Redacción Canal Abierto | Luego de tres meses de parálisis, la Justicia argentina avanza en la investigación del escándalo $LIBRA: esta mañana la jueza federal María Servini, a cargo de la causa, solicitó al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores información detallada sobre las cuentas bancarias y operaciones financieras del presidente Milei, su hermana Karina Milei y tres empresarios vinculados al proyecto: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.
La medida, requerida por el fiscal Eduardo Taiano, busca rastrear el patrimonio de los implicados desde 2023 hasta la actualidad, en un intento de esclarecer si hubo irregularidades en el lanzamiento y promoción de la criptomoneda $LIBRA.
El requerimiento surge luego de que todos los implicados –los antes mencionados y otros, como el vocero Manuel Adorni- pegaran el faltazo a una audiencia con los damnificados por la criptoestafa.
El caso “Cryptogate” comenzó el 14 de febrero de este año, cuando Milei publicó un mensaje en su cuenta de X promocionando $LIBRA, un “memecoin” presentado como un proyecto para financiar pequeñas empresas argentinas.
El valor de la criptomoneda se disparó de $0,000001 a $5,20 en 40 minutos, alcanzando una capitalización de mercado de $4.600 millones. Sin embargo, tras la venta masiva de tokens por parte de los fundadores, que controlaban el 70% del suministro, el precio cayó a $0,99, generando pérdidas estimadas en $250 millones para unos 74.000 inversores.
Milei eliminó su publicación horas después, argumentando que desconocía los detalles del proyecto.
La investigación judicial -que también involucra a los empresarios extranjeros Hayden Mark Davis (Kelsier Ventures) y Julian Peh (KIP Protocol)- apunta a determinar si existió una “asociación ilícita” para perpetrar un fraude conocido como “rug pull”, una maniobra en la que se infla artificialmente el valor de un activo para luego venderlo y abandonar el proyecto.
Hasta el momento Taiano ordenó sólo había ordenado medidas como el análisis forense de los sitios web vinculados a $LIBRA y la intervención de la unidad especializada en ciberdelincuencia para rastrear transacciones. Ahora se suma este pedido que, al margen de las consecuencias judiciales, conlleva un fuerte significado político.
Desde el primer día, el Presidente acusó el golpe a su figura tras el escándalo e intentó desligarse del hecho con excusas poco creíbles. Aseguró, entre otras cosas que él no habría “promocionado” sino sólo “difundido” la estafa. En el medio, el caso dejó escenas bochornosas, como la fallida entrevista acordada con el conductor de TN, Jony Viale.
En el plano institucional, también tuvo repercusión, con varios pedidos de juicio político y una comisión investigadora en curso en el Congreso. En este marco, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos respondió a las consultas de los legisladores, aportando más confusión sobre la estrategia de los Milei.
En cualquier caso, el impacto real tiene que ver con la imagen del Presidente, quien de todas formas aún conserva un fuerte respaldo en las encuestas.
En un intento por despegarse y encapsular el escándalo, la Casa Rosada anunció una investigación a cargo de la Oficina Anticorrupción (hoy en manos de Presidencia)
Tanto Taiano como Servini, aunque lentos, parecen ir en busca del interrogante que todos se hicieron y muchos ya conocen la respuesta: ¿fue el presidente víctima de su propia ingenuidad, como él asegura, o parte de una maniobra fraudulenta? No parece probable que las cuentas bancarias del mandatario arrojen luz sobre el asunto. Sin embargo, luego de tres meses de adormecimiento, es un buen síntoma que la causa se empiece a desesperezar.