Redacción Canal Abierto | Durante la primera semana de implementación del Sistema de Evaluación Pública (SEP) implementado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, el 96,3% de los trabajadores estatales lo aprobaron.
Así lo informó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que, a partir de este dato exige el pase a planta permanente. Cabe recordar que, desde su anuncio, el Gobierno estableció que la aprobación de la prueba no implicaba la garantía de quedar fuera de la motosierra que viene implementando desde su asunción.
El Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que “al Gobierno le salió el tiro por la culata”. “Parece que en el Estado los burros no somos los trabajadores, son los funcionarios que llegaron el 10 de diciembre del 2023. Fracasaron en este intento ilegal de seguir estigmatizando y desprestigiando el empleo público”, indicó el dirigente estatal.
El sindicato informó que 4156 agentes rindieron sus exámenes en esta primera semana en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) con dirección en Av. Belgrano 637, siendo más del 10% del universo que el Gobierno pretende evaluar. De ese total, 4002 fueron aprobados. Estos números implican un 10% del total de trabajadores que fueron citados para rendir el examen.
El sindicato también informó que en el caso del escalafón de servicios generales, el porcentaje de aprobados es más elevado y llega al 98%. Se estima que durante esta semana serán más de 5000 los exámenes tomados y el Gobierno abrirá una nueva tanda de inscripciones debido a la alta cantidad de trabajadores que ya se anotaron para rendir entre diciembre y enero (más de 30.000 hasta el momento).
Al respecto, Aguiar aseguró: “Como era de esperar, todos los exámenes están siendo aprobados por los agentes y según el propio Ejecutivo, se está demostrando su idoneidad. Por lo tanto, debe ponerse a los trabajadores en ejercicio del derecho constitucional de estabilidad y tienen que ser incorporados en la planta permanente del Estado. Subsidiariamente, los contratos deben renovarse automáticamente y por un año como plazo mínimo”.
A pesar de señalar la inconstitucionalidad de la medida desde su lanzamiento, el sindicato realizó un acompañamiento exhaustivo a los trabajadores con el dictado de clases de formación sobre todo los temas.
“La ilegalidad de este sistema de evaluación pública es manifiesta. Aún así, tenemos que destacar el compromiso de nuestro sindicato ya que desde el primer instante los dirigentes y los delegados decidieron estar junto a los trabajadores y acompañar este proceso con cursos de formación y clases de estudio, de apoyo y de repaso”, detalló Aguiar.
Y concluyó: “Después de esto, tenemos que empezar a pensar que tiene que ser evaluado todo el Gabinete. Tenemos que establecer un mecanismo que nos permita tomarle exámenes y dejar en evidencia por su incapacidad de gestión desde los directores hasta los secretarios, subsecretarios y ministros, todos aquellos cargos que no sean electivos”, concluyó Rodolfo Aguiar.