Redacción Canal Abierto | La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a más de 200 millones de trabajadores en 169 países, emitió una carta dirigida al Secretario de Derechos Humanos de la República Argentina, Alberto Baños, expresando su creciente preocupación por la ola de despidos que afecta al personal de ese organismo.
En la misiva, la organización sindical subraya que la Secretaría de Derechos Humanos juega un papel crucial en la preservación de las políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina, y que los despidos “están socavando décadas de trabajo colectivo”.
“No solo comprometen el funcionamiento operativo de las distintas áreas del organismo, sino que también debilitan el compromiso de Argentina con la garantía de no repetición de las violaciones a los derechos humanos”, sostiene la CSI en la carta firmada por su secretario general Luc Triangle.
La carta exige que el secretario Baños brinde explicaciones claras sobre las razones detrás de estos despidos y toma de decisiones, que según la CSI, transgreden los tratados internacionales suscritos por Argentina e incorporados a su Constitución Nacional. Asimismo, la organización internacional insta a la adopción de medidas inmediatas para revertir esta situación y garantizar la continuidad de las políticas de derechos humanos en el país.
“Las áreas bajo su responsabilidad no son meros organismos administrativos; son un soporte fundamental en la defensa y promoción de los derechos humanos. Su debilitamiento pone en riesgo el compromiso estatal con las políticas públicas de memoria, que forman parte de un consenso universal”, manifiesta la CSI.
Finalmente, la Confederación Sindical Internacional hace un llamado urgente para la reincorporación de los trabajadores despedidos, con el fin de asegurar los recursos necesarios para el buen funcionamiento de estas dependencias y garantizar el desarrollo de juicios por delitos de lesa humanidad.
De esta forma, el pedido de la CSI se suma al reclamo de otros referentes y organizaciones de la sociedad civil, así como a decisiones judiciales como la resuelta hace tan solo una semana por el juez Ariel Lijo, a instancias de una denuncia impulsada por la diputada porteña y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, Victoria Montenegro.
La resolución obliga al Estado nacional a garantizar personal capacitado, mantenimiento, limpieza y conservación del archivo en los ex centros clandestinos de detención de la ESMA, el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos.