Por Leo Vázquez | Más de cien familiares de genocidas y represores de la dictadura se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pidieron ser aceptados como amicus cuariae para evitar que el Estado argentino reconozca como “crimen de lesa humanidad” la muerte del excapitán Humberto Viola y su hija de 3 años en un operativo del PRT-ERP en 1974.
Por el caso, el 24 de marzo el vocero Manuel Adorni anunció la supuesta firma de un “acuerdo de solución amistosa” entre el Estado y la familia Viola.
Las agrupaciones Historias Desobedientes, Colectivo Ex Hijas y Asamblea Desobediente denunciaron en el organismo internacional que se trata de una maniobra para “detener el actual proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en Argentina” y “justificar el terrorismo de Estado”.
“Esta avanzada, promovida por Milei y Villarruel, reivindica los crímenes cometidos por el Estadio contra el pueblo argentino y justifica el desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”, denuncia la presentación.
“Esta narrativa desoye todas las instancias judiciales del país en democracia”, aclaran.
“Presentamos un rechazo a la reciente petición del Gobierno nacional, a la decisión que tuvieron de declarar delito imprescriptible a la acción de una organización armada. Además denunciamos una maniobra por parte de Milei y Villarruel para menospreciar y detener los juzgamientos de represores”, dice Historias Desobedientes.
En 2016 María Fernanda Viola pidió a la CIDH que exhortara al Estado argentino a considerar con el mismo trato que a las víctimas de la represión estatal los casos de su padre y su hermana. Esa es la petición que el gobierno de Milei estaría aceptando y que los familiares de represores pidieron rechazar.
“Como familiares de genocidas que repudian enfáticamente su accionar, nos oponemos a homologar los actos de los grupos revolucionarios con los perpetrados desde el Estado como plan sistemático de aniquilación. Pretender juzgarlos con la misma vara equivale a convalidar la teoría de los dos demonios con el consecuente retroceso y afectación para nuestra Memoria, Verdad y Justicia”, publicó Asamblea Desobediente.
Historia del presente
La muerte de Viola y su hija se dio en Tucumán en 1974. Con ese hecho como excusa, el gobierno de Isabel Perón y López Rega lanzó allí el Operativo Independencia en 1975 al mando de Antonio Domingo Bussi, una especie de genocidio en democracia con el que bañaron de sangre la provincia. Ricardo Bussi, hijo del genocida, fue candidato a gobernador por La Libertad Avanza en 2023. María Fernanda Viola apareció en el video que el gobierno de Milei y Villarruel lanzó el 24 de marzo del año pasado reclamando “justicia completa”.
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