Redacción Canal Abierto | Rocío Silva-Santisteban se define como ecofeminista. Es abogada, periodista, escritora y profesora universitaria. Hace casi 20 años que trabaja en la defensa de los derechos humanos, especialmente de quienes defienden los territorios en conflictos extractivistas, mineros y petroleros en el Perú.
Uno de los hitos en esta tarea fue en Cajamarca, donde una fuerte movilización popular logró parar, por el momento, el proyecto minero Conga, a pesar de la represión estatal que se cobró la vida de cinco manifestantes -el 3 de julio de 2012.
Entre 2020 y 2021, ocupó una banca en el Congreso de la República en representación del Frente Amplio de Lima, su ciudad, y ocupó interinamente la Presidencia del Congreso. En ese momento, frente al golpe o autogolpe de Pedro Castillo, su nombre fue uno de los que circuló para ocupar la presidencia del país tras la salida del Presidente.
“La situación del extractivismo es tremenda en el Perú porque se está dando en el momento en que el país está apostando todas sus baterías hacia la minería como motor del desarrollo. En el año 1997, que fue el superciclo de los metales, Perú tenía unas 15 millones de hectáreas concesionadas y en 2013 hubo 26 millones, un incremento del 21 por ciento, debido al alza del precio del oro y del cobre”, cuenta Rocío en el marco del encuentro del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur que se dio cita en Buenos Aires, en el predio Casa Nazareth, en cuyos jardines Canal Abierto diálogo con ella.
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“En estos momentos estamos en un proceso minero extractivista compulsivo tremendo. Las grandes empresas han entrado al país, especialmente en espacios indígenas. En esos territorios se han dado concesiones mineras a diestra y siniestra, sobre todo en el gobierno de Alan García (2006 al 2011) y hay provincias y distritos del país que están concesionados al 110%. O sea, la iglesia está concesionada, la escuela está concesionada, hay concesión sobre concesión sobre concesión”.
¿Quiénes participan de este negocio y de esta rifa de concesiones?
-El Estado, y no solamente el gobierno central, sino los diversos gobiernos anudados entre sí están apoyando el extractivismo con criminalización de la protesta, con estados de emergencia. En el Perú hay en estos momentos varios espacios mineros con estado de emergencia (estado de excepción lo que en Argentina se denomina estado de sitio) que se renuevan indefinidamente. El corredor minero del sur (una zona de unos 400 kilómetros que atraviesa regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa, ricas en cobre) tiene estado de emergencia hace 5 años.
En esa en esas zonas ha habido mucha criminalización, ha habido mucho hostigamiento, ha habido violencia sexual contra las mujeres de parte de sectores de seguridad de las empresas mineras y también de la policía.
¿Cómo es el rol de las luchadoras contra el extractivismo?
–El rol de las mujeres en en el ámbito extractivo es tremendo porque tienen que luchar contra las empresas extractivas, tienen que luchar contra el Estado y su propuesta política y, muchas veces, contra los propios compañeros que las ponen adelante en las movilizaciones, pero a la hora de la mesa de diálogo: ‘ah, no, vayan ustedes a la cocina’.
Entonces, esa esa lucha ha sido tan intensa, tan potente que muchas mujeres de la Amazonía, de la sierra sur y norte, han conseguido un liderazgo ético, porque no las dejan participar de los espacios de dirigencia. Entonces, ellas, aparte, han conseguido un liderazgo ético.
Mari Luz Canaquiri, una mujer kukama, acaba de ganar el premio Goldman esta semana. Y lo ha ganado porque junto con sus compañeras Kukama convencieron a un compañero mío, abogado de derecho constitucional, de poner una acción constitucional para que se declare el río Marañón como sujeto de derecho. El Marañón con el Ucayali se unen y dan vida al Amazonas. Entonces, ese es un gran triunfo y un gran triunfo que muchas veces las dirigencias no miran.
Justo acabo de publicar un libro de testimonios sobre mujeres defensoras del sur andino y una de las compañeras, que dio un un testimonio para mi libro, la señora Virginia Pinares, que el año 2023 ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos, como defensora de su zona firmó una serie de pedidos de garantías a la Policía Nacional para hacer unas movilizaciones. En esas movilizaciones hubo hechos de violencia y ella fue sentenciada a 9 años de cárcel. Hace tres días, la segunda instancia declaró a todos inocentes. Pero ya pasó por todo lo anterior y es una mujer mayor, una mujer que tiene hijos que también trabajan en el tema socioambiental y son perseguidos y hostigados.
A las mujeres, a nosotras, nos acusan de terrucas, que es como decimos en el Perú al terrorista. Entonces, es una situación muy dura y ha habido situaciones de hostigamiento sexual. Tenemos fotos de situaciones terribles, de exposición de la ropa interior de las mujeres de parte de los guardias de seguridad, una serie de situaciones tremendas, incluso violaciones sexuales directamente.
En el Perú, la Policía Nacional ha hecho pactos, convenios, con las empresas mineras. Las empresas le pagan a la policía una cantidad de dinero, les da rancho, les dan casa, les da un espacio y se hace ese convenio. Le paga también a las comisarías. ¿Qué es lo que hace la policía? La policía se convierte en guardianes de las empresas mineras. Casi todas las empresas mineras del Perú tienen esos convenios que intentan mantener en secreto.
El resultado de esta compra de la policía es que en el Perú tenemos aproximadamente 300 personas asesinadas por uso abusivo de la fuerza desde el año 2004 a la fecha. Trescientos, entre ellas niñas, niños y bebitos también que han muerto por bombas lacrimógenas.
En un día, la Policía Nacional en la ciudad de Juliaca, Puno, mató a 19 personas, de los cuales siete eran menores de edad, uno era un médico que estaba atendiendo a un paciente en la calle. ¿De dónde aprende la policía a hacer eso? De los conflictos mineros.
Entrevista: Juan Alaimes – Nahuel Croza