Por Gladys Stagno | Luego de que el colectivo integrado por personas, familiares y organizaciones que trabajan en el área lo militaran e impulsaran, las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) han expresado públicamente su rechazo al proyecto de Ley sobre Emergencia en Discapacidad. En su comunicado, sostienen que tal emergencia es “supuesta” y no real.
La iniciativa, que está próxima a tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación, prevé la declaración de la emergencia en el área de discapacidad hasta el 31 de diciembre inclusive, y establece una serie de medidas de protección y promoción de derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores de servicios para el sector, en el marco de un deterioro de larga data.
“Este posicionamiento revela, lamentablemente, un profundo desconocimiento de la situación que atraviesan las personas con discapacidad en nuestro país”, sostienen desde el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En la misma línea, elevaron una carta dirigida a Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, donde enumeran la serie de negaciones en las que incurre el organismo al rechazar el proyecto.
Entre ellas, que peligran múltiples pensiones no contributivas y que muchas personas —entre ellas niños y niñas— con discapacidad están enfrentando “serias dificultades para acceder a rehabilitación, educación, apoyos, transporte, medicación y demás servicios esenciales” a causa del desfasaje en los pagos y montos asignados a las prestaciones previstas en la Ley 24.901.
La emergencia “supuesta”
Entre las medidas que contempla el proyecto se encuentran la actualización de dichas prestaciones, la actualización del monto de la asignación mensual de estímulo para los trabajadores del empleo protegido —que no se ajusta desde febrero de 2023— y la creación de una pensión para “las personas con discapacidad que cuenten con el CUD (Certificado Único de Discapacidad) correspondiente, o de setenta (70) o más años de edad sin suficientes recursos propios, no amparadas por un régimen de previsión”.
“No parece representar un motivo de preocupación, según su declaración, que muchas personas con discapacidad, que gracias a distintos apoyos han podido salir del aislamiento y participar en actividades significativas, corran el riesgo de perder esos avances —le dicen a Spagnuolo en la carta—. Tampoco que el acceso al transporte para concurrir a tratamientos esté comprometido por los bajos aranceles o por la falta de transporte público accesible. Ni que hogares o residencias para personas sin red familiar estén en riesgo de cierre por desfinanciamiento. Ni que la medicación imprescindible no llegue, con la frecuencia y continuidad necesarias, a quienes dependen de ella para vivir con dignidad”.
“En ese contexto, resulta difícil comprender cómo pueden afirmar que esta emergencia es un invento o una construcción interesada”, aseguran.
Asimismo, le reclaman que en su rol de funcionario que encuentre “los caminos para implementar políticas públicas que respondan a las leyes nacionales y tratados internacionales vigentes” para garantizar oportunidades reales de desarrollo y participación a las personas con discapacidad, y que “convoque a reuniones para tratar incrementos”.
Según detallan, actualmente son más de 2 millones las personas con discapacidad que viven en la pobreza y existen más de 500.000 solicitudes de pensión aún sin resolver.