Redacción Canal Abierto | Este miércoles 31 de julio, la Cámara de Diputados comienza a tratar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y elaborado por los ministerios de Seguridad y Justicia, para crear un nuevo Régimen Penal Juvenil, que busca bajar la edad de punibilidad a 13 años. Será en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que se realizará en el anexo C, desde las 12.30.
El texto tiene tres aspectos centrales, además de la baja de la edad de punibilidad:
1) Establece penas de hasta veinte años, aplicables a adolescentes desde los 13 años.
2) Crea un sistema para los menores de 13 años (no punibles) que reproduce el Patronato, derogado en 2005 mediante la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sin límite de edad.
3) Al no crear un sistema especializado, los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley quedan bajo la órbita de la justicia penal de adultos.
Así lo sintetizaron desde el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), que coordina la abogada Claudia Cesaroni, en un documento titulado “Mentiras y falacias de un proyecto peor que la Ley de Videla”.
Chicos a las cárceles
Los intentos por bajar la edad de punibilidad son recurrentes en Argentina y, en general, los impulsan sectores políticos “manoduristas” en años electorales, a caballo de algún caso mediático y con evidentes fines partidarios. En 2016, el entonces ministro de Justicia macrista, Germán Garavano, proponía llevarla a los 14, y en 2019, la misma Patricia Bullrich presentó un proyecto para que la edad límite sea 15.
Este año, el debate tiene dos novedades, una es que no es año electoral y la otra, el límite, que se fijó a los 13. En una entrevista televisiva, el ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, dio cuenta de la liviandad con la que se definió ese aspecto. Contó que él “estaba inclinado en bajar a los 14 años” la edad de punibilidad, pero que su par de Seguridad, Patricia Bullrich, lo había convencido de bajarla a los 13.
“Un chico de 13 de hoy no es el mismo que un chico de 13 de 1980, cuando se dictó la ley”, arguyó, contrariando las recomendaciones de organismos especializados de la talla de UNICEF.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia recomienda internacionalmente que la edad de punibilidad no debe ser inferior a los 14 años, y que debe ser lo más cercana posible a los 18 años.
En tanto que, “en Argentina, la reforma del sistema de justicia penal juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva. Existen experiencias internacionales que han demostrado que disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad”, sostuvo el organismo en su documento “Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil”.
En la entrevista citada, Cúneo Libarona también confirmó lo que ya se intuía: que los supuestos centros especializados terminarán siendo, mayormente, módulos dentro de las mismas cárceles de mayores. “Estamos trabajando en adaptar los lugares adecuados para que los menores estén separados de los mayores. Quiero tener una escuela, un colegio de formación y un taller de trabajo”, adelantó el ministro.
El artículo 28 del proyecto de ley dispone que “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención”, pero también, permite que se los reciba en una “sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario”, a lo que agrega que debe ser “adecuada para el tratamiento de adolescentes”.
Esto, en la práctica, “suprime la obligatoriedad de centros de detención especializados y centralizados únicamente en adolescentes”, había advertido Santiago Amilcar Tovario, de la Asociación Pensamiento Penal, en un artículo titulado “El fin del sistema penal juvenil resocializador”.