Redacción Canal Abierto | En una decisión que sacude el ámbito judicial y político, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves, por mayoría, el pedido de licencia extraordinaria presentado por Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 de Comodoro Py.
Con este fallo, el magistrado no podrá asumir, al menos por ahora, el cargo de ministro del máximo tribunal al que fue designado por decreto por el presidente Javier Milei, dejando en suspenso una de las movidas más controvertidas del Ejecutivo en materia judicial.
La resolución contó con los votos en contra de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla (este último, en su debut tras la designación presidencial a dedo). De esta manera, confirmaron lo que venían planteando numerosos juristas: que el juez no puede integrar la Corte sin antes renunciar a su puesto actual en Comodoro Py, un requisito que Lijo ha evitado cumplir hasta el momento.
En disidencia, Ricardo Lorenzetti se pronunció a favor de la licencia, evidenciando las sospechas de ser él mismo el promotor de la candidatura de Lijo.
El trasfondo de esta decisión tiene raíces en el intento del Gobierno de Milei de cubrir las vacantes en la Corte Suprema, que lleva casi un año funcionando con apenas tres miembros tras las salidas de Elena Highton de Nolasco en 2021 y Juan Carlos Maqueda en diciembre pasado.
El 25 de febrero el Presidente firmó el Decreto 137/2025 designando en comisión a Lijo y a García-Mansilla, una maniobra que esquivó la necesidad de aval parlamentario inmediato pero que desató críticas por su cuestionada legitimidad constitucional.
Mientras García-Mansilla logró jurar y asumir su cargo, la situación de Lijo quedó en un limbo tras su solicitud de licencia, aprobada inicialmente por la Cámara Federal porteña, pero ahora bloqueada por la Corte.
El rechazo deja al juez federal en una encrucijada: si desea ocupar la silla en el máximo tribunal, deberá renunciar a su juzgado en Comodoro Py, cargo que ocupa desde 2004 y en el que suele “dormir” cuantiosas causas de corrupción contra figuras de todo el espectro político.
Fuentes cercanas al magistrado habían adelantado que Lijo no daría «un salto al vacío”, especialmente porque su designación en comisión tiene fecha de vencimiento a fin de año, a menos que el Senado le otorgue el acuerdo definitivo con una mayoría calificada de dos tercios.
El caso de Lijo no solo expone las tensiones dentro del Poder Judicial, sino también las dificultades del oficialismo para consolidar su influencia en la Justicia.
En el Senado, donde los pliegos de ambos candidatos aún esperan tratamiento, la oposición mantiene una postura ambivalente: algunos senadores sostienen que el rechazo al pliego de Lijo sigue siendo viable, mientras que el oficialismo argumenta que García-Mansilla solo podría ser removido por juicio político. Esta controversia se suma a las críticas de organizaciones civiles como Poder Ciudadano, ACIJ, Inecip y CELS, que esta semana presentaron un amparo para anular las designaciones por considerarlas violatorias del procedimiento constitucional.
El impacto de esta decisión trasciende el destino individual de Lijo. En Comodoro Py, la eventual salida del juez dejaría un vacío significativo, reduciendo a siete los magistrados activos de los doce tribunales federales porteños.
A medida que se acerca la próxima sesión especial en el Senado, prevista para la semana entrante, el futuro de Lijo y el equilibrio de poder en la Justicia argentina permanecen en un delicado compás de espera.
¿Renunciará Lijo a su histórico juzgado para asumir el riesgo? Solo el tiempo, y quizás el Senado, lo dirán.