Redacción Canal Abierto | Esta semana, los estudiantes privados de la libertad fueron noticia por protestar en contra de una resolución emitida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que restringe el acceso a la educación superior en contextos carcelarios. En las noches del martes y el miércoles, un grupo de presos de la unidad penitenciaria de Devoto -donde desde 40 años funciona el Centro Universitario homónimo, reconocido internacionalmente- hicieron batucadas, un banderazo y prendieron fuego algunas prendas para llamar la atención.
Si bien la medida fue levantada por los medios como “un motín”, en realidad se trató de una protesta pacífica, tal como lo aclaró Juan Parchuc, director del Programa de Educación en Contextos de Encierro de la UBA, en diálogo con Canal Abierto. Las consignas de las banderas colgadas de las rejas tampoco dejaban margen de dudas sobre el tono de la acción: “Tenemos derecho a la educación 1985-2025″, y “La Universidad es de todos. CUD. 40 años”.
No obstante esto, según denunciaron desde el colectivo de educación en cárceles, Punto de Fuga, el Servicio Penitenciario Federal no tardó en aplicar sus represalias. En las últimas horas se conoció que se limitaron los cupos de inscriptos a las materias, impidieron la apertura de las oficinas de las carreras de la UBA y vedaron el acceso al CUD a los integrantes del centro de estudiantes, que son quienes se encargan de limpiar y organizar el espacio para garantizar su funcionamiento.
Así lo aseguró Inti Constanzo, docente, licenciado en Ciencia Política y tallerista del programa UBA 22 de Educación en Cárceles de la carrera de Sociología. Concretamente, “en las últimas 72 horas, las personas privadas de la libertad no pudieron acceder al centro universitario”, aseguró. “Ni siquiera a quienes estaban inscritos a materias, y más grave aún, el Servicio Penitenciario dispuso la intervención de celadores en el propio territorio del CUD, lo cual es inconstitucional y viola flagrantemente la Autonomía Universitaria, ya que ninguna fuerza federal puede ingresar a espacios que son propiedad y tienen convenio con la Universidad de Buenos Aires”, explicó.
Constanzo añadió que a los estudiantes privados de su libertad también se les impidió una actividad tan cotidiana como administrar el contacto con los coordinadores externos de las carreras. “Incluso –afirmó- en un acto de deshumanización total, se les llegó a prohibir y advertir que no podían bajar a las cursadas siquiera con galletitas o comida para los recreos”.
“Esto evidencia que esta política no busca ni la reinserción ni que las personas privadas de la libertad puedan acceder al tratamiento penitenciario como se argumentó en la resolución, sino que es lisa y llanamente una política de crueldad que quiere recortar el acceso a un espacio educativo”, denunció.
Cabe recordar que el 25 de marzo pasado, el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich emitió una resolución mediante la que inhabilitó el funcionamiento de los centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal y prohibió la permanencia de las personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario de clases.
Rápidamente, la medida despertó el rechazo en diversos ámbitos vinculados a la educación en cárceles y los derechos humanos. La Red Universitaria de Educación en Contextos de Encierro, con presencia en unas 20 facultades y 50 unidades penitenciarias de todo el país, pidió su nulidad y advirtió que la resolución restringía seriamente el derecho a la educación. En el mismo sentido se expresó la Procuración Penitenciaria, que la semana pasada presentó un hábeas corpus que ahora será elevado a la Corte Suprema de la Nación, tras ser rechazado en dos instancias anteriores.