Redacción Canal Abierto | Como nunca antes, una serie de investigaciones y causas judiciales terminaron por confirmar las maniobras y aprietes por parte de la “mesa judicial” del macrismo a jueces y fiscales.

Y si bien ya era un secreto a voces la identidad de su operador de confianza y encargado de las jugadas más audaces, en las últimas horas fue el propio ex Presidente quien se encargó del escrache con nombre y apellido. “Fue una propuesta de “Pepín” Rodríguez Simón, sí”, contó Mauricio Macri en su primera entrevista (con el canal La Nación +) tras dejar la Casa Rosada. “No era ilegal pero no correspondía por eso al final lo mandamos a aprobación del Congreso de la Nación”, agregó luego de endilgarle el polémico decreto de diciembre de 2015 que designaba como integrantes de la Corte Suprema a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón nunca fue ministro de Justicia ni tenía cargo alguno vinculado a la interacción institucional con el Poder Judicial. Era parlamentario del Mercosur, director en YPF y asesor ad honorem de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. Quien a priori aparentaba ocupar una segunda plana en el gobierno de Cambiemos, en el fondo era el encargado de pergeñar y ejecutar el lawfare desde una oficina contigua a la presidencial.

“Nadie en el mundo judicial podía desconocer el lugar que ocupaba “Pepín” en la mesa judicial macrista, ni la relación personal que tenía con el Presidente. De todas formas, el rol clave de “Pepin” era el de coordinar la presión a través de los medios de comunicación, en especial vía Clarín, La Nación e Infobae”, asegura una importante fuente del Poder Judicial vinculada a la causa, en diálogo con Canal Abierto.

Acostumbrado a moverse entre las sombras, el operador ahora debe soportar que aquellos cañones mediáticos hoy se vuelvan en su contra con la publicación de su rostro e historia en todos los medios nacionales a raíz de la causa que inició Fabián de Sousa contra el ex presidente y su entorno por “asociación ilícita”. El empresario detenido en 2016 y liberado casi dos años más tarde (por entonces, durante una entrevista con Luis Majul, Mauricio Macri se quejaba del beneficio asegurando con total desfachatez “esto no es lo que habíamos acordado”) denuncia un plan de “pinzas” estatal y mediático para despojar al grupo Indalo de sus empresas.

En las últimas horas, y en el marco de esta investigación, María Servini prohibió la salida del país de “Pepín”. La jueza tuvo en cuenta que en los últimos meses el abogado “habría podido viajar al exterior, más específicamente a la República Oriental del Uruguay, aun con las restricciones que en ese momento estaban vigentes en ambos países”. A su vez, Servini planteó la existencia de “un riesgo concreto de parte del imputado, no sólo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tiene en los distintos estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente”.

En efecto, hace semanas que “Pepín” dejó la Argentina y ya mueve sus fichas desde la otra costa del Río de la Plata, pidiendo la nulidad del pedido de indagatoria y cuestionando todas las medidas procesales. “Si hay alguien que sabe de inteligencia es ella, no podía no saber que ya estaba fuera del país”, aseguran en Tribunales. “Si la “Chuchi” (apodo con que conocen a la jueza Servini) no hace lo que tiene que hacer para traerlo de vuelta al país, el pedido fue sólo una decisión abstracta”.

La requisitoria fue formulada luego de que el fin de semana trascendieran más declaraciones públicas que confirman la operatoria de la mesa judicial. En una nota de la periodista Alejandra Dandan publicada en el portal Cohete a la Luna bajo el título “Los miserables”, el fiscal de la Seguridad Social Gabriel De Vedia relató que por su relación laboral con la Procuradora Alejandra Gils Carbó y su relación familiar con Rodríguez Simón había intentado frenar lo que consideró una “persecución” contra la entonces cabeza del Ministerio Público Fiscal. Según el relato, la reunión en Casa Rosada terminó con “Pepín” poniendo como condición del fin de la embestida el paso al costado de la funcionaria. “Pero ella no va a renunciar”, asegura haber dicho de Vedia, a lo que el operador macrista respondió: “y bueno, meteremos presas a las hijas, y a ella. Va por el orden que digo primero”.

El fiscal de la Seguridad Social es experto en esta materia y víctima repetida de las manipulaciones políticas en la justicia. Hasta mayo de 2018 dirigió la Unidad para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises) hasta su desplazamiento luego de que denunciara al entonces titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, por la sospechosa venta de acciones de Petrobras que integraban el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a Pampa Energía -firma de Marcelo Mindlin, aliado de Macri-, que habría generado un perjuicio al Estado. Aquel traslado coincidió con otras maniobras similares, como la remoción del fiscal Juan Pedro Zoni de una fiscalía en Comodoro Py que investigaba el acuerdo para condonarle la deuda al Correo Argentino, empresa de la familia Macri.

En el mismo artículo, Alejandra Dandan recuerda otro hecho de similares características, pero de enero de 2018. A menos de un mes de sancionada la Ley de Movilidad, el por entonces flamante Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, se puso en contacto para pedirle que no diera curso a la catarata de pedidos de inconstitucionalidad de la norma aprobada en dos escandalosas sesiones que terminaron en incidentes en las afueras del Congreso. “Me pidió que no diga que las causas podían ser tramitadas y eventualmente que no diga que era inconstitucional la modificación de la movilidad”, contó De Vedia a El Cohete a la Luna, y recordó cuál fue su primera reacción: “¿Para esto querían que se fuera la Procuradora?”.

El 30 de octubre de 2017, a los pocos días de aquel encuentro entre De Vedia y “Pepín”, Gils Carbó presentaba su carta de renuncia: “a esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal”. En el texto, la procuradora General de la Nación hacía alusión a la a amenaza de “reformas” que impulsaba Garavano con el único fin de desplazarla.

La remoción de Gils Carbó fue una de las primeras batallas político-judiciales de Cambiemos. El 2 de diciembre de 2015, pocos días antes de que Mauricio Macri asumiera la Presidencia de la Nación, el diputado Pablo Tonelli (PRO) declaraba que era una “decisión tomada” relevarla de su cargo mediante un decreto presidencial. Sin embargo, aquella avanzada se desmoronó rápidamente cuando la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco señaló públicamente que el juicio político era “la única vía” para destituirla de su cargo.

La embestida terminó recalando en el plano judicial, cuando en marzo de 2017 el juez Julián Ercolini la imputó en una causa por irregularidades en la compra de un edificio en la calle Perón al 600, donde pasó a funcionar la jefatura de los fiscales. El 12 de octubre de 2017, menos de dos semanas antes de su renuncia, el magistrado resolvió procesar a Gils Carbó. Ese mismo día el diario Clarín publicó el teléfono de una de sus hijas, quien debió soportar una ola de insultos y amenazas.

Pese a que Gils Carbó contaba con el respaldo de la oposición y organismos judiciales internacionales, Mauricio Macri aprovechó para arremeter contra la funcionaria, a quien acusó de no tener “autoridad moral para ejercer el cargo”.

En una entrevista reciente con Radio del Plata, el presidente Alberto Fernández contó que en aquel entonces se reunió con Ercolini, con quien mantuvo una conversación reveladora: “le dije que era un disparate, vi como se agarraba a cabeza y me decía: ‘Pero es lo que tengo que hacer, la tengo que procesar”.

“En cualquier área del derecho -sea en el civil, el comercial, el laboral o el administrativo-, los actos jurídicos son nulos cuando hay un vicio en el consentimiento, es decir, si no hay discernimiento o no hay libertad detrás de un acto. Gils Carbó no hubiera renunciado si no fuera por toda esa persecución hacia ella y su familia”, concluye la misma fuente judicial consultada por este portal.

Ya no cabe ninguna duda del lugar que ocupaba “Pepín” en la mesa judicial de Cambiemos, sus modus operandi, las consecuencias de sus planes sobre instituciones del Estado y personas e incluso qué intereses escondían aquellas maniobras. Ahora sólo resta conocer la cadena de responsabilidades, las razones por las que este oscuro personaje hablaba en nombre de Mauricio Macri y mantenía reuniones en una oficina de Casa Rosada contigua a la presidencial. En definitiva, determinar si Rodríguez Simón ocupaba el lugar de títere o titiritero.

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