Por Elisa Corzo | Como con cada hecho de violencia perpetrado por personas con problemáticas de salud mental, el crimen de la familia en Villa Crespo ocurrido la semana pasada reactivó los cuestionamientos a la Ley nacional 26.657, sancionada en 2010 con el objetivo de abandonar la lógica del manicomio que por décadas sometió a las personas con estos padecimientos al encierro de por vida. Muchas veces, para resolver situaciones de falta de vivienda o pobreza más que por criterio médico, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.
En ese sentido, y al igual que con el caso de Chano Charpentier o del hombre que asesinó a un policía en la puerta del MALBA en 2021, el de Laura Leguizamón y su familia puso nuevamente en tela de juicio el concepto de “internación voluntaria” que plantea la normativa.
Para Hortencia Cáceres, jefa de la guardia interdisciplinaria en Salud Mental y excoordinadora del dispositivo de consultorios externos del Hospital Nacional en Red “Laura Bonaparte”, ese tipo de críticas que surgen de forma reiterada tienen que ver con una interpretación confusa de las modalidades de internación, o incluso, con un desconocimiento del texto de la ley.
Por un lado, la internación voluntaria no se da porque alguien se presente en un Hospital y diga “hola, me quiero internar”, aclara en comunicación con Canal Abierto. La medida requiere de la evaluación y aprobación de dos profesionales (uno de ellos psicólogo o psiquiatra), además del consentimiento del paciente. Esto, “siempre y cuando esté en estado de lucidez para poder dar su consentimiento, acuerde con la estrategia terapéutica y no haya riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, subraya.
Esta modalidad de internación no anula la existencia de las de tipo involuntarias, que están previstas en el artículo 20 de la ley “como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios”, y para cuando a criterio del equipo de salud “mediare situación de riesgo cierto e inminente, para sí o para terceros”.
“Ahí la voluntariedad no se tiene en cuenta y lo que prima es el criterio clínico del equipo interdisciplinario, que tiene que ver con la existencia de un riesgo cierto e inminente, para sí o para terceros”, destaca Cáceres. En estos casos, precisa, lo que se hace es privar de la libertad a la persona, informar al órgano de revisión y elevarlo al juzgado civil correspondiente.
Para hacer la evaluación de riesgos también se tiene en cuenta el entorno familiar de la persona y las posibilidades de contención, explica la especialista. De ahí la importancia de la interdisciplina y de la participación en el equipo de profesionales de otros campos como el Trabajo Social, apunta.
“La ley, como toda ley, tiene cosas para mejorar y, sobre todo, tiene cosas para para implementarse, porque hay un montón de disposiciones que después de tantos años aún no se han implementado. Sin embargo, sí tiene cosas muy claras y el manejo en la urgencia es algo que está clarísimo”, destaca la médica psiquiatra del servicio de Guardia del Bonaparte.
La salud mental es cara
En paralelo, Cáceres asegura que hoy el principal problema de la atención en salud mental tiene que ver con el ajuste que viene aplicando el Gobierno. En efecto, el hospital Laura Bonaparte, el único nacional especializado en Salud Mental y Adicciones, viene siendo blanco sistemático de la motosierra de Javier Milei, con un intento de cierre en octubre de 2023 y 200 despidos en enero de este año.
“Eso realmente impacta en la calidad de atención de nuestros usuarios que asisten al Hospital, porque con lo poco que tenemos hay que volver a reubicar. Entonces, eso va a repercutir no solamente en cómo se atiende, sino también en la cantidad de recursos. Si antes podíamos dar más turnos, hoy estamos un poco más restringidos. Somos cada vez menos y eso repercute en el tiempo de atención, y todo se termina haciendo un poco más a pulmón”, cuenta.
“Es importante entender que la salud mental, pública y de calidad es tan importante porque la salud mental es cara. A veces la gente no dimensiona que padecer una una patología en salud mental, hoy por hoy, en el mundo entero es muy caro, y Argentina no está exento de eso. Las medicaciones psicofarmacológicas son muy caras, especialmente los antipsicóticos. Las terapias son caras. Y realmente las personas que no tienen recursos necesitan de los hospitales públicos para poder sostener los tratamientos, que a veces son de por vida”. “Todo esto -lamenta- no se tiene en cuenta a la hora de poner en marcha las políticas públicas de Salud Mental”.
¿A dónde acudir?
Ante cualquier tipo de emergencia en salud mental o situaciones “que salgan de los cánones de normalidad en el funcionamiento familiar, vincular o de pareja”, la recomendación es evitar la automedicación y acudir a un centro de salud donde poder consultar con profesionales.
El Hospital Laura Bonaparte, especializado en Salud Mental y Adicciones, tiene una línea gratuita las 24 horas que recibe consultas de todo el país: 0800-999-0091 (Línea telefónica Nacional y Gratuita de Salud Mental).
También se puede acudir personalmente (en Combate de los Pozos 2133, CABA), sin turno previo, los lunes de 9 a 19 hs. y de martes a viernes de 8 a 20 hs. La Guardia está abierta las 24 horas, todos los días. Y en este link, los contactos para solicitar turno.