Redacción Canal Abierto | Javier Milei oficializó, mediante el decreto 341/2025 publicado el 21 de mayo de 2025 en el Boletín Oficial, la decisión de retirar al Estado nacional de la mesa de negociación salarial docente.
De esta manera, la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dejará de participar directamente en las discusiones con los gremios, delegando esta responsabilidad en el Consejo Federal de Educación (CFE) y las provincias.
Históricamente, la paritaria nacional docente, establecida por la Ley de Financiamiento Educativo (26.075), involucraba al Ministerio de Educación, el CFE –integrado por los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones– y los gremios docentes con representación nacional, como CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA.
Este mecanismo tripartito fijaba un convenio marco que incluía pautas generales sobre condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente, sirviendo como referencia para las negociaciones provinciales
Sin embargo, el Ejecutivo se reservó el poder de veto para rechazar cualquier acuerdo que supere los límites presupuestarios establecidos por el plan económico. En otras palabras, extendió al rubro el cepo que desde hace más de un año viene imponiendo la Casa Rosada, un ancla inflacionaria que vienen perjudicando a la gran mayoría trabajadora.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) calificó la medida como un nuevo paso en el “desmantelamiento de la educación pública” y anunció una Jornada Nacional de Lucha para el 22 de mayo, que incluye un cese de actividades y una movilización al Ministerio de Economía. Entre los reclamos, destacan la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno, y la urgente convocatoria a una paritaria nacional que contemple mejoras salariales significativas.
La decisión se enmarca en un clima de creciente conflictividad con el sector, cuyos hitos fueron las dos masivas marchas docentes de 2024 y la escandalosa sesión -con represión incluida- cuando el Congreso sostuvo el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.
En un contexto de inflación persistente y pérdida de poder adquisitivo, la ausencia de una mesa de negociación nacional podría agravar los conflictos laborales y comprometer el inicio del ciclo lectivo en varias provincias.
Si bien desde La Libertad Avanza defienden la medida como un paso más en el proceso de “desregulación y reducción de la intervención estatal”, la decisión de arrogarse el poder de veto o el cepo aplicado a otras paritarias –como sucedió la semana pasada con los trabajadores de comercio- demuestran que en Argentina priman las leyes del libre mercado, pero hasta ahí…