Redacción Canal Abierto | La muerte del repartidor de pizzas, Lucas Aguilar, desencadenó un intercambio en redes sociales que volvió a poner en foco un debate que se había desdibujado: la puja por la transferencia de fondos de Nación a las provincias.
En un intento por capitalizar la muerte del joven de Moreno —quien fue apuñalado durante un intento por defender a un vendedor ambulante de su agresor—, el presidente Javier Milei salió a criticar al gobernador de la Provincia de Buenos Aires. “Lucas es un Héroe y una inspiración para todo el pueblo argentino y en particular para los bonaerenses, que ante la desidia, la inoperancia y el garantismo del gobernador (Axel) Kicillof, está sufriendo una catastrófica ola de inseguridad que está terminando en un baño de sangre para la gente común”, publicó en sus redes sociales. Y anunció que crearía la Condecoración al Valor del Hombre Común, que sería entregada por primera vez y póstumamente al repartidor de pizzas.
Como respuesta, el gobernador replicó: “Usted tiene derecho a hacer campaña electoral pero no a hacer marketing con el dolor y la tragedia”. Luego planteó que “en nombre del ajuste salvaje” que está realizando, Milei está “pulverizando los ingresos, la producción y el trabajo nacional agravando así —y con sus agresiones, descalificaciones e insultos— la violencia social”. “Si realmente quiere colaborar con nuestra provincia podría empezar por devolver los 749 mil millones de pesos del Fondo de Seguridad de los que se apropió ilegalmente”, sentenció. Y remató: “no todo vale por un voto”.
Según explicó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, ese dinero que el Presidente no está enviando a la Provincia de Buenos Aires es un “fondo creado por ley para financiar la política de seguridad”. “Entonces, no nos dan los recursos para invertir y fortalecer nuestra capacidad, y al mismo tiempo tenemos una crisis social que avanza”, detalló.
El achique
En efecto, el último año —y primero de la presidencia libertaria— se vio marcado por drásticos ajustes fiscales.
Un reciente informe sobre el impacto fiscal de 2024 en el sector público nacional, elaborado conjuntamente por el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), explica que el superávit de $1,7 billones del que se jactó el Gobierno se logró gracias a un recorte del gasto público del 26% real interanual. Y, en detalle, que fueron las provincias el segundo sector más recortado, luego del gasto de capital (-75,9% interanual).
Las transferencias corrientes a provincias perdieron en doce meses el 68,4% de sus fondos, respecto de 2023. Los principales ajustes fueron en las partidas transferidas para Educación (-70,3% interanual real) y para Seguridad Social (-100% interanual real). Se verifican también potentes ajustes en las partidas para políticas alimentarias y el Fondo de Incentivo Docente. Además, fue eliminado el Fondo de Fortalecimiento de la Provincia de Buenos Aires.
Por su parte, la consultora Vectorial confirmó, tras la publicación de los datos fiscales de las provincias correspondientes al tercer trimestre de 2024, que las mismas atraviesan una “delicada situación”.
“Todas las jurisdicciones analizadas han debido recurrir a un achique sustantivo en las prestaciones de sus gobiernos provinciales para garantizar en muchos casos un resultado escueto”, detalla.
En ese sentido, la consultora comparó la evolución real de las ejecuciones presupuestarias provinciales con las de 2022, donde hubo una dinámica dispar y “muchos casos de achicamiento considerable del resultado, como sucede en la Provincia de Buenos Aires (-89%), Chaco (-79%) y Catamarca (-58%)”.
Además, detalló que sólo en Neuquén la mejora en los saldos reales se debe a que incrementó sus propios recursos disponibles, impulsados por Vaca Muerta, mientras que en el resto de las provincias donde hay una mejoría en el resultado “es por un achicamiento del gasto de mayor profundidad que la caída de los ingresos”.