Redacción Canal Abierto | Primero fue la excusa “no hay plata”, pero rápidamente quedó en claro que había e iba ser repartida -vía exención o rebajas de impuestos- entre los más pudientes de la Argentina. Luego siguió lo que el actual ministro de Salud calificó como una supuesta “mala distribución de los recursos” y más tarde -ya sin tapujos- la confirmación de todas las sospechas, cuando el jefe de Gabinete Guillermo Francos confirmó que evalúan cerrar o traspasar los hospitales públicos nacionales.
La alerta temprana más notoria -y grosera- llegó el viernes 4 de octubre, cuando el Ejecutivo que encabeza Javier Milei anunciaba el cierre del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte. Tras varios días de protestas y toma, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás y edulcorar el ataque como un “proceso de reestructuración”.
Sin embargo, el efecto de la motosierra sobre el sector no comenzó hace un mes ni se circunscribió al Bonaparte: todos y cada uno de los hospitales nacionales vienen sufriendo despidos, faltante de materiales, nula inversión y bajas salariales. Esta última es una de las problemáticas que se viene denunciando desde el Hospital Garrahan, donde muchos de sus trabajadores perciben salarios por debajo de la línea de pobreza (según INDEC, el umbral son los 900 mil pesos).
En diálogo con Canal Abierto, Malena Sayag y Alejandro Lipcovich –trabajadores y delegados de ATE en ambas instituciones insignia de la salud pública argentina- cuentan cómo impactan los recortes y aseguran que tienen un “trasfondo ideológico, por desprecio la salud pública”.
Además, las estrategias organizativas para resistir el embate mileista y un llamado a la comunidad en defensa del sistema sanitario: “Vienen por todo, unificar las luchas es la única manera posible de salir de esta”.
Entrevista: Diego Leonoff (@leonoffdiego)