Redacción Canal Abierto | Los incendios que azotan distintos puntos de las sierras de Córdoba continúan activos, en particular en la zona del Cerro Champaquí, en el Valle de Punilla y en el Valle de Calamuchita. A estos se sumó el frente de Alpa Corral, al pie de la Sierra de Comechingones, extendiendo sus llamas hacia la provincia de San Luis y posiblemente a la vecina Santiago del Estero.
Al día de hoy, los más de 600 brigadistas que combaten el fuego no dan abasto y reclaman que se declare “emergencia nacional”, pero desde la Casa Rosada elijen mirar para otro lado. Hasta el momento la única ayuda llegó desde distritos como la provincia de Buenos Aires, que aportó dos helicópteros para las tareas de apoyo a las brigadas terrestres.
Para tomar dimensión de lo que está pasando en Córdoba, en pocos días el fuego arrasó con más 12 mil hectáreas, una extensión aún mayor a lo destruido en todo 2010. Esto cuando aún no comienza el verano, la temporada más riesgosa por la falta de lluvias y la gran cantidad de material combustible en el terreno.
La mayoría de los especialistas no dudan sobre la intencionalidad detrás de estos incendios. “El fuego es un negocio, y crece al calor del agronegocio y la especulación inmobiliaria”, apunta el periodista cordobés Juan Yacobs.
En el primero, el fondo de la cuestión sería la quema de monte para la ganadería y la expansión de la frontera sojera; en el segundo, la construcción de countries y barrios acomodados que en los últimos años proliferaron en la provincia mediterranea.
Por lo pronto, ya hay dos detenidos e incluso se investiga la responsabilidad de las Fuerzas Armadas por posibles “prácticas negligentes” durante ejercicios de tiro que podrían haber desencadenado uno o más focos.
Por estas horas, mucho se habla del vínculo entre el negacionismo climático que impera en el Gobierno y la piromanía en pos de estos negociados. Muestra de ello, según cuentan los vecinos de las zonas afectadas, es la aparición de un sinfín de carteles de “se vende” en lotes que por ley no estarían habilitados para la edificación.
Para ilustrar este paradigma, en declaraciones al medio El Resaltador, el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), Eduardo Riera, llegó a responsabilizar por las quemas a la aún vigente Ley de Bosque (justamente, busca establecer un ordenamiento territorial de los bosques nativos para Córdoba).
Algunos focos parecieran estar controlados, en particular aquellos de Capilla del Monte más cercanos al “patrimonio humano” (barrios, emprendimientos turísticos industrias, infraestructura urbana). “En cambio, las zonas de monte los esfuerzos suelen ser menores, se especula con que el viento cambie de fase y vuelva sobre lo quemado, donde se supone ya no queda material combustible”, cuenta Nicolas Pohl, investigador de la Universidad Nacional de Córdoba con contacto directo con las brigadas que luchan contra el fuego en la provincia.
A la sensación de impunidad que hoy envalentonaría a quienes se dedican a quemar el monte, el mileismo suma distintas herramientas legales. Por ejemplo, la derogación de la Ley de Tierras o el desfinanciamiento de la Ley de Manejo del Fuego vía el mega DNU 70/2023 de diciembre pasado.