Redacción Canal Abierto | Las trabajadoras y trabajadores del Archivo Nacional de la Memoria emitieron un comunicado en el que expresan su “preocupación” por la ola de despidos y el desmantelamiento de las políticas públicas de derecho humanos que afectan de manera determinante el funcionamiento de la institución que ya cuenta con más de 20 años de existencia y que funciona en la ex ESMA.
“La pérdida de puestos de trabajo y la amenaza constante de nuevos despidos dificultan el desarrollo de nuestras tareas para poder garantizar la guarda, la preservación y el acceso a los fondos y colecciones documentales que contienen la información sobre el quebrantamiento de los derechos humanos por parte del Estado argentino y las respuestas sociales a los mismos”, comienza denunciando el texto.
La situación se enmarca en un plan sistemático de vaciamiento de sitios y políticas de memoria, verdad y justicia ejecutado por el gobierno de Milei y Villarruel desde el primer día de gestión.
“Esta situación –agregan- también afecta seriamente la capacidad de respuesta de nuestro organismo a las solicitudes de colaboración cursadas por el Poder Judicial en las investigaciones por delitos de lesa humanidad”.
“La pérdida permanente de personal idóneo y experimentado pone en riesgo las tareas de conservación, clasificación, sistematización y guarda de toda la información sobre el accionar represivo ilegal del Estado argentino y desarticula el acompañamiento a las víctimas en la búsqueda de justicia y reparación”.
Además, la denuncia de los empleados, directivos, profesionales y activistas advierte: “Desde la recuperación de los gobiernos constitucionales y el pacto democrático consensuado en la Constitución de 1994, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, son políticas de Estado con jerarquía constitucional que ningún gobierno puede soslayar”.
“Hoy, a 30 años de sancionada nuestra Constitución, nos encontramos resistiendo un avasallamiento sin precedentes que se expresa en la liquidación de organismos vitales para el funcionamiento del Estado, la disolución de programas sociales y la eliminación drástica y sin criterio alguno de la planta de personal del Estado”, señalan, antes de concluir:
“Esta política instrumentada por el actual gobierno, lejos de responder a criterios de austeridad y racionalidad en el gasto público, amenaza el rol del Estado como garante esencial de los derechos individuales y colectivos de toda la población”.
El texto lleva la firma de la Coordinación de Gestión de Fondos Audiovisuales / Archivo Nacional de la Memoria.
Hoy se realizarán tres audiencias ante la CIDH, en la que distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales expondrán sobre los retrocesos en políticas públicas. Memoria, verdad y justicia, prevención, sanción y erradicación de las violencias de género, y políticas sociales y alimentarias son los principales ejes de los reclamos.
Te puede interesar: Los despidos que ordena Petri y celebran los genocidas