir los tan preciados dólares que el gobierno necesita para equilibrar su balanza de pagos y honrar la fraudulenta deuda con el FMI.

“Vivo en el balneario Las Grutas. Cuando empiezan a pensar en modificar la ley, nosotros comenzamos a hacer gestiones con los legisladores para que no se modificara. La Legislatura de Río Negro tiene primera y segunda vuelta y en las dos aprobaron mayoritariamente la modificación de la ley”, explica Suyhay.

“El proyecto de YPF es conectar Vaca Muerta y mover el crudo por toda la provincia de Río Negro hasta salir en Punta Colorada en la costa del Golfo de San Matías. El proyecto habla de aumentar en un 2,5% el volumen de extracción. Esto implica que en Neuquén deben aumentar la cantidad de pozos existentes y tienen que sumar pozos en las localidades del Alto Valle de Río Negro para la extracción. El planteo de YPF es exportar todo ese crudo en 13 años porque después Argentina debe adecuarse a los convenios internacionales en términos de cambio climático y reducir la producción de combustibles de origen fósil”.

Las sin-razones

Esta iniciativa extractivista, del mismo modo que en el caso del litio y otras minerías metalíferas, corre atrás de las necesidades del gobierno de obtener divisas frescas. “Como caballito de batalla se plantea el ingreso genuino de dólares. Pero tenemos que ser claros: este ingreso de dólares acontece en una empresa nacional, YPF. Esta empresa tiene actualmente un 51% de capital estatal y el resto pertenece a multinacionales que se benefician con la exportación del crudo. Las empresas multinacionales han tomado créditos en sus casas matrices para poder hacer la infraestructura de este proyecto. Cuando ingresen esos dólares por la exportación automáticamente van a girar esos fondos para cubrir los créditos a las casa matrices”, explica la militante ambiental.

Cabe sumar a este planteo que al exportar el crudo sin valor agregado alguno, la mayor parte de la renta de este producto, extraído con costo ambiental y humano de nuestro territorio, quedará en manos de las multinacionales que refinarán este recurso.

Otro impacto económico grave de esta actividad es que su sola presencia, más allá de los derrames producidos y la contaminación de suelos y aguas en el Alto Valle del Río Negro, hace estragos en la fruticultura de peras, manzanas, ciruelas y duraznos. “En el Alto Valle se produce fruta para exportación conocida mundialmente. Lamentablemente, desde que se empezó con el fracking este volumen de exportación ha disminuido; ningún producto de calidad de exportación puede tener cercanía con la producción de hidrocarburos, automáticamente cae la calidad y deja de ser exportable”. Entonces, para “supuestamente” ingresar dólares vía la actividad petrolera, se destruye una industria en la que el país invirtió durante décadas, se pierden puestos de trabajo, se destruye una cultura alrededor de esta actividad… y se dejan de percibir las divisas que produce esta actividad. ¿Por un puñado de dólares? ¿Esa es la justificación?

“Lo vemos nosotros en el puerto, las zafras han caído de manera terrible, no tenemos fruta para exportar. Si se suman más pozos, habrá menos”.

Impactos ambientales

Como citábamos previamente, el incremento de producción implicará la necesidad de hacer más pozos, consumir ingentes cantidades de agua, producir más toneladas de residuos que, como vimos en otros informes, se acumulan a cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento.

Dentro de la provincia, el ducto en algún punto va a cruzar el Río Negro, la principal cuenca hídrica de la provincia. Si llega a producirse una rotura del ducto, automáticamente el único río que cruza la provincia, del que se abastecen muchas ciudades y el riego para la actividad agrícola, será contaminado.

“En la Costa, el ecosistema marino es sumamente frágil. Nosotros tenemos captura de merluza para exportación y vuelve a ser en la misma discusión de la fruta: esa merluza no se va a poder exportar. Cualquier escurrimiento –no estoy hablando de roturas ni derrames, hablo de un escurrimiento– que se dan de manera casi cotidiana por la carga y descarga de los buques, siempre hay algo que va a caer en el mar, las corrientes marinas que fluyen de sur a norte van a impactar todo el Golfo de San Matías. Hay otra corriente que se mueve en Punta Colorada, donde va a estar el puerto, que tiene sentido norte sur y va a contaminar toda la costa chubutense. Desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta Santa Cruz va a haber escurrimientos de petróleo que van a impactar en toda la costa”.

 

Las patotas petroleras

La recepción de los municipales a las asambleas ambientales (Foto: Pablo Piovano)

“Hemos hecho innumerables presentaciones, pedidos de inconstitucionalidad, de nulidad. En nada de esto se ha hecho lugar pese a que los fundamentos están, pero el Supremo Tribunal de Justicia falla contra la inconstitucionalidad, alegando que quienes nos presentamos con el pedido no somos representativos, cuando entre los firmantes se encuentra un amplio abanico de sectores sociales, desde trabajadores hasta pueblos originarios, de movimientos de derechos humanos a iglesias”, comenta Suyhay.

“Hicimos una marcha desde la estación de servicio de la entrada de Sierra Grande hasta el Gimnasio. Cuando arribamos nos encontramos con una patota de empleados municipales que estaban con un funcionario municipal que se llama José María Clemant. Sumamente violentos, agresivos, nosotras éramos mayoritariamente mujeres que lo único que hacíamos era llevar banderas y carteles. Estas personas estaban sacadas, se nos abalanzaban, tuvimos que corrernos para atrás. Después no nos dejaban ingresar a los que nos habíamos anotado alegando que no había lugar”.

“Después, apareció una patota de la UOCRA y nos dejaron en un encerrona que nos alarmó mucho porque estábamos totalmente indefensos. Unos adentro, otros afuera, otros rodeados por las patotas. Fue un momento de mucha tensión y ahí tomamos la decisión retirarnos. Pedí hacer un acta de registro de la situación en que nos retiramos”, concluye Suyhay.

Foto: Pablo Piovano

La ministra de Ambiente Dina Migani fue testigo de estos acontecimientos. “Ella vio que la policía no nos dejaba entrar siendo que éramos oradores, e hizo que nos den acceso. Entonces yo le pido que mire por la ventana y vea la violencia que había afuera”.

Ayer se dio por concluida la audiencia. Las asambleas intentarán que se la declare nula. “Queremos expresar que esta Audiencia carece de validez, que es nula y que vamos a iniciar las acciones administrativas y judiciales pertinentes. Violaron nuestros derechos, el más elemental: el derecho a la participación. Llenaron el gimnasio donde se realizó la audiencia fraudulenta en Sierra Grande para impedir la intervención de voces críticas”, informaron desde las Asambleas del Curru Leufú.

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