Por Elisa Corzo | Tras más de una semana con medidas de fuerza, hoy los gremios metalúrgicos junto a la CGT y trabajadores provinciales nucleados en la CTA realizan una huelga total en Tierra del Fuego. Las protestas son en rechazo a la reducción y eliminación de aranceles a celulares y productos electrónicos, confirmadas esta semana y que habían sido anunciadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en plena campaña porteña diciendo que la protección industrial en la isla era “un privilegio”.
En un documento conjunto, los gremios fueguinos le exigieron al Gobierno que dé marcha atrás “con todas las medidas que atentan contra la industria, los puestos laborales y la dignidad de miles de familias de nuestra provincia”.
En Tierra del Fuego -en el marco de un régimen de promoción industrial instaurado desde 1972- se produce el 93% de la demanda nacional de celulares, televisores y acondicionadores de aire, lo que no solo genera miles de puestos de trabajo tanto directos como indirectos, sino que garantiza la posibilidad de habitar la isla: si hoy cuenta con 100.000 habitantes en los 70 no superaba los 7.000.
En diálogo con Canal Abierto, el titular de la UOM local, Oscar Martínez destacó la solidaridad de toda la población fueguina, pero dijo que había preocupación por la actitud del sector patronal, “que no se ha expresado”. “En principio salieron a decir de los despidos y después pareciera ser que no quieren confrontar con el Gobierno”, cuestionó.
No obstante, “nosotros sí estamos decididos a defender los puestos de trabajo, la industria nacional y el derecho a seguir viviendo acá. Estamos en una situación cada vez más compleja y difícil pero no vamos a dejar de luchar hasta no encontrar una respuesta definitiva a nuestra legítima demanda”.
Lo que está en riesgo, subrayó, “es la soberanía y que podamos seguir habitando la provincia de Tierra del Fuego, atento al perjuicio que significa la pérdida de puestos de trabajo y que la medida no nos genera ningún tipo de alternativa”, planteó.
El gobernador Gustavo Melella, otro de los que viene confrontando fuerte con la gestión libertaria y que denunció que la quita de aranceles era un pedido del FMI para habilitar el nuevo préstamo, convocó a una reunión entre trabajadores y empresarios para mañana, con el objetivo de firmar un acuerdo que garantice la continuidad de los puestos de trabajo.
“La industria no es un privilegio: es un derecho conquistado que sostiene a miles de familias. Y cada puesto de trabajo que se pierde es un fueguino o fueguina que ve amenazado su presente y su futuro”, afirmó en sus redes sociales.
¿Qué dicen los decretos?
La huelga general ocurre en la misma semana en la que se oficializaron las medidas de apertura comercial. Mediante el decreto 333/25, el lunes el Gobierno dispuso la rebaja de los aranceles a la importación de celulares, del 16 al 8%, y su eliminación total a partir del año que viene, así como una reducción del 35 al 20% para consolas de videojuegos.
La norma también prevé una rebaja de impuestos internos a los celulares, aires acondicionados, televisores y monitores, del 19% al 9,5%. Para productos fabricados en Tierra del Fuego, la tasa se reduce del 9,5% al 0%, siempre que se acredite su origen en el Área Aduanera Especial creada por la Ley N° 19.640.
Para el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF-CTERA), que ayer publicó un documento con un análisis crítico de la medida, esta constituye “una sentencia de muerte” para la industria local.
“Este modelo no viene a bajar precios”, indicaron en relación a la justificación usada por el Gobierno al anunciar la medida, “viene a bajar salarios, reducir el empleo industrial y convertirnos en consumidores pasivos, sin soberanía tecnológica, sin valor agregado, sin capacidad de decidir nuestro destino”, indicaron.
Ese argumento también fue rechazado por la senadora fueguina, María Eugenia Duré, quien días atrás recordó que durante el Gobierno de Mauricio Macri, con la misma promesa, se aprobó la rebaja de aranceles para notebooks importadas (decreto 117/17), algo que nunca se tradujo en la baja de precios locales.
Desde el SUTEF también analizaron el decreto 334/25, publicado inmediatamente después del anterior y que prevé la creación de un “supuesto régimen simplificado de ventas desde Tierra del Fuego”. “Es una burla disfrazada de compensación”, advirtieron.
“No es más que una migaja para justificar el ajuste. Tres unidades por persona al año, con tope de USD 3.000, y solo si es para consumo personal: eso no sostiene fábricas, no garantiza empleo, no construye futuro. Es marketing político para encubrir un desguace productivo”, analizaron.
En esa línea, los trabajadores de la educación defendieron la importancia del régimen de promoción industrial creado por la ley 19.640. “No es un privilegio: es una herramienta estratégica para garantizar arraigo, producción y presencia nacional en el sur”, y “la están demoliendo sin debate, sin ley, sin Congreso”, denunciaron.
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