Por Pablo Carballo | Gonzalo Zamudio es sobreviviente de la masacre de Cromañón y es parte activa de El Camino es Cultural, una de las agrupaciones que reúne a víctimas, familiares y allegados. Desde ese lugar ofrecen distintos servicios de acompañamiento y atención en salud, al mismo tiempo que organizan eventos de índole artística y social sensibilizando a diversos sectores para la promoción de políticas públicas. Esas políticas se orientan a que se reconozca el carácter de violencia institucional en el evento del 30 de diciembre de 2004, donde perdieron la vida 194 personas. En esa clave, han protagonizado, junto a otras siete agrupaciones con intereses similares, la Ley de Reparación Integral que obtuvo sanción a principios de este mes en la legislatura porteña.
El principal o más difundido logro de la norma es que los recursos económicos destinados a atención sanitaria serán vitalicios. “Es un alivio que así sea porque nos evita tener que ir cada tres años a la Legislatura a volver a explicar lo mismo de siempre. Nos ponían en una situación re-victimizante que con esta sanción logramos evitar”, expone Gonzalo.
La Ley 4786 establece, entonces, que la reparación económica integral tenga carácter vitalicio, que se fortalecerán los programas de salud, inserción laboral y asistencia en educación, destinados a una población que se acerca a las 2000 personas, pero todavía está en debate. Por esa razón, en el texto de la Ley se propone ampliar el registro de beneficiarios.
Una cifra en disputa, una población aún desconocida
Una de las pulseadas de la Ley aparenta ser también un forcejeo cotidiano. La inclusión de beneficiarios en el padrón de sobrevivientes se desprende de la cifra en disputa por la totalidad de asistentes al recital de Callejeros en Cromañón. Los números no son caprichosos y, pasadas dos décadas, todavía hay personas que por distintos motivos no han sido reconocidas.
Gonzalo ilustra el debate de este modo: “En la estación Once-30 de diciembre de la línea H, se dice que somos alrededor de 4.500 sobrevivientes. Por supuesto que es un estimado, pero es un número validado por el Estado a través del Gobierno de la Ciudad, que lo reconoce también ahí con el cartel en la estación”.
La organización de la que forma parte Zamudio tiene un formulario abierto para contactarse con posibles sobrevivientes, con el objetivo de tener un censo lo más acabado posible. En ese espacio se indica que, según SADAIC, ingresaron a Cromañón 2811 personas. Hasta la sanción de la Ley de asistencia vitalicia, el padrón de beneficiarios era de 1600. Referentes de las agrupaciones consideran que, si se toman como referencia los números que el propio Gobierno de la Ciudad expone, habría entonces 3000 personas que no reciben asistencia alguna.
En el marco de la pelea por la Ley, se acordaron criterios para que ese padrón de beneficiarios pueda permanecer abierto ante la posibilidad de que muchos sobrevivientes que -por desconocimiento, revictimización u otras razones- no se han acercado a solicitar ayuda, puedan hacer. Si bien muchos de esos criterios dependen de la instancia de reglamentación de la norma, se busca que aquellas personas que tienen reconocimientos parciales, obtenidos en otras instancias, puedan acceder a los beneficios de la legislación. Por ejemplo, “quienes iniciaron procesos judiciales como víctimas, pueden, mediante una certificación, acercarse a la ciudad y ser reconocidos como sobrevivientes y entrar al padrón”, agrega Gonzalo.
Por otro lado, el Gobierno porteño dispone de un programa de salud dirigido a este grupo poblacional, que funciona en la órbita de los hospitales públicos. “Ahí se reconoce a muchos pibes como sobrevivientes y logramos que casi todos los que están en ese padrón también puedan pedir el ingreso a los beneficios de la ley, pero los legisladores del macrismo se pusieron un poco chotos y metieron una fecha límite”, dice Gonzalo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si un sobreviviente ingresó al padrón de salud antes del 14 de agosto de este año, puede pedir el ingreso al padrón. Quienes entraron después de esa fecha, quedan afuera sin una explicación clara, ya que la fecha establecida no obedece a ninguna razón, es totalmente arbitraria.
“Así que ahí está un poco la sensación agridulce, somos muchos los que vivimos militando este año la ley y quedamos afuera, pero bueno, sacando eso -que no es menor- es importante poder reconocer a más sobrevivientes porque no hay número estimado de cuántos podrían ingresar. Tendremos que seguir dándole una vuelta a eso”.
En el proceso de redacción del proyecto, las agrupaciones propusieron reivindicaciones que no lograron plasmar en la normativa aprobada, como el cuidado y mantenimiento del Santuario ubicado en Once. Otros aspectos también excluidos fueron imaginados bajo la concepción de la responsabilidad Estatal como garante de la seguridad en eventos públicos. Capacitaciones para funcionarios públicos, asesoramiento legal para madres, padres y familiares, asistencia en cuestiones referidas a juicios, entre otros aspectos.
La expropiación para el Sitio de Memoria
En 2022 el Congreso Nacional declaró de utilidad pública los inmuebles donde funcionaba el local “República Cromañón”. Por inacción y desidia estatal, corre peligro el proyecto de Espacio para la Memoria que impulsan familiares y sobrevivientes. A pesar de que la norma fue reglamentada en diciembre de 2023, desde el Estado aún no se dieron los pasos necesarios para concretar la expropiación y se corre el riesgo de que pierda vigencia.
La Ley indica que hay un plazo para el juicio expropiatorio. Ese plazo vencía a principios de noviembre de este año y ninguna de las partes interesadas tenía novedades. ¿De quién debían recibirlas? Del Gobierno Nacional. De acuerdo al decreto reglamentario, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es el sujeto expropiante y nunca convocó ni recibió a las y los sobrevivientes de la masacre. Con este panorama, las organizaciones se apuraron a conseguir una prórroga del plazo establecido, con una media sanción obtenida en la Cámara de Diputados. Si bien resta el beneplácito del Senado, hay rumores de que la mencionada área del Poder Ejecutivo habría iniciado los preparativos para el juicio, pero, una vez más, nadie lo confirma a las agrupaciones de familiares y sobrevivientes. Lo que sí saben, y es un trámite fundamental, es que no se hizo la tasación del inmueble, y sin eso no puede iniciarse la expropiación.
“Ese es el estado de situación hoy. La realidad es que para nosotros es relevante, es importante, es una discusión que tenemos que empezar a tener, porque imaginate que una cosa es expropiar y después es construir un espacio de memoria. Venimos pensando, trabajando, discutiendo qué es lo que nos gustaría hacer adentro, pero es algo muy preliminar, después tendremos seguramente que encontrar mecanismos y procesos para ponernos de acuerdo y, bueno, laburar en la construcción del espacio”, finaliza Gonzalo.
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