Redacción Canal Abierto | La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el pasado jueves una ley que simplifica el proceso para reclamar la cuota alimentaria. La medida apunta a facilitar el acceso a la justicia de niñas, niños, adolescentes y sus madres, que son las que por abrumadora mayoría -en el 85% de los casos- se hacen cargo de los hogares cuando estos son monoparentales.
El proyecto introduce una serie de reformas al Código Procesal Civil y Comercial bonaerense para dotar a los jueces de más herramientas para hacer efectivo el pago de la manutención.
Impulsada por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia -a cargo de Estela Díaz- y con la autoría de la senadora Sofía Vannelli de Unión por la Patria, la iniciativa recibió el apoyo de todos los bloques, incluido el de La Libertad Avanza.
Según informaron desde la cartera de Díaz, las principales reformas de la ley son:
- – El WhatsApp pasa a ser una forma válida y universal para notificar al deudor alimentario.
- – Establece parámetros para determinar el monto de la obligación alimentaria, como el Índice de Crianza, elaborado por el INDEC. Como explicó Vannelli, esto es clave ya que “permite que esa mamá no tenga que estar juntando tickets para probar cuánto cuesta criar. Ayuda a saltar esos obstáculos”, aclaró.
- – Determina plazos para dar respuesta a la prueba de informes utilizados para determinar el monto de la cuota alimentaria y el nivel de vida del demandado: 5 días para entidades privadas y 7 para públicas.
- – Establece multas e intereses cuando los progenitores no se presentan a las audiencias judiciales sin adecuada justificación porque entorpecen el proceso.
- – Además, organiza cómo se debe definir y cómo se debe seguir adelante cuando existe un convenio firmado entre las partes pero sin homologar.
De este modo, la nueva legislación apunta a fortalecer la autonomía en el proceso de toma de decisiones de las mujeres como usuarias del servicio de justicia, subrayaron desde el Ministerio de Mujeres.
¿Por qué es importante?
En los últimos años, distintos estudios respaldaron con datos el drama que en todo el país viven las madres que crían solas, que además son las que encabezan la mayoría de los hogares con un solo jefe/a de hogar: el 84,5%, según datos del Ministerio de Economía bonaerense.
Un informe de 2022 del Ministerio de Mujeres bonaerense revelaba que 7 de cada 10 mujeres no recibía los aportes correspondientes por parte del progenitor de sus hijos e hijas.
El estudio -que fue el germen del proyecto ahora convertido en ley- también daba cuenta de las graves deficiencias del sistema de determinación y ejecución de la obligación alimentaria para responder a una problemática que afecta a hogares de todas las clases sociales, aunque de forma específica a aquellos de menores recursos.
De acuerdo al citado estudio del ministerio de Economía, las mujeres a cargo de hogares monomarentales tienen jornadas laborales más reducidas, una alta tasa de pluriempleo para poder cubrir las necesidades económicas, e ingresos un 20% más reducidos que los de otras mujeres.
Otro estudio, presentado por el Colectivo Ni Una Menos e Inquilinxs Agrupadxs en agosto de este año, mostraba que los niveles de endeudamiento se disparaban en los hogares monomarentales, alcanzando al 70%. En el 51% de los casos, el destino de la deuda era para pagar otras deudas o bien para pagar alimentos (38%).
Un piso de herramientas
Desde la Asociación de Abogadas Feministas coincidieron en que la ley es un paso muy importante para las mujeres que reclaman por la cuota alimentaria, ya que le da más herramientas a los jueces para hacer cumplir el pago a los progenitores.
“Siempre que nos referimos una ley es muy importante entender que lo que genera es un piso, y eso es muy importante porque las modificaciones que plantea esta legislación en la provincia de Buenos Aires hacen referencia a agilizar el proceso”, afirmó al respecto Melisa García, fundadora de Abofem.
Concretamente -explicó en diálogo con Canal Abierto– la nueva norma les da facultades a los magistrados para fijar alimentos provisorios. Además, abre nuevas posibilidades para la notificación al alimentante (por ejemplo, a través de WhatsApp), e incluso establece sanciones en caso de que no cumplan con la asistencia a las audiencias.
“Ese tipo de acciones, además de agilizar y acortar determinados plazos, ponen las fuerzas en defender los derechos de la persona alimentada, y se termina con esto de dejar supeditado (el pago de la cuota alimenticia) a la voluntad o las posibilidades de la alimentante”, resaltó García.
Primero, puntualizó, al establecer como referencia el Índice de Crianza del INDEC, pero también, al incluir en los protocolos de actuación el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. “Eso también es muy importante porque el Estado, en este caso el poder judicial, se hace cargo del problema”, valoró.
Portada: Gala Abramovich