Redacción Canal Abierto | Acorralado por el rechazo de su postulación en el Senado y la cautelar del juez federal Alejo Ramos Padilla que le impedía decidir en los expedientes que llegaran a la Corte Suprema, finalmente renunció Manuel García Mansilla, quien había jurado el 27 de febrero luego de ser designado por DNU por Javier Milei junto a Ariel Lijo, cuyo pliego también fue rechazado por la Cámara Alta del Congreso y ni llegó ocupar su sillón en el cuarto piso del palacio de Tribunales.
Ambos nombramientos fueron ampliamente cuestionados por organizaciones y referentes vinculados el mundo judicial.
El ex magistrado le envió su carta de renuncia al Presidente, justificándose por haber aceptado el nombramiento, “con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente”.
Insólitamente, García Mancilla se jacta de haber rechazado la llegada de Lijo a la Corte: “Luego del nombramiento en comisión, todos los jueces de la Corte Suprema me tomaron el juramento previsto en el art. 112 de la Constitución Nacional. Me integré inmediatamente a los acuerdos del Tribunal y resolví junto con mis colegas numerosas causas. La primera de ellas fue el rechazo al pedido de licencia presentado por el Dr. Ariel Lijo. Recién ahí, una semana después de que acompañara ese rechazo y ante de la posibilidad cierta de que interviniera en casos de trascendencia pública, es que se activó una definición en la Comisión de Acuerdos que derivó luego en la sesión del 3 de abril en la que se rechazó mi nominación”.
“Es evidente que no hay una real consciencia de la dimensión del problema que toda esta desidia institucional ha venido causando en los últimos años”, dice, el texto, en relación a la actual conformación de la Corte con tres integrantes, y agrega: “La decisión que Usted tomó con el decreto 137/25 rompía con ese círculo vicioso. Por eso la acompañé, convencido de la estricta constitucionalidad de la medida y de que había que dar un paso en esa dirección. Sin embargo, es indudable también que hay una gran parte del sector político que acepta sin mayor cuestionamiento que queden sin cubrir cargos de trascendencia, incluidas las vacantes en la Corte Suprema. Basta ver lo que ocurre con la falta de nombramiento de un Procurador General de la Nación definitivo -que se demora hace más de siete años-, del Defensor del Pueblo -que está vacante hace más de 15 años-, o de la enorme cantidad de vacantes que también existen en fiscalías, defensorías y los más de trescientos cargos sin cubrir en juzgados de primera instancia y tribunales de cámara a nivel federal. En el caso del poder judicial federal, esa situación de verdadero vacío fue denunciada públicamente hace ya más de veinte años”.
Durante su estadía, Mansilla aprovechó para estampar su rúbrica en los expedientes que subieron al alto tribunal.
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La carta completa
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