Redacción Canal Abierto | Las internas en el oficialismo crujen por arriba -con disputas como la que mantienen a cielo abierto Milei y Villarruel, por ejemplo-, pero también por abajo… como levidencia los escándalos que por estas horas tiene a Lourdes Arrieta como protagonista.
Ayer fueron los gritos y denuncia contra Nicolás Mayoraz -su compañero de bancada- por violencia de género en medio del revés parlamentario al polémico decreto que asignó $ 100.000 millones en gastos reservados a la SIDE. Esta mañana se sumó la durísima respuesta con que la Justicia desestimó la estrategia para despegarse de la visita a genocidas que protagonizó semanas atrás.
La “diputada del patito” -como la caracterizan despectivamente Lilia Lemoine y otro libertarios “puros”- había pedido que se investigara la posible comisión de los delitos de “coacción agravada, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, conspiración, y malversación de caudales públicos” en los que habrían incurrido el funcionario del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, y las personas a las que ella responsabilizó por haber organizado la visita al penal de Ezeiza, entre las que mencionó a los diputados Beltrán Benedit, Alida Ferreyra y Guillermo Montenegro, el cura Javier Olivera Ravasi, los abogados Ricardo Alberto Saint Jean, Eduardo Rafael Riggi, Maria Laura Olea, y el funcionario de Diputados Sharif Menem, sobrino de Martín Menem, el presidente de la Cámara baja.
En un escrito que se conoció esta mañana, el fiscal Sergio Mola aseguró que la legisladora “realiza una serie de consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido”.
“En ese afán de tomar distancia de una actividad propia, de la que evidentemente se arrepintió con posterioridad, expone distintas circunstancias que hacen al funcionamiento del bloque de diputados de su partido (del que forma parte), a la que le asigna una connotación conspirativa, o extorsiva que ni por asomo se advierte”, manifiesta Mola.
“La diputada Arrieta dice haber sido manipulada y engañada respecto de la actividad en la que estaba participando. Ahora bien, cabe preguntarnos: ¿es posible que no supiera, o que no advirtiera, cuáles eran los intereses y posicionamiento del grupo en el que participaba respecto de los detenidos por crímenes de lesa humanidad, cuál era la naturaleza y finalidad de la visita carcelaria en la que participó, quienes eran las personas visitadas y cuáles eran los delitos que se les imputaban?”, agrega.
“La denunciante es diputada nacional, lo que presupone un umbral mínimo de conocimiento de aquello que –como todas las cuestiones referidas- se encuentra presente, con permanente actualidad, en la agenda política y judicial de nuestro país desde hace mucho tiempo. En todo caso, no alcanza alegar ignorancia para sustentar una supuesta manipulación cuando fácilmente, con solo recurrir a Google -por ejemplo-, podía esclarecerse de aquello en lo que estaba participando. Pareciera de aplicación el adagio latino nemo auditur propriam turpitudinem allegans (‘No se escucha a nadie que alega su propia torpeza’)”
“Según los propios términos de la denuncia, y de las constancias por ella misma acompañadas, los motivos del grupo y sus intereses eran explícitos”, concluye Mola, quien solicitó al juez que entiende en la causa, Ernesto Kreplak, que desestime la denuncia.