Redacción Canal Abierto | El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°16, a cargo de Mariano Iturralde, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría General de la Nación, y anuló parcialmente una resolución dictada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que restringe “de forma casi absoluta el acceso a la vida universitaria”, según explicó la misma Procuración al informar sobre la medida judicial.
En concreto, el tribunal suspendió la aplicación del artículo 2º de la resolución que le prohibía a los estudiantes en contexto de encierro asistir al centro universitario fuera del horario de clases. Con esa medida, “se les impedía estudiar fuera de sus pabellones, utilizar computadoras, acceder a la biblioteca o participar en actividades extracurriculares, de investigación o de extensión universitaria”.
Ahora, el tribunal le ordenó al Servicio Penitenciario permitir que los estudiantes -tanto del Centro Universitario de Devoto, donde la semana pasada se dieron una serie de protestas, como de los dos que existen en la cárcel de Ezeiza- permanezcan en los centros universitarios “durante el tiempo que resulte necesario” para estudiar y realizar actividades educativas. Cuál es ese tiempo “necesario” será definido por esa fuerza de seguridad en conjunto con autoridades de la Universidad de Buenos aires.
Al fundamentar su resolución, el juez expresó que “la progresividad en materia de enseñanza desaconsejaría, en principio, la reducción o anulación de espacios específicamente propicios para el estudio, en cuanto a ambiente y recursos”, como material bibliográfico y el acceso a internet, “en comparación con el escenario que puede imaginarse en los pabellones de alojamiento y/o de otros usos comunes con el resto de la población carcelaria”.
También advirtió que la aplicación lisa y llana de la resolución dictada por Bullrich, “tiene entidad para ocasionar serios obstáculos y retrasos en la carrera académica” al restringir el acceso a los espacios de estudio solo en horario de clase. “Considerar que el proceso de aprendizaje (y enseñanza) se limita a las horas cátedra de conocimiento impartido por un docente contraría los estándares de un proceso educativo de calidad”, acotó el magistrado.
Desde la Procuración además aclararon que la decisión judicial garantiza que los estudiantes universitarios puedan continuar con sus estudios, y no se restrinja su acceso a la educación superior mientras se tramite la acción de habeas corpus colectivo que aún se encuentra en curso. Esta decisión judicial estará vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva en dicha acción, indicaron.
Por la anulación total de la resolución
Si bien valoraron la medida judicial como “una péquela victoria”, desde Puntos de Fuga, un colectivo con una importante trayectoria de educación en cárceles, advirtieron que aún sigue vigente el artículo 1° que prohíbe el funcionamiento de los centros de estudiantes.
“La decisión de eliminar los centros de estudiantes, más allá de que es persecutoria de la organización estudiantil y de cualquier espacio que pueda desplegar algún tipo de pensamiento crítico, es una decisión que en la práctica busca desarticular el programa (de educación en cárceles)”, indicó uno de sus integrantes, Inti Constanzo, en declaraciones a Punto Cero Radio. “Porque al eliminar los centros de estudiantes en cárceles federales lo que se impide es el funcionamiento real de esos espacios universitarios”, agregó.
En ese sentido, recordó que los centros universitario son territorio de la UBA, en los que rige la autonomía universitaria y a los que, por tanto, el servicio penitenciario no puede ingresar. Por ese motivo, son los propios estudiantes organizados en el Centro los encargados de llevar adelante todas las tareas necesarias para garantizar su funcionamiento: desde la apertura y el mantenimiento del espacio y los materiales educativos, hasta la coordinación con los docentes.
Además, los centros de estudiantes organizan otras actividades “muy importantes para la resocialización o el intento de repensar los proyectos de vida”. “Por ejemplo, habían organizado una asesoría jurídica integrada por los propios presos que se recibieron, así como otro espacio de Extranjería, y tenían un sindicato con el que recorrían los pabellones relevando situación de los presos”. Por eso, destacó, “lo que se está desarmando es la posibilidad de acceder a los derechos mínimos que tienen como ciudadanos y ciudadanas”.