Redacción Canal Abierto | El reciente acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo de USD 20.000 millones, anunciado el pasado 11 de abril, viene acompañado de exigencias múltiples que en el corto y mediano plazo afectarán la vida de los argentinos.
«Estamos dispuestos a adoptar cualquier medida adicional que resulte apropiada para este fin y consultaremos con el personal técnico del FMI sobre la adopción de estas medidas, de conformidad con las políticas del Fondo, absteniéndose de aplicar políticas incompatibles con los objetivos y compromisos del programa aquí contenidos», dice la letra chica del pacto sellado por Javier Milei y Luis “Toto” Caputo.
A continuación, algunos puntos clave del staff report elaborado por el organismo a pocas horas de conocido el acuerdo que consolida a nuestro país en el mayor deudor del organismo (el 45% de su cartera crediticia corresponde a la Argentina).
¿Paritarias? Afuera!
En el texto, el organismo planteó la necesidad de “contener las presiones salariales” para evitar una recomposición de ingresos, que pueda alimentar la inflación. Según el informe técnico del FMI, los salarios en dólares han vuelto a niveles de 2018, y un aumento significativo podría desestabilizar los avances en la desinflación. Esto implica que las negociaciones paritarias deberán alinearse por debajo de la inflación proyectada (entre 18% y 23% para fines de 2025), limitando el poder adquisitivo de los trabajadores.
Aunque sin explicitar en qué medida o sus alcances, el organismo recomienda la implementación de una reforma del mercado de trabajo. El antecedente inmediato es el DNU 70/2023 de diciembre de 2023, cuyo capítulo laboral se encuentra paralizado por la Justicia por atentar contra derechos consagrados en la Constitución.
Los jubilados, un objetivo recurrente
Una reforma integral del sistema previsional antes de diciembre de 2026 es otro de los pilares del diseño del FMI. Aunque se plantee como una de las garantías de “sostenibilidad y equidad”, en la práctica se traduciría en aumentos aún más acotados y una revisión de los regímenes especiales, lo que genera inquietud en un contexto de alta vulnerabilidad social.
Acelerar las privatizaciones
El FMI exige avanzar con el desguace de empresas públicas incluidas en la Ley Bases. En primer término, el organismo solicitó un informe detallado sobre cada una y un cronograma claro para su transferencia o concesión al sector privado, en línea con la agenda de desregulación del Gobierno.
Entre otras cosas, las críticas al respecto apuntan a la pérdida de soberanía y empleos en sectores estratégicos.
Tarifazos
La reducción de subsidios a la luz y el gas es una prioridad inmediata: ara 2025, el FMI exige el fin de la segmentación actual de tarifas. ¿El resultado inmediato? Que unos 3 millones de usuarios de clase media paguen el costo pleno de los servicios.
Según el informe, el Gobierno debería apuntar a “mejorar la focalización de la asistencia social” mediante un registro único, lo que podría implicar recortes en prestaciones para sectores no considerados “prioritarios”.
El extractivismo avanza
El acuerdo habla de un «boom exportador» en sectores como la minería y la energía para engrosar las reservas. El Fondo destaca el «vasto potencial» de Argentina en estas áreas, promoviendo la desregulación para atraer inversiones extranjeras. Por supuesto, nada dice del impacto ambiental y sociales, ni del riesgo de depender únicamente de los precios internacionales de commodities.
Una deuda hasta, al menos, 2039
El programa de Facilidades Extendidas tiene una duración de 48 meses, con un plazo de repago de 10 años y un período de gracia de 4 años y medio para los pagos de capital.
A partir de 2027, cuando termine el mandato de Javier Milei, aumenta la presión de desembolsos.