Por Elisa Corzo | Meses después de la reunión de diputados y diputadas de La Libertad Avanza con condenados por delitos de lesa humanidad presos en la cárcel de Ezeiza, 10 de esos genocidas y otros 9 que no participaron del encuentro pasan a cumplir su condena en “la cárcel VIP de Campo de Mayo”, informó la agrupación H.I.J.O.S Capital.
El traslado –detallaron- fue impulsado por el Director General de Régimen Correccional, Gabriel Esteban Aquino, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich. En Campo de Mayo, de acuerdo a un relevamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los genocidas tendrán acceso a comodidades como canchas de tenis, clases de teatro, talleres de filosofía o stretching.
La medida beneficia a los 19 condenados por delitos de lesa humanidad: los genocidas Alfredo Ignacio Astiz, Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Adolfo Miguel Fonda Tigel, Antonio Pernías, Jorge Carlos Rádice, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Luis Ambrosio Navarro y Rodolfo Oscar Cionchi, condenados en la causa ESMA; Gerardo Jorge Arráez, Miguel Ángel Britos, Juan Carlos Avena y Luis Juan Donocik, condenados en la causa Atlético, Banco y Olimpo (ABO); Lucio César Nast y Mario Alfredo Marcote, condenados en la causa Feced; Julio César Argüello, condenado en la causa Circuito Camps; Marcelo Cinto Courtaux, condenado en la causa Contraofensiva Montonera y padre de uno de los funcionarios más cercanos a Victoria Villarruel: su director general de Relaciones Parlamentarias del Senado, Manuel Cordero Piacentini, condenado en la causa Plan Cóndor; y a Raúl Antonio Guglielminetti, condenado en las causas Escuelita, ABO, Orletti y Coordinación Federal.
Según detalló la periodista especializada Luciana Bertoia, Astiz, Cavallo y Pernías -que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad perpetrados en el Centro Clandestino que funcionó en la Ex ESMA- reclamaron celdas individuales para que no se “agraven” sus condiciones de detención, “lo que implica que ya las tenían, y que les permitan seguir usando Skype para comunicarse con sus familias”, afirma Bertoia.
“El argumento del Servicio Penitenciario Federal es “liberar plazas y redistribuir al resto de la población penal masculina y generar plazas para mujeres detenidas”, apuntaron por su parte desde la agrupación de Derechos Humanos. Sin embargo, “el traslado de los genocidas a Campo de Mayo no es una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a la casi totalidad de las personas detenidas, a excepción de los genocidas”, cuestionaron.
“Volvemos a decir que la situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad. Pero el único lugar para un genocida es la cárcel común. La situación carcelaria demanda una política integral dispuesta a resolver los problemas de fondo como las detenciones indiscriminadas, el abuso de la prisión preventiva y el endurecimiento de las penas para muchos delitos comunes”, expresaron.
En este marco, el colectivo de familiares, sobrevivientes y querellantes rechazó que los genocidas cumplan su condena en Campo de Mayo, a la que describen como un centro de detención “de privilegio”. Asimismo, insistieron en su reclamo histórico para que los genocidas “rompan los pactos de silencio y digan dónde están los miles de cuerpos que siguen desaparecidos y nuestras hermanas y nuestros hermanos que siguen sin conocer su identidad”.