Redacción Canal Abierto | Después de meses de conflicto, en el marco de un paro nacional y de una manifestación en la plaza de los Dos Congresos que contó con la presencia de delegaciones de las 62 altas casas de estudio del país, anoche la Cámara de Senadores finalmente aprobó la Ley de Financiamiento Universitario.
La votación fue un batacazo para el oficialismo: 57 votos a favor, solo 10 en contra y una abstención, un guarismo que deja a la ley muy bien pertrechada frente a la amenaza del veto. Además, Senadores finalmente dio de baja el DNU que le había otorgado $100.000 millones extras, discrecionales, a la Secretaría de Inteligencia (SIDE).
Al igual que con la ley de recomposición de las jubilaciones y pensiones, el Presidente Javier Milei ya adelantó que la vetará y el radicalismo, que todavía no se recupera del bochorno de Diputados, otra vez tendría que pilotear con el servilismo al Gobierno de varios de sus correligionarios. En este caso, además, respecto a una cuestión más que sensible para el partido.
A la decisión de vetar la ley se suma otro escollo: gran parte de la población, 3 de cada 4 argentinos, rechaza el recorte presupuestario en educación. Además la enseñanza universitaria es muy valorada, tal como lo revela el informe del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires (UBA) difundido ayer.
El proyecto ahora convertido en Ley viene justamente a palear el congelamiento presupuestario que llevó adelante el Gobierno al prorrogar el de 2023 sin actualizarlo por inflación. Si bien luego de la masiva marcha del 23 de abril se recompuso una parte de los gastos de funcionamiento, los salarios de docentes y nodocentes sufrieron un brutal recorte y nunca se recuperaron. Según estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estos perdieron entre el 35 y el 55% de su poder adquisitivo.
En concreto, la ley plantea un aggiornamento de las partidas presupuestarias destinadas a gastos de funcionamiento de forma bimestral y en función del IPC, al 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024. Y también establece la recomposición salarial de docentes y nodocentes a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma mensual y conforme a la inflación acumulada informada por el INDEC.
Al inicio del debate, el senador por Unión por la Patria, Eduardo “Wado” de Pedro, presidente de la comisión de Educación de la Cámara Alta, dio a conocer más datos que dan cuenta de la necesidad del proyecto. Contó que según surge de las Pruebas Aprender 8 de cada 10 chicos que están por terminar el secundario sueñan y quieren seguir estudiando.
A pesar de esto, denunció, este año el Gobierno redujo a la mitad el financiamiento universitario, permitiendo que el 80% de los docentes tengan salarios por debajo de la línea de pobreza (según datos del CIN). Además, cuestionó el monto de las becas Progresar, que deben servir para que los estudiantes puedan viajar, comprar libros o comer.
“Acompañen este proyecto porque es importante acompañar a las familias que hacen un esfuerzo fenomenal para que algunos de sus hijos puedan progresar”, había pedido el senador.
Abrazo al Congreso
En una nueva jornada de lucha, luego de que gremios y estudiantes acompañaran el miércoles la marcha en defensa de los jubilados, el Frente Sindical de Universidades Nacionales se manifestó desde el mediodía en la Plaza de los Dos Congresos. A la medida para reclamar por la aprobación de la Ley también se sumó la Federación Universitaria Argentina (FUA).
En ese marco, Francisca Staiti, Secretaria General de CONADU Histórica, federación que esta semana llevó adelante un paro de 48 horas, adelantó que “si el Presidente decide vetar la ley, estaremos en las calles y lo haremos con todos aquellos sectores que crean que la salida es defendiendo la educación y la salud pública”.
En la misma línea se expresaron los distintos referentes del sector, entre ellos, Ileana Celotto de AGD-UBA, quien planteó que de vetarse la ley buscarán que se reedite una jornada amplia como la del 23 de abril. “Porque sin docentes y sin no docentes no hay universidad y, sin salario no hay docentes ni no docentes”, señaló.
Además de la caída salarial, el sector universitario y preuniversitario reclama por la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la no actualización de la garantía salarial, la falta de presupuesto para investigación y extensión, y para becas estudiantiles.