Redacción Canal Abierto | El Gobierno apuesta a lograr hoy un dictamen favorable en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para el DNU 175, y luego tratarlo en Diputados en una sesión especial el miércoles. Con este decreto, el Presidente pretende habilitar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos detalles no se conocen pero que algunos economistas ya califican como “nafta para apagar el incendio”.
Es el caso de Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y fundador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), quien asegura en un informe que el Gobierno “se propone reemplazar una deuda intrasector público, flexible y sin condicionamientos como las Letras Intransferibles, por un endeudamiento con un acreedor externo que impone estrictas condicionalidades y tasas de interés significativamente superiores”.
A modo de ejemplo, Lozano explica que la idea de Javier Milei es como “pedir un préstamo bancario, que paga intereses y tiene plazos, para cancelar una deuda con nuestro padre”.
Los trascendidos hablan de que este nuevo préstamo podría oscilar los US$ 23.900 millones, de los cuales US$ 10.000 millones se destinarían a la recompra de Letras Intransferibles y el resto a la refinanciación del acuerdo de 2022 con el organismo internacional de crédito.
Crear la crisis para pagar la crisis
Desde el estudio, el IPyPP rebate el argumento oficial que justifica la operación como una forma de cancelar supuesta deuda “kirchnerista”, al que califica de “falaz y engañoso”.
“Se supone que este endeudamiento se justifica en la necesidad de afrontar la crisis de divisas, pero lo paradójico es que dicha crisis es producto directo de la política económica de este gobierno, que ha incentivado el drenaje de dólares mediante la apreciación cambiaria, la desregulación financiera y el sostenimiento artificial del tipo de cambio”, diagnostica el informe.
También considera que es violatorio de la Constitución Nacional, en su artículo 75 que establece que el Congreso debe aprobar el endeudamiento público y que repite y agrava “la ilegalidad original del préstamo stand-by de 2018, que, como ya se ha denunciado, violó los propios estatutos del FMI al conceder un crédito que superaba ampliamente la cuota del país y se otorgó en un contexto de fuga masiva de capitales”.
Un acuerdo geopolítico
“La situación de Argentina frente al FMI ha estado marcada por una constante renegociación de deuda que, lejos de representar una solución estructural, ha perpetuado la dependencia del país con el organismo y sus condicionamientos —afirma Lozano—. Esta operación somete la política económica argentina a una mayor supervisión externa”.
Para detallar esta dependencia económica, el informe del IPyPP plantea que “el trasfondo de este nuevo acuerdo, como en 2018, no es meramente financiero, sino geopolítico” ya que su intención es “alinear a Argentina” con los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región “y limitar su margen de acción frente a China”.
Pese a todo, sectores de la «oposición dialoguista» ya están anticipando su acompañamiento, como la Coalición Cívica. El partido emitió un comunicado explicando sus razones y su líder, Elisa Carrió, al tiempo que advirtió que no comparte el programa económico ni el uso de un decreto para esta medida, aprueba el DNU por “última vez” porque “el pueblo argentino está por encima de este Gobierno”.
Por su parte, la solicitud de la sesión especial del miércoles lleva las firmas de Gabriel Bornoroni, el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), y de Cristian Ritondo, el titular de la bancada PRO, cuya clasificación de «oposición» está cada vez más en duda.
Ilustración: Marcelo Spotti