Redacción Canal Abierto | Susana Beatriz Montoya, de 74 años, viuda de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario que fue secuestrado, torturado y permanece desaparecido desde 1979, fue hallada sin vida en su casa del barrio Ampliación Poeta Lugones, en la periferia norte de la ciudad de Córdoba.
Su hijo Fernando, militante de HIJOS, la encontró tirada en el patio de la vivienda con un golpe en la cabeza y una herida de arma blanca en el cuello. “Fernando la llamó reiteradas veces y como no le respondía se acercó a la casa. Después de que no lo atendiera, subió a uno de los techos de los vecinos y desde allí vio a su madre en el patio muerta. Entonces, llamó a la policía”, explica Ramón, familiar de los Albareda, en diálogo con Canal Abierto.
Cuando entró con los agentes, encontraron toda la casa revuelta, con signos de violencia y una inscripción en una de las paredes que rezaba: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos #Policía”.
Según luego detalló el mismo Fernando, la mujer fue asesinada violentamente con varios golpes con un ladrillo en la cabeza y un corte de cuchillo en la garganta. La autopsia ya fue realizada, y este lunes 5 de agosto la familia velará a la difunta para enterrarla mañana.
Respecto a posibles móviles del crimen, la familia vincula la reciente culminación de la causa judicial por la reparación del legajo policial del subcomisario Albareda, amparado en la ley provincial sobre reparación histórica de legajos de empleados públicos. “Es el único caso en el que la Policía reconoce un crimen de lesa humanidad”, resaltó Fernando, querellante en esa causa.
Debido a esta reparación, su madre tenía que cobrar 76 millones de pesos. “Hay mucho ruido con respecto al monto de dinero que tenían que pagarle a mi mamá por el beneficio que le corresponde”, declaró el militante de HIJOS a eldoce.tv. “Para mí, el pago de esa reparación es el móvil del crimen”. “No robaron nada. No notamos que falte nada, están los televisores, objetos de valor, algún anillo”, agregó.
En el mismo sentido, Ramón destacó que después de la sentencia favorable a la reparación, recomenzaron las amenazas. “Ellos entienden que algo movieron en algún lugar para que haya semejante reacción”, sostuvo.
Amenazas
En diciembre, a pocas horas del cambio de gobierno, Fernando recibió amenazas en su vivienda, le dejaron notas que incluían esvásticas nazis y balas en la puerta. “Te vamos a juntar con tu papito”, decía una de los mensajes intimidatorios.
Por eso, el escenario en el que se produce este violento hecho es ineludible: el recrudecimiento de los discursos de extrema derecha, la reciente visita de diputados de la Nación a genocidas en el Penal de Ezeiza, un partido de gobierno con posturas negacionistas, una vicepresidenta que reivindica a los criminales de lesa humanidad y que se reunió, en otros momentos, con el dictador Rafael Videla.
Albareda es empleado, en Córdoba, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y tiene a su cargo el Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que además depende de la Organización Internacional de Migrantes (OIM).
A su vez, fue querellante en la causa por la cual se logró que el estado provincial repare el legajo de su padre y reconociera el crimen de lesa humanidad.
Mientras se tramitó la instrucción de la causa que investigó el secuestro y la desaparición, y durante el juicio oral en el que fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos -todos de la patota del Departamento 2 de Informaciones de la Policía Provincial (D2)-, convivió con intimidaciones que llegaban a través de mensajes telefónicos, llamadas, notas en papelitos en su auto o su casa.
“En la Policía hizo mucho ruido” la sentencia de la reparación, porque “los condenados a perpetua por los crímenes de lesa humanidad, excepto Menéndez, fueron todos policías y muchos de ellos tienen a sus hijos trabajando en la fuerza”, declaró Albareda en la misma nota a eldoce.tv.
En ese sentido, destacó que últimamente su madre recibía llamadas que le cortaban al atender, y se sentía intimidada.
“Por la seguridad de Fernando, Ricardo y mi hermana y sus hijos es necesario que esto sea visible”, destacó por su parte Ramón, a la vez que señaló que la familia no quiere sacar conclusiones apresuradas.
Policía y militante del ERP
Ricardo Fermín Albareda se desempeñó como subcomisario de la Policía provincial. Además, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Fue secuestrado el 25 de septiembre de 1979 por personal del D2 y trasladado al Centro Clandestino Casa de Hidráulica, conocido como El Embudo, a la vera del Lago San Roque.
Allí fue salvajemente golpeado y torturado, lo castraron y, según testimonios, murió desangrado. Tenía 37 años y aún continúa desaparecido.
Este marzo, en el marco de la Semana de la Memoria, el gobierno de la provincia y la municipalidad de Villa Carlos Paz lo homenajearon con la entrega a su familia de la reparación histórica de su legajo como trabajador del Estado.